Alexandra Vallejo, presidenta de la Corte de Azuay: Indultos o amnistías en masa no son convenientes porque puede haber errores

Azuay tiene la Corte de Justicia más antigua del Ecuador. Acaba de cumplir 200 años de existencia y para celebrar esta solemnidad se realizaron varios encuentros académicos y sociales. Este 2022 la dirección de esta dependencia está a cargo de una mujer, apenas la tercera en dos siglos de existencia. Esa mirada femenina pretende propiciar un servicio incluyente, transparente y que convenza a la ciudadana de que la Función Judicial no está contaminada con la corrupción. Alexandra Vallejo fue elegida presidenta de la Corte para el periodo 2022–2024. Fue jueza de primer nivel en Gualaceo, jueza de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, encargada de la Defensoría del Pueblo y abogada en libre ejercicio.

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¿Con qué panorama recibió la justicia en Cuenca?

Es un desafío el bicentenario porque se está acabando un ciclo, estamos empezando uno nuevo y tenemos muchos retos. Primero el que Azuay siga siendo un referente en el país. Aquí no ha habido actos de corrupción, todas nuestras resoluciones responden a lo que sucede en el proceso. No siempre las partes están de acuerdo, pero eso no significa que seamos buenos o malos. Es una responsabilidad gigantesca, se están rompiendo esquemas como el machismo que ha existido en todas las instituciones, en la galería de presidentes de la Corte durante los últimos 200 años solo existen dos mujeres. Tenemos más funcionarias y eso es importante porque hay avances basados en la Constitución donde se garantiza la igualdad y la no discriminación. Seguimos las directrices de la Corte Nacional, en donde se impulsa una justicia abierta, en donde se pretende que los jueces no resolvamos dentro de las oficinas, sino que transparenten sus acciones a través de la publicación en cuentas oficiales de los enlaces de las audiencias para que la ciudadanía ingrese y escuche a base de qué resolvemos un fallo. Todavía chocamos contra criterios enraizados de algunos jueces que no quieren asumir que la justicia ahora debe ser diferente. Con esto también se busca que se deje de mediatizar la justicia a través de redes sociales. Si hay un caso que genera revuelo, las personas casi nos dicen cómo debemos resolver. Eso es irresponsable, porque sin leer el proceso no se pueden dar opiniones. Otro problema de redes sociales es cuando la Policía acusa a jueces de dejar libres a presuntos delincuentes. Luego de atraparlos, la Fiscalía se vuelve titular de la acción penal, nosotros garantizamos derechos. Si en la audiencia de flagrancia el fiscal no pide medidas preventivas nosotros no podemos darla, así de sencillo. O cuando alguien está detenido mucho tiempo, se pide una audiencia de formulación de cargos y tampoco el fiscal tiene elementos de convicción claros para imputar un delito o iniciar una etapa de instrucción, ¿entonces qué hacemos los jueces? Eso debe entender la ciudadanía para que se nos deje de responsabilizar de todo.

¿Sienten presión por las redes sociales?

Sí, y aparte de bajar esta presión y para que la ciudadanía sepa cómo se resuelve es necesario contar con un equipo de comunicación social para que informe temas puntuales en cada caso.

El presidente Guillermo Lasso habló de eliminar el Consejo de la Judicatura vía consulta popular, ¿qué tan conveniente sería esto?

Primero deberemos esperar las preguntas. En la Función Judicial existen dos cabezas, el Consejo y la Corte Nacional. Si de alguna manera se puede solucionar este tema de dos miradas en una misma función habrá que ver cómo lo plantea el presidente. Es imposible que la Judicatura sancione como órgano administrativo, pero sucedió que se iniciaron sumarios administrativos y se destituyeron a muchísimos jueces por el famoso error inexcusable y la Corte Constitucional no se inventó nada. Somos nosotros los que debemos ver qué pasa en la parte jurisdiccional, no puede el órgano administrativo sancionar si no hay una calificación previa.

Hay analistas legales que refieren que la justicia ecuatoriana es “demasiado garantista”, ¿es así?

Los jueces debemos manejarnos desde la Constitución y nos corresponde vigilar el debido proceso, cuya una de sus partes es el derecho a la defensa y sí un ciudadano no accede a esto, es un proceso viciado. Ser garantistas no significa hacer lo que nos dicen en redes sociales o se nos acusa en medios de comunicación, ahí hay un tema de confusión de funciones entre lo que hace Policía y Fiscalía. Hacemos lo que nos dispone la norma, nuestra Constitución está de acuerdo con la de otros países y parte también de lo que dicen tratados internacionales y tratados de derechos humanos.

En Ecuador, según el Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por cada 100.000 habitantes la tasa promedio es de 9 jueces de primer nivel y 2 de segundo nivel, ¿esta cifra qué tanto ayuda a desempeñar adecuadamente su trabajo?

Sí creo que hace falta personal no solamente como jueces sino como ayudantes judiciales, nosotros tenemos un déficit gigantesco y solucionar eso depende del Consejo de la Judicatura. Somos una cadena que tiene un montón de eslabones, si tenemos falta de ayudantes o nos rompan los equipos de trabajo porque hay necesidades en otro lado, eso también influye en el trabajo.

¿Esto lo podrían manejar las cortes, sin el Consejo de la Judicatura?

Nosotros sabemos lo que necesitamos, pero dependemos de la Judicatura. La Constitución dice que la Función Judicial gozará de independencia administrativa y financiera, pero esto último no lo tenemos porque dependemos de lo que nos entregue el Ministerio de Finanzas. A veces nos pasa que no tenemos hojas, grapas o tinta para las impresoras. Aunque no lo crea entre los jueces aportamos para pagar cuentas de Zoom, porque queremos servir a la ciudadanía. Desgraciadamente todavía estamos supercentralizados, ese es un tema que debería solucionarse. Mientras dependamos de Quito es complicado. Si yo necesito un cambio de firmantes entre jueces hay veces que no se puede hacer aquí y se debe pedir a Quito, y allá se complican.

Al 2022, tras 200 años de existencia, ¿hay injerencias políticas en sus decisiones?

Nosotros sabemos y conocemos que se pretendió mucho tiempo meter las manos en la justicia (...) Sabíamos que había esos casos hace unos seis o siete años. Pero hoy sí se respiran aires de independencia.

¿Los indultos y amnistías son adecuados?

Hay gente que está en las cárceles sin sentencia efectiva o con una instrucción fiscal terminada, cada caso es un mundo y por eso el juez debe analizarlo, de alguna manera se deben descongestionar las cárceles, pero hay que revisar con prudencia. Un indulto o una amnistía en masa no es conveniente porque se pueden cometer errores, yo creo que hay que ser mesurados, pueden parecerse un montón. Puede ser peligroso en el sentido de que se debe sacar a la calle a gente que no debía salir. Este tipo de presiones son incómodas. (I)