La inclusión en el orden del día de una resolución para que el expediente del juicio político a la exministra de Gobierno María Paula Romo sea remitido a la Fiscalía del Estado fue la ventana para que el pleno de la Asamblea Nacional abra el debate sobre el paro nacional y censure la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

Pocos minutos dedicó la sala a la resolución planteada por el legislador de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Juan Lloret, aprobada con 107 votos, para asegurarse de que el expediente del juicio político a Romo pase a conocimiento de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se efectúen los controles correspondientes.

La mayor parte del debate matutino giró alrededor de la detención de Iza; y todos los sectores políticos, exceptuando el oficialista, censuraron las circunstancias en que se registró la aprehensión del dirigente indígena la madrugada del 14 de junio, y expresaron solidaridad con los movilizados.

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Desde el sector del correísmo intervinieron los legisladores Juan Lloret, Blasco Luna, Ricardo Ulcuango, Viviana Veloz y Jhajaira Urresta. Todos condenaron y calificaron de ilegal y arbitraria la detención de Iza.

Lloret dijo que preocupa que hayan transcurrido diez horas y no se haya legalizado la calidad en que está detenido el dirigente, y que no se puede dejar de condenar ese atropello. “De manera errónea se echa gasolina a un incendio provocado por el propio Gobierno nacional”, alertó.

Ulcuango afirmó que el Gobierno sin mayor respeto a los derechos detuvo a Leonidas Iza, lo cual es autoritario, por lo que exigió su inmediata libertad. También conminó a atender los planteamientos de los distintos sectores, pero que no aceptan la detención arbitraria de un dirigente indígena que lo único que busca es medir fuerzas.

Desde la bancada de Pachakutik los legisladores Mario Ruiz, Dina Farinango, José Chimbo, Mireya Pazmiño y Ricardo Vanegas salieron también a rechazar la detención del dirigente.

Ruiz comentó que el Gobierno, utilizando la fuerza y desechando la posibilidad del diálogo, pretende reprimir, amedrentar y perseguir a los dirigentes sociales, y anunció que en esta semana serán llamados a comparecer los ministros de Gobierno y del Interior, y también el comandante general de la Policía Nacional.

Vanegas concluyó en que, según los videos que circularon en redes sociales, Leonidas Iza fue detenido sin una orden judicial y que no se puede hablar de un delito flagrante porque debieron cumplirse ciertos elementos, como la persecución o la huida en el momento que se comete un hecho delictivo, y que eso no ocurrió.

Dijo que de manera arbitraria y equivocada se sostiene que el dirigente de la Conaie adecúa su conducta al delito de rebelión, que el artículo 346 del COIP señala cuáles son los elementos de tipo para que haya ese delito. “Y que nosotros sepamos no existe por parte del compañero Iza ninguna intención de derrocar al gobierno del presidente Guillermo Lasso, no hay tampoco al momento de la detención armas o un grupo armado que esté dirigiéndose para derrocar al Gobierno”.

También el socialcristiano Luis Almeida manifestó que en el caso de la detención de Leonidas Iza, no hay flagrancia por ningún lado, “están exagerando la nota y lo peor es que están utilizando a cierto grupo de la Policía en este horrible acto”.

Presentó su solidaridad con Iza, por la arbitrariedad en la forma en que lo han detenido, lo cual no es legal, tampoco político y eso es salvaje, anotó. “He visto todos los videos que se pasan en las redes sociales y la flagrancia no la veo por ningún lado, peor aún la autoría intelectual; entonces, si hay jueces que se someten a esto que también se atengan a las consecuencias legales y legítimas del Parlamento ecuatoriano”, subrayó.

Marlon Cadena intervino para señalar que la Izquierda Democrática exhorta al Gobierno nacional para que se instale un diálogo en donde se dejen de lado las bombas lacrimógenas y el tolete, donde se depongan actitudes. Se entable una mesa franca donde el Gobierno acepte el clamor del pueblo ecuatoriano.

Delito de rebelión

Los legisladores de Gobierno Nathalie Arias y Guido Chiriboga refutaron los criterios de los asambleístas que condenaron la forma en que fue detenido el principal de la Conaie.

Arias dijo que los daños ocasionados en el primer día del paro nacional se cuentan por decenas, porque no solo se está hablando de daños a patrulleros, sino también de invasión a productoras agrícolas, roturas de parabrisas a vehículos particulares, ataque a instalaciones de bombeo de petróleo, el corte de agua a varias comunidades, más el cierre y daños graves a las vías del país. Todo esto nada tiene que ver con el derecho a la protesta, afirmó.

Que tuvieron que tomar una acción amparados en la Constitución y la ley, donde el derecho al trabajo y a la libre circulación fueron vulnerados. Que siempre se conoció el paradero del señor Iza, y además que fue detenido leyéndole sus derechos como corresponde.

Manifestó que quienes deben comparecer, no ante la Asamblea Nacional sino ante la justicia, son los que están financiando los desmanes de los que Ecuador ha sido víctima.

Chiriboga sostuvo que quemar carros no es protesta social, sino un delito, así como irrumpir en florícolas, secuestrar fiscales y cerrar vías.

Ante el pleno aseguró que Leonidas Iza fue aprehendido en flagrancia en la comisión de al menos dos delitos: el de rebelión, contemplado en el art. 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y el de paralización de servicios públicos, en el artículo 346 del mismo Código, por autoría directa, aparte de la autoría intelectual al insistir y hacer llamados a interrumpir vías y paralizar el país.

Como evidencia, Chiriboga comentó que el dirigente Iza bloqueó la carretera E35 cerca de Pastocalle, en Cotopaxi; que en dicho lugar dio instrucciones para el bloqueo de carreteras y servicios públicos a lo largo del país, con una finalidad ulterior de derrocar incluso al Gobierno.

Insistió en que al dirigente indígena, en su detención y en el lugar de los hechos, se le leyeron sus derechos en quichua y en español. (I)