Aprobación de las 268 amnistías fue condicionada por el correísmo a la inclusión de Pabón y Hernández

Ninguno de los cinco grupos políticos que reunieron 99 votos para dar paso a las 268 amnistías admiten que hubo un acuerdo, sino una suerte de coincidencia en el discurso de que sus votos iban a contribuir a la paz y a la unidad del país, y además que disiparían las amenazas contra Guadalupe Llori, en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional.

En la jornada legislativa del 9 y 10 de marzo se tomaron cuatro decisiones en el pleno, cuya votación fue dispersa: con la primera se bloqueó la conformación de una comisión para evaluar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) presidido por Guadalupe Llori; se resolvió que el trámite de los proyectos derogatorios a la ley tributaria deben seguir su trámite ordinario; se tramitó en primer debate las reformas a la Ley de Educación relacionadas con los nuevos salarios; y, se concedieron las 268 amnistías.

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En el bloqueo para evaluar a Llori le faltó un voto a UNES, PSC y Pachakutik del ala rebelde; en cambio, en la decisión de tramitar por la vía ordinaria los proyectos que buscan derogar la ley tributaria el sector del Gobierno, representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), se quedó solo.

Pero el tema que mayor atención causó fue la concesión de 268 amnistías en la madrugada de 10 de marzo, donde hubo coincidencias muy peculiares. A los correístas representados en la bancada Unión por la Esperanza (UNES) se unieron Pachakutik, siete legisladores de la Izquierda Democrática, 13 asambleístas de la Bancada Acuerdo Nacional y seis independientes.

Los correístas, según el legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE), condicionaron su voto a las amnistías si el informe no se votaba en paquete que incluyó la amnistía a favor de la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y al parlamentario andino Virgilio Hernández.

No hubo un acuerdo, sino una suerte de coincidencia de quienes estaban a favor de las amnistías para los luchadores populares, los defensores del agua, la naturaleza por ejercer el derecho a la protesta social; pero que desde la comisión de Garantías Constitucionales y desde el correísmo los arrinconaron, porque condicionaron que no se puede discriminar el voto, sino que todo debía ir empaquetado. “Si no les incluían a los tres correístas, en un solo grupo, no había amnistía para nadie”, puntualizó.

Dijo que el 10 de marzo estuvo en juego la propia estabilidad de la Asamblea Nacional, y sectores como el correísmo supieron aprovechar de esa coyuntura y esa fragilidad. Pese a ello, añadió Villavicencio, espera que se entienda la señal que envió la Asamblea Nacional de que cese la conspiración, que entiendan que hay una voluntad de armonía, incluso más allá de la ley y la constitución.

Sostuvo que es necesario bajar las armas de la conspiración y que ahora “no tienen ninguna excusa el señor Leonidas Iza, Jaime Vargas, la señora Paola Pabón para seguir conspirando en contra del Estado de derecho”, subrayó.

Pero también reveló que el sector del Gobierno a través de la legisladora Ana Belén Cordero (BAN) iba a presentar la moción para que el informe retorne a la comisión y se introduzcan cambios en que se recomendaba que se eliminen todos los casos que ya fueron archivados en la justicia y los temas de juicios privados; la redactó pero nunca la presentó.

Cordero confirmó que tenía lista la moción, sin embargo, ya se sabía que tenían los votos para aprobar las amnistías, por lo que era innecesario. Tenía tres puntos que planteaban que el informe regrese a la comisión para que se aclare cuándo proceden las amnistías por personas y delitos; que se incluya a todas las fuerzas policiales, militares y de seguridad que tienen procesos judiciales pendientes; y, recomendar a la Unidad Técnica Legislativa que junto a la Defensoría del Pública elabore el reglamento para la aplicación de amnistías.

Desde el sector correísta, Pabel Muñoz afirmó que no hubo acuerdos para las amnistías sino razonamientos y que tuvieron más votos de los que esperaban. Lo que prevalecieron fueron las voces de bloques legislativos importantes, de unidad nacional y reconciliación social. Eso no le hace nada mal al país, sino al contrario que haya discursos que tiendan hacia la unidad del país.

Desde el lado de la Bancada Acuerdo Nacional, según Muñoz, hubo una especie de liberación del voto partidario y un razonamiento acertado de 99 asambleístas que no le dieron la espalda, sino más bien decidieron enfrentar discursos y debates de reconciliación.

Muñoz considera que la decisión de la Asamblea frente a las amnistías está tomada, y que le parece irresponsable anunciar que irán por una acción de inconstitucionalidad.

El legislador Xavier Santos de la Izquierda Democrática reveló que en la noche del 10 de marzo se sabía que UNES tenía un entendimiento con Pachakutik, y que la votación de los siete legisladores de la bancada a favor de las 268 respondieron al acuerdo que mantienen con Pachakutik desde mayo de 2021, que incluía las amnistías.

El jefe de la bancada de la ID, Marlon Cadena, anunció que el partido analiza la conducta de los siete legisladores de su bloque que votaron por las amnistías, porque la posición era clara de no votar en paquete, sino caso por caso. Aclaró que la ID siempre estuvo a favor de las amnistías, pero no de la forma de votación.

La legisladora Mireya Pazmiño, del grupo de los rebeldes de Pachakutik, dijo que no hubo acuerdos bajo la mesa para aprobar las amnistías, que las presiones vinieron de las mismas provincias donde pertenecen las personas amnistiadas.

En cambio, el asambleísta César Rohón (antes PSC), consideró que la Asamblea Nacional violentó la ley y la constitución al dar una amnistía cuando perfectamente se prohíbe otorgarla para delitos comunes como el secuestro, y que lo mejor que le puede pasar al Ecuador es que se cierre la Asamblea, puntualizó. (I)