En medio del encerrón mundial por la pandemia de la COVID-19, Nilsen Arias Sandoval, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador que estaba radicado en Europa, sostuvo una conferencia telefónica de negocios. Era el 28 de abril de 2020. Tenía a mano una hoja de cálculo que le había llegado por la aplicación Viber, con montos pagados y adeudados.

Debía analizar ciertos atrasos y verificar lo depositado en sus compañías con sede en Singapur, Portugal, Panamá y otra de diseño de interiores cuyo domicilio aún se desconoce. En la conversación confirmó dos pagos “de 85 y 92″. Se refería a $177 mil que había recibido entre diciembre de 2018 y enero de 2019 en Singapur. Al final, se calculó el saldo a su favor: $ 1′257.138,96. Arias exclamó “¡Esto me hace muy feliz!”.

Lo que no sabía Arias era que su conversación estaba siendo grabada. Sus interlocutores, desde Miami, eran los hermanos Antonio y Enrique Peré Ycaza que para entonces ya colaboraban con la justicia de Estados Unidos y se habían comprometido a declararse culpables, lo que sucedería meses después, el 7 de octubre de 2020.

El diálogo consta en la acusación inicial contra Arias en ese país porque según los fiscales y el FBI (Oficina de Investigación Federal), el trío conversaba sobre sobornos pagados por los hermanos al funcionario, a lo largo de varios años, para beneficiarse de los negocios de Petroecuador.

Arias no fue la única persona a la que grabaron. Antonio Peré era el articulador de esquemas de compra de crudo y derivados que Petroecuador adjudicaba a empresas estatales sin concurso, pero el producto iba en realidad a multinacionales privadas que pagaban los sobornos. La petrolera ecuatoriana vendía anticipadamente el crudo a lo largo de varios años para conseguir que le dieran préstamos y financiar así el presupuesto del Estado. La primera operación de este tipo se realizó en 2009 con Petrochina a cambio de $ 1.000 millones comprometiendo embarques para un año y con una tasa de interés de 9 %. Esta es una investigación de EL UNIVERSO y Connectas.

Arias Sandoval no podía desconfiar de Antonio Peré, quien a veces cariñosamente le decía “mi gordo”, pues los unía una amistad de más de una década y pagos de comisiones durante muchos años más.

Precisamente Gordo fue el apodo citado por los fiscales en la acusación contra el mexicano Javier Aguilar, empleado de Vitol Inc, que también pagó sobornos. Esta empresa se benefició de una compra de fuel oil a Petroecuador, aunque el contrato fue adjudicado sin concurso a la estatal Oman International Trading (OIT). Vitol llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, mientras que Aguilar se ha declarado inocente.

En su expediente constan grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas por los Peré en febrero de 2020, así como un video de una reunión en un restaurante en Houston, un mes después.

Según los fiscales estadounidenses, Aguilar y Enrique Peré se pusieron de acuerdo en 2016 para hacer que el Gordo recibiera la propuesta de OIT. Estas relaciones se cultivaron desde un año antes. Para “facilitar oportunidades de negocios”, Arias presentó a Antonio Peré a otro funcionario ecuatoriano. Luego este puso en contacto a Peré con Aguilar.

Quito. El entonces subsecretario Xavier Rodríguez Rodríguez dio una conferencia en la Universidad Central del Ecuador, en octubre de 2017. Foto: Ministerio de Minas y Energía. Foto: Foto: Ministerio de Minas y Energía.

Los fiscales aseguraron que ese funcionario es “X. Rodríguez”, sobre quien poseen videos grabados en un cajero automático del Bank of America. Citaron su nombre entre las pruebas sobre “pagos en efectivo”, en un escrito presentado el pasado 3 de octubre. En su descripción señalaron “ciudadano ecuatoriano que ocupó varios cargos en el Ministerio de Hidrocarburos de Ecuador, aproximadamente entre 2013 y 2016″.

Para poder determinar quién era “X. Rodríguez”, en esta investigación se revisaron las nóminas del Ministerio de Hidrocarburos en las fechas señaladas y se encontró que la descripción coincidía con Xavier Rodríguez Rodríguez.

El exfuncionario es un quiteño de 54 años que ocupó varios altos cargos entre 2010 y 2020 en varias instituciones públicas ligadas al área energética.

Entró en 2010 al ministerio, que ha cambiado de nombre y se ha fusionado con otros. Cambiaban los ministros, pero él se mantenía. Así fue asesor del ministro Wilson Pástor Morris y luego pasó a Petroecuador como coordinador. Regresó al ministerio para ser subsecretario de los ministros Pedro Merizalde Pavón, Carlos Pareja Yannuzzelli, José Icaza Romero y Carlos Pérez García. En septiembre de 2018 abandonó la cartera para convertirse en asesor de la gerencia de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), hasta diciembre de 2018. Finalmente, en diciembre de 2019 regresó al ministerio con José Agusto Briones, pero se quedó solo un mes.

Rodríguez no contestó un correo electrónico enviado hace una semana pidiéndole una entrevista sobre este tema.

En su estrategia de colaboración, Antonio Peré y su hermano también grabaron a Raymond Kohut, exempleado de la comercializadora Gunvor S. A. entre 2009 y 2019, que ya se declaró culpable. El canadiense vivía en Bahamas y tenía empresas en Panamá y Ecuador. Sus problemas comenzaron cuando el departamento de cumplimiento de la multinacional suiza quiso conocer el detalle de sus negocios.

El 6 de febrero de 2020, el mismo día que grabaron a Aguilar y se encontraban en el estado de Nueva York, los Peré también grabaron un diálogo con Kohut. Antonio Peré le dijo que Gunvor “no debería decir que no sabe que alguien de Petro ha sido pagado ¡Oh Dios!”. A lo que Kohut le respondió “¡Por supuesto! No, no, no. Lo sé”.

Casi dos semanas después grabaron una reunión con el canadiense en Coral Gables (Florida). Kohut les contó que cuando consultó con su supervisor en Gunvor sobre los pagos a un funcionario de Petroecuador, este le habría dicho: “No sé ni quiero saber”. Las grabaciones constan en el expediente de Kohut. Solo por este esquema, aseguraron los fiscales, los Peré recibieron $ 70 millones, de los cuales $ 22 se destinaron para sobornos.

EL UNIVERSO y Connectas pidieron una entrevista con Antonio Peré o con su abogado, quien respondió: “respetuosamente declinamos la invitación”. No se pudo contactar a Enrique Peré, pues no ha designado abogado para su caso.

No se sabe si existen otras grabaciones. El proceso contra Antonio Peré no ha avanzado. El juez escuchó su declaración de culpabilidad por videoconferencia desde Miami. Lo único en firme es una orden de decomiso por $ 45,8 millones. En el caso de su hermano Enrique, es de $ 2,3 millones. En sus acusaciones se revelaron cuatro esquemas de sobornos y lavado de dinero en los que participaron los hermanos, en tanto que Arias Saldoval actuó en otros dos más.

Un astuto simpático

“Vive como millonario en Miami”, es la frase que muchos dicen sobre Antonio Peré, y algunos añaden que se dedicaba a negocios petroleros. Alto, rubio, de ojos café claros, el guayaquileño es recordado porque es muy simpático, querendón y dicharachero.

“Cuando estás con él socialmente, todos alrededor se matan de la risa, de sus ocurrencias, es más rápido que un jet. Un tipo tranquilo, buena gente. Nunca se lo vio en peleas de puñetes”, evoca alguien que lo conoce.

Proviene de una familia de origen español. Su padre, Luis Peré Cabanas, y sus tíos han tenido varios negocios, desde la embotelladora de la cola Fioravanti, que luego pasó a la CocaCola, hasta camaroneras, inmobiliarias y una fábrica de maquinarias. Luis Peré era presidente del directorio de Filanbanco.

“Sus padres tenían dinero, pero no eran ostentosos”, asegura una amiga de la familia que también recuerda que eran miembros del Club de la Unión.

Nacido en 1964, el tercero de cuatro hermanos, Antonio Peré creció en el tradicional barrio de Urdesa en una casa amplia con piscina. Los tres varones Peré Ycaza (a veces lo escriben con I) estudiaron en el colegio Javier, de la orden de los jesuitas, aunque no todos se graduaron ahí. Enrique Peré culminaría sus estudios en el Urdesa School.

Compañeros de Enrique no pueden olvidar que la familia tenía un chanchito como mascota, “era pequeño, rosadito, se llamaba Hugo”.

Antonio Peré se casó en 1985 con su enamorada de toda la vida, la ecuatoriana-estadounidense Elizabeth Hall González-Rubio. La madre de esta fue la segunda esposa de Marcel Laniado, fundador del Banco del Pacífico. En su oficina en Quito, Peré tenía una foto de su esposa y otra de Laniado. Su relación había sido muy cercana, decía.

Coral Gables (Florida). En 2015, Antonio Peré y su esposa compraron esta mansión en el barrio Coconut Plum por $2,6 millones. Foto: Google Stret View. Foto: Foto: Google Stret View.

Trabajó en Banco del Pacífico, primero en marketing y luego en el área financiera. También gerenció varias empresas, desde camaroneras hasta una inmobiliaria. Su único paso por la función pública fue en el Consejo Nacional de Modernización (Conam). Entró en 1998 como director ejecutivo cuando lo presidía Álvaro Guerrero (principal del Banco La Previsora), durante el mandato de Jamil Mahuad.

Entonces vino la crisis en la que quebró la mitad del sistema financiero ecuatoriano. Filanbanco, el más grande del país, fue el primero en pasar a manos del Estado en diciembre de 1998. Posteriormente vino la fusión de Filanbanco con Previsora. Guerrero huiría del país.

Y luego llegó la asonada indígena militar contra Mahuad. El vicepresidente Gustavo Noboa asumió el poder en enero de 2000. Su hermano Ricardo Noboa reemplazó a Guerrero en el Conam y mantuvo a Antonio Peré.

“Yo no conocía personalmente a Antonio, no tenía una relación personal con él, pero sus credenciales como ejecutivo eran realmente buenas”, cuenta Ricardo Noboa. En esos años, añade, se inició la descentralización, se desmilitarizó la Dirección de Aviación Civil, se pasaron los aeropuertos de Quito y Guayaquil a los municipios, pero no se concretó la privatización de las eléctricas.

Ricardo Noboa renunció en agosto de 2002 y Peré se quedó como presidente del Conam hasta el final del gobierno, en enero de 2003. Otra persona que trabajó en el Conam en ese entonces recuerda, en cambio, que a veces Peré pedía que le crearan facturas para poder justificar viáticos. “No era déspota con el personal, era más bien agradable, un astuto que no se peleaba con nadie”, indicó.

Al dejar el Conam declaró a la Contraloría que poseía tres cuentas bancarias con un total de $ 7 mil y menaje de casa por $ 600. No tenía inversiones ni vehículos ni propiedades. Había obtenido un préstamo del Banco del Pacífico por $ 700 mil. Así las cosas, su patrimonio era negativo en $ 692 mil.

Su experiencia en el Consejo de Modernización le sirvió para conocer el mundo de los negocios con el Estado, entre ellos el de Petroecuador. El Conam elaboró la Ley Trole (Ley para la Transformación Económica del Ecuador), que terminó con el monopolio estatal en el transporte de combustible. Uno de los resultados fue la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El canadiense Raymond Kohut trabajó para OCP a cargo de los temas de la relación con las comunidades.

Antonio Peré salió del país entre 2004 y 2008, dejó de pagar impuesto a la renta, pero seguiría vinculado con el negocio petrolero asesorando a las comercializadoras que competían en los concursos spots de Petroecuador.

En esa época era cercano a Enrique Cadena Marín, que representaba a Taurus Petroleum. Cadena aparecería ligado también a otros esquemas de comercialización de ventas de crudo y que han sido revelados gracias a los Papeles de Panamá y FinCEN Files (las filtraciones del ICIJ).

La relación entre Peré y Arias comenzaría antes de que este ingresara a Petroecuador en 2010. Cuando se cuestionaban las preventas petroleras con Petrochina, Peré defendía a Arias señalando que era un excelente profesional.

Tributó al SRI en 2009 y 2010, un promedio de $ 2 mil anuales, y luego volvería a ausentarse. A partir de 2012, su pago de impuesto a la renta se reduciría a casi cero hasta el 2015. Desde entonces ya no aparece en la base del SRI.

Alguna vez le preguntaron exactamente cuáles eran esos negocios petroleros y él respondió que trabajaba en oportunidades de negocios en México con el empresario Bill Phillips, gran contratista de Petroecuador ahora prófugo de la justicia. A otra persona le dijo, en cambio, que estaba representando a algunas firmas. En Miami manejaba un sedán Mercedes Benz.

Ya radicado en la Florida, en 2015 cambió un penthouse de lujo por una mansión en el exclusivo barrio Coconut Plum, de Coral Gables, que le costó $ 2,6 millones, adquirida a través de una empresa. En abril de 2017 el matrimonio Peré-Hall se convirtió en el propietario de la casa, que no tiene orden de embargo judicial, de acuerdo con los registros del condado de Miami.

Algunos conocidos escuchan con asombro las acusaciones sobre las millonarias triangulaciones y pagos de sobornos de las que se ha declarado culpable. En Guayaquil le decían Tuco Peré o Toño, mientras que en Quito el mono Peré.

Dos personas aseguraron que vieron a Antonio Peré en el aeropuerto de Guayaquil a inicios de 2021. Lo reconocieron bien a pesar de la mascarilla por su estatura, su pelo rubio y porque en su cara quedan rastros de un acné de juventud. En ese momento no sabían de su acusación en Estados Unidos. Ahora ya lo saben y sospechan: “¿Y si vino a grabar a alguien más?”. (I)

Nueva York. En la Corte del Distrito Este de Nueva York se tramitan los procesos judiciales por los sobornos en la comercialización de crudo y derivados de Petroecuador. Foto: El Universo

Procesos en Estados Unidos

En Estados Unidos existen al menos nueve procesos sobre esquemas de sobornos y lavado de dinero relacionados con la venta de crudo y derivados por parte de Petroecuador. Todos están a cargo del juez Eric Vitaliano, en el distrito este de la corte del estado de Nueva York.

  • Daniel Sargeant (Sargeant Marine Inc.) Inicio: 11 de julio de 2019, confidencial. Detención: 19 de diciembre de 2019, ya salió libre, fianza de $ 300 mil. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
  • Javier Aguilar (Vitol Inc.) Inicio: 7 de julio de 2020, confidencial. Detención: 15 de julio de 2020, ya salió libre, fianza de $ 100 mil. Se declaró inocente.
  • Raymond Kohut (Gunvor S.A.) Inicio: 18 de agosto de 2020, confidencial. Detención: 21 de septiembre de 2020, ya salió libre, fianza de $ 2,4 millones. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
  • Sargeant Marine Inc. Inicio: 15 de septiembre de 2020, confidencial. Acusación: 22 de septiembre de 2020, otras ocho personas relacionadas con esta empresa también están procesadas. Arreglo judicial: 2 de octubre de 2020, multa de $ 16 millones.
  • Antonio Peré Icaza. Inicio: 17 de septiembre de 2020, confidencial. Audiencia: 6 de octubre de 2020 para escuchar la declaración de culpabilidad. Orden de decomiso por $ 45 millones.
  • Enrique Peré Ycaza. Inicio: 17 de septiembre de 2020, confidencial. Audiencia: 6 de octubre de 2020 para escuchar la declaración de culpabilidad. Orden de decomiso por $ 2 millones.
  • Vitol Inc. Inicio: 24 de noviembre de 2020, confidencial. Acusación: 3 de diciembre de 2020. Arreglo judicial: 3 de diciembre de 2020, multa de $ 135 millones.
  • Nilsen Arias Sandoval. Inicio: 8 de abril de 2021, confidencial. Detención: 27 de octubre de 2021, ya salió libre, fianza de $ 1 millón. Se declaró culpable el 19 de enero de 2022 y colabora con la justicia.
  • Lionel Hanst. Inicio: 23 de febrero de 2022. Acusación: 16 de marzo de 2022, se declaró culpable. (I)