Asamblea Nacional cierra el primer debate del proyecto de ley de comunicación

La Asamblea Nacional, este 11 de enero, cerró el primer debate del proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de comunicación, en medio de cuestionamientos sobre si es una nueva ley o una reforma a la norma vigente.

Este proyecto recoge varias iniciativas tanto del Ejecutivo como de legisladores que llevaron a la Comisión de Relaciones Internacionales a construir un nuevo texto.

Ley de Comunicación es casi inaplicable por la falta de su reglamento

La legisladora Marjorie Chávez (PSC), ponente del proyecto, dijo que el proyecto permitirá el cambio de aquel modelo que privilegiaba la censura y autocensura, que privilegiaba el silencio por un modelo de responsabilidad ulterior en el que la tónica sea el respeto por el libre pensamiento y la permanente búsqueda por la verdad.

Precisó que es necesaria una nueva ley, y no solo una reforma, pues en el Ecuador no existen parámetros para establecer hasta donde podría reformarse una ley; sin embargo, la técnica legislativa prevé que cuando la modificación busca cambiar sustancialmente el contenido y alcance de la Ley, cuando busca instituir un nuevo fundamento que motive el cuerpo normativo, es necesario construir una nueva ley.

Indicó que se plantea sustituir un modelo de censura directa e indirecta enarbolado a través de un diseño institucional que privilegiaba el control y la sanción de los contenidos comunicacionales, las opiniones de los trabajadores de la comunicación, con otro de responsabilidad ulterior que privilegie la libre circulación de información y la manifestación plural de opiniones.

El modelo de responsabilidad ulterior, en debate, fija responsabilidades civiles y penales para quienes difundan un mensaje prohibido y lesivo, pero al contrario del modelo vigente promueve la emisión y divulgación responsable del mensaje y no el silencio por miedo a repercusiones.

Chávez destacó que el proyecto no contempla la posibilidad de que la honra de los ciudadanos se vea afectada, sino que la protege, sobre todo de discursos que afecten a la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

La legisladora Marcela Holguín, de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), planteó diez puntos que deben ser tomados en cuenta, entre ellos, considerar que sea una reforma, que no se divida la ley, porque crearía inseguridad jurídica, dejando sin cobertura legal otros derechos y garantías que sí se contemplan en la ley vigente, pues advirtió que se pretende sacar de la ley el tema de las frecuencias.

Expresó que es el momento de pasar del modelo actual sancionatorio a uno de capacitación y mediación, pues hay que entender que las sanciones económicas a los medios no garantiza la calidad de los contenidos, mientras que los procesos de capacitación son más eficientes; y las controversias que se presenten puedan resolverse a través de procesos de mediación.

Que la legislatura debe enfocarse en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de comunicación, mejorar sus tablas salariales, garantizar su seguridad, exigir el pago puntual, y determinar un impedimento a participar en concursos de frecuencias a aquellos medios que no cumplen con las obligaciones salariales.

Que el Consejo de Regulación no puede ser eliminado tomando en cuenta que en mayo del 2011, por consulta popular, se determinó su existencia como un organismo que regule la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios.

La legisladora Johanna Moreira (ID) destacó que en el proyecto remitido por el Ejecutivo sobre comunicación se olvidó de recoger el mandato popular del 2011, respecto a la existencia del consejo de regulación.

Para el legislador socialcristiano Luis Almeida, con el proyecto en debate se está retrocediendo, pues no se toman en cuenta una serie de cosas que piden los 1.400 radiodifusores del país, por lo que planteó que esa propuesta debe ser incluida en el segundo debate.

Martha Roldós, del portal Mil Hojas, advirtió que las preocupaciones para quienes hacen periodismo pasan por el tema de la capacidad crítica de hacer su trabajo, pues el artículo 20 del proyecto en debate evitaría que cualquier medio de comunicación se pronuncie sobre el tema de cómo va un proceso judicial.

Planteó eliminar las restricciones de lo que significa una noticia verificable o verdadera, quién va a determinar este tipo de cosas.

El representante de Fundamedios, César Ricaurte, planteó algunas observaciones al proyecto en debate respecto a la inclusión en el texto de condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad, que no son compatibles con el derecho a la libertad de expresión, según los estándares internacionales.

Indicó que el monitoreo sobre la situación de la prensa en el Ecuador da cuenta de 3.045 agresiones en los últimos 14 años, y que en el último año se acrecienta la amenaza a los periodistas por parte del crimen organizado. (I)