La Procuraduría General del Estado notificó al Gobierno nacional para que proceda con el pago de $ 400.000 como indemnización determinada por la violación del derecho a la libertad de expresión de los directivos de diario EL UNIVERSO y el periodista Emilio Palacio, luego de lo cual iniciarán los procedimientos de repetición a los funcionarios estatales u operadores de justicia que participaron en este hecho, que fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El procurador del Estado, Íñigo Salvador, se pronunció este 23 de diciembre respecto de la sentencia de la Corte IDH en la que se condena al Estado ecuatoriano por haber violado el derecho a la libertad de expresión de Palacio y los hermanos Nicolás, Carlos y César Pérez, quienes fueron condenados a tres años de cárcel y el pago de una multa que bordeó los $ 40 millones al expresidente Rafael Correa.

Este proceso surgió por la publicación del artículo ‘No a las mentiras’, que publicó Emilio Palacio en EL UNIVERSO el 6 de febrero del 2011, relacionado con la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de directivos de EL UNIVERSO

El expresidente Rafael Correa impulsó una querella que se sustanció en el Juzgado Décimo de Garantías Penales del Guayas, en contra de Palacio, Nicolás, César y Carlos Pérez, directivos del medio, acusándolos de injurias calumniosas graves contra la autoridad contemplados en el Código Penal.

Por ello, se los condenó a tres años de prisión; y a Correa debían pagarle $ 30 millones de manera solidaria y el medio $ 10 millones. Un total de $ 40 millones a favor del exmandatario.

El caso se ratificó incluso en casación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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En febrero del 2012, Correa decidió conceder el perdón de la pena y la condonación de la obligación al pago de los daños y perjuicios, lo que aceptó la CNJ.

Según Salvador, una vez que el Estado haya pagado la indemnización determinada por el organismo internacional a las víctimas, se podrá empezar con los procesos de repetición.

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Detalló que la Procuraduría oficiará a las instituciones que son mencionadas de forma preliminar en la sentencia de la Corte Interamericana, en la que se menciona a las autoridades de la Función Judicial, que, en este caso, son jueces de primera y segunda instancia, así como el tribunal que actuó en casación en la Corte Nacional de Justicia, la cual ratificó la condena penal y económica a Palacio y los directivos del medio impreso. “Estamos hablando de jueces”, precisó Salvador.

Luego, la Procuraduría deberá informar al Consejo de la Judicatura de que se ha hecho el pago indemnizatorio, y esta última, en un plazo de 20 días, tendrá que hacer una investigación interna para “ponerles nombre a esas personas que en la sentencia (internacional) no son identificadas, pero se refiere a los jueces que intervinieron”.

Es decir, la Judicatura deberá investigar quiénes intervinieron en las diferentes instancias del proceso judicial que impulsó el exmandatario Rafael Correa e “iniciar el juicio de repetición en el que se verificarán los hechos que darán paso a la repetición, las diferentes sentencias y la violación de los derechos (que se produjeron). Se establecerá quién tendrá que pagar al Estado, es decir, quién tendrá que rembolsar al Estado” por el pago de indemnización a las víctimas.

Salvador precisó que “corresponderá a ese nivel judicial” determinar si el expresidente Correa deberá ser parte de quienes deban rembolsar al Estado.

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Rafael Correa responsabiliza a la Procuraduría de no defender al Estado ecuatoriano en caso EL UNIVERSO

Reconoció que la norma vigente para ejecutar las acciones de repetición es “farragosa, dispersa, complicada y ha hecho que los procesos no hayan sido exitosos”.

Por lo que advirtió que el mismo Código Orgánico General de Procesos (Cogep) determina un plazo de prescripción de la acción de repetición, que es de cuatro años. “Si el Consejo de la Judicatura no lo hace, la repetición no va en contra de los jueces, sino en contra de los funcionarios omisos en ejercer la repetición”, indicó.

Respecto de una de las medidas de restitución que ordenó la Corte Interamericana, como es la de dejar sin efecto la sentencia que declaró culpables a Palacio y los directivos de EL UNIVERSO, se aclaró que esto no será automático.

“No es automático. Es algo que debe seguir un procedimiento, que debemos explorar con la administración de justicia, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y con la Procuraduría, en cuanto nos toca velar que se cumpla. No es automático, y deberemos buscar la forma legal de dejar sin efecto la sentencia”, aclaró.

Salvador, en esta declaración pública desde el hall de la Procuraduría, ubicada en el norte de Quito, insistió en defender la labor institucional y rechazó las críticas hacia su gestión de que supuestamente no defiende al Estado ecuatoriano en las causas internacionales.

Justicia ecuatoriana deberá retirar de los registros la sentencia que declaró culpables de injurias calumniosas a los directivos de EL UNIVERSO y Emilio Palacio

“Se ha dicho que la Procuraduría ha colocado al Estado en indefensión: eso no es verdad. El Estado hizo la admisión respecto de la violación del derecho a la libertad de expresión, y se opuso a que otros derechos sean retenidos. Es así como se logró una resolución de la Corte en el sentido de que los derechos a la propiedad y libertad de Palacio y los señores Pérez no habían sido conculcados”.

Resaltó por ejemplo que logró reducir en un 97% el monto de la indemnización a los afectados, que se fijó en los $ 400.000; y que la admisión de responsabilidad por parte del Estado “no es una novedad o que sea excepcional” y que solo a él se le haya ocurrido.

“La admisión de responsabilidad ha sido una tradición en la gestión de los casos. Hay doce casos en los que el Ecuador ha sido condenado y ha habido una admisión de responsabilidad, siete de ellos en el gobierno de Rafael Correa, y no como se dice: que se trata de una persecución política”, explicó. (I)