Al menos tres escenarios analiza el Ejecutivo frente al bloqueo político en la Asamblea Nacional

Tras el revés que experimentó el Gobierno en la Asamblea Nacional, que archivó su iniciativa de ley de inversiones con la que pretendía generar empleo, su margen de acción política se constriñó y se estudian al menos tres escenarios para sostener su gestión.

La primera acción inmediata sería recurrir a la Corte Constitucional (CC) para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del procedimiento que siguió el Legislativo el 24 de marzo para archivar el cuerpo legal de carácter económico urgente.

El argumento es que no se habría dado la posibilidad al ponente del proyecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa (Ecuatoriano Unido), de ajustar los textos, para lo que la presidenta Guadalupe Llori le dio el tiempo de una hora y media.

Bancadas legislativas cierran filas y piden nombres de los asambleístas chantajistas y ladrones

Pero, como Noboa no volvió al cónclave para exponer esos ajustes, se llamó a votar la moción del legislador Darwin Pereira, de Pachakutik (PK), la que obtuvo 87 votos por negar y archivar la iniciativa.

Las otras dos posibilidades serían convocar a una consulta popular o aplicar la muerte cruzada, esta última que sería la última opción.

Esto se analiza en un contexto complejo para el régimen, que reconoció que hay una ruptura del diálogo con el Parlamento, que se ahondó con la revelación del presidente Guillermo Lasso de que habría sido chantajeado por legisladores a cambio de votos para aprobar su propuesta, hasta con pedidos de dinero en efectivo.

En medio de esto hay una conformación de dos mayorías móviles: una por las bancadas del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) y de la Izquierda Democrática (ID) que sumó los 87 votos para negar y archivar ese articulado.

La otra con UNES, el Partido Social Cristiano (PSC), y varios asambleístas del ala rebelde de PK, que buscan priorizar el juicio político a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que organiza concursos para designar autoridades de control.

Con ello, en las últimas horas, el jefe de Estado junto a su gabinete debaten plantear un recurso a la Corte Constitucional; convocar a una consulta popular para que el electorado se pronuncie sobre su propuesta de modelo económico.

O, disolver la Asamblea Nacional o más conocida como muerte cruzada, con la que se llamará a elecciones generales anticipadas, mientras Lasso podrá gobernar con la emisión de decretos, que deberán ser revisados previamente por la CC.

Fuentes del Palacio de Carondelet comentaron que la muerte cruzada no estaría descartada; aunque bajo el temor de que una posible candidatura a la reelección del mandatario no tenga el respaldo político.

En tanto, un plebiscito se haría de forma inmediata. Es decir, no se esperaría incluir esa papeleta para las seccionales de febrero del 2023.

Muerte cruzada o un llamado a consulta popular, las alternativas que se analizan en el interior de Carondelet

Sobre esta última alternativa las preguntas y los anexos que se propondrían también preocupan, pues deberán estar formuladas con estricta legalidad para que no sean rechazadas por los jueces de la CC.

El constitucionalista Ismael Quintana no ve conveniente ni la consulta popular ni una demanda de inconstitucionalidad ante la CC, al procedimiento legislativo para archivar la ley de inversiones.

“Este es un tema que se resolvió conforme a la ley de la Función Legislativa. El ponente no asomó a presentar una moción para votar el texto con ajustes, por lo que se discutió y votó la moción de Darwin Pereira. No hay una violación al procedimiento, la ley está bien negada, por lo tanto, no cabe recurso para una acción de inconstitucionalidad porque la Asamblea tenía facultades para resolver”, precisó.

Gobernar con consultas populares, para “esquivar” a la Asamblea sería “un gran problema”, refirió Quintana, porque de acuerdo con el tercer inciso del artículo 195 del Código de la Democracia, el presidente de la República podrá proponer una consulta popular sobre un proyecto de ley que haya sido negado por la Asamblea.

Entonces, la “Asamblea le va a negar sus propuestas y la Corte Constitucional difícilmente va a dar posibilidades para consultar sobre leyes trole; y, finalmente, otro escollo es que Lasso gane la consulta popular”, manifestó.

En esa línea, lo que le permitiría gobernar sin obstáculos sería la muerte cruzada.

Para el analista político Simón Pachano, la Legislatura hizo que el Gobierno se quede “sin programa económico”, pues al archivo de la ley de inversiones se avizora la posible derogatoria de las reformas tributarias que impulsa la Asamblea y que actualmente rigen por decreto-ley.

“Dada la votación de los asambleístas, cómo se alinearon las fuerzas y las fuertes declaraciones que dio el presidente sobre Xavier Hervas y la ID, ya no hay una posibilidad de diálogo, por lo menos no en el corto plazo, lo que puede significar que el Gobierno acuda a la muerte cruzada”.

A su criterio, el mandatario podría “arriesgarse” a adoptar ese mecanismo, porque es difícil que siga gobernando con “sectores radicales que han obtenido dos triunfos: la aprobación de 268 amnistías y el archivo de la ley de inversiones”.

Pachano sugiere balancear qué conviene más, “seguir prácticamente caminando en el mismo terreno, o jugarse a la posibilidad de dar un vuelco a la situación, porque con la muerte cruzada, él se queda gobernando con plenos poderes, con un precio de barril de $ 100 puede reactivar la economía, hacer obras de infraestructura, mejoramiento de lo sanitario, que son cosas visibles que pueden elevar el nivel de apoyo y reelegirse”.

Gobierno de Guillermo Lasso demandará la inconstitucionalidad de las 268 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional

Pero ir directo a una consulta popular “sería un suicidio”, tomando en cuenta que esto mide la aceptación de los gobernantes y sería una “excelente oportunidad para que sus opositores hagan campaña en su contra”.

Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana (PC), lamentó que la Legislatura no esté cumpliendo su rol de representación ciudadana, y al contrario sostenga una “agenda desestabilizadora” que inició cuando buscaba destituir a Lasso por los denominados papeles de Pandora.

A estos hechos, suman la “institucionalización de la impunidad” al conceder 268 amnistías y el rechazo a la ley de inversiones. “Creo que esta última situación es provocada para presionar y generar la tormenta perfecta para una muerte cruzada. Esta desestabilización puede ser una agenda oculta, para que la Revolución Ciudadana (liderada por el expresidente Rafael Correa) vuelva”, comentó Hidalgo.

La catedrática advirtió que la muerte cruzada como la consulta popular son “arriesgadas y peligrosas”. “Las consultas populares están sujetas al nivel de aceptación de un presidente, porque finalmente se votan a favor o en contra de él. Eso requiere un análisis casi matemático y estadístico y tendría que hacer las simulaciones técnicas para ver si tiene chance. Cualquier solución es un riesgo, es una situación peligrosa, y también está en peligro la democracia”, enfatizó.

Añadió que Lasso ha fallado en su capacidad de transmitir el mensaje político de, por ejemplo, por qué era importante la ley de inversiones, así como exponer a la población qué ha hecho en estos primeros diez meses de gestión. (I)