La Asamblea Nacional se enreda en el trámite, en segundo debate, del proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza, cuya principal preocupación al término del debate fue la acción policial en la protesta social.

El trámite de este proyecto surgió como una respuesta legislativa al problema de inseguridad, para que se garantice la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas frente a la ola de delincuencia y los amotinamientos en las cárceles. Pero, a puertas de su aprobación, el debate tuvo un giro respecto a la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones o protestas sociales.

El uso legítimo y excepcional de la fuerza en la protesta social activa alarmas en la Asamblea Nacional

Frente a ello, la bancada de Pachakutik, incluidos los legisladores autodenominados “rebeldes”, condicionó su aprobación a la eliminación de los artículos 23, 24 y 25 del proyecto, que se refieren a la acción policial en las protestas pacíficas.

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La norma en general prohíbe el uso de armas letales e incluso balas de goma durante manifestaciones, excepto cuando haya amenaza a la vida.

En el artículo 23, que trata sobre la gestión de las reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas y uso legítimo de la fuerza, se incluye el texto donde se permiten de manera excepcional mecanismos de dispersión con el único propósito de evitar una amenaza o peligro grave para la vida o la integridad física de las personas, y cuando no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger estos derechos.

El artículo 24 se refiere a los parámetros sobre los estándares mínimos en contextos de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. En cambio, el artículo 25 del proyecto se refiere al uso excepcional de la fuerza en la protesta social por parte de la Policía, con el propósito de proteger la vida y evitar graves afectaciones a la integridad física o bienes de las personas participantes o no participantes en una reunión, manifestación o protesta social.

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La legisladora del PSC Elina Narváez señaló que la ley debería contener la crisis de seguridad, y que debe estar acompañada de un plan integral coordinado con municipios, sociedad civil y con el sistema de justicia; asimismo, debe estar adecuadamente financiada y contar con la decisión política del Ejecutivo. Los policías y militares deben actuar con fortaleza y seguridad en contra del crimen, dijo.

El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, planteó que de la ley se separe todo lo relacionado con la participación de la fuerza pública en la protesta social, y que se apruebe todo el resto del documento. Como segunda alternativa planteó que el proyecto regrese a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral para que en ocho días recoja las observaciones y presente un texto final.

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El presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez (ID), dijo que no se pueden separar los artículos sugeridos por Pachakutik sobre la participación de la Policía en la protesta social, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional que dictamina que debe ser un solo cuerpo legal; y aclaró que actualmente la protesta social es considerada como un problema de orden público, por lo que tiene que ser controlada por la Policía para restablecer la paz pública.

Con la propuesta en debate afirmó que la protesta no será un problema de orden público, sino un derecho protegido por la Policía Nacional, y que la protesta social se considera un acto lícito. A las 16:35, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, suspendió el tratamiento del proyecto hasta esperar la redacción de las mociones para someterlas a votación en el pleno. (I)