Dos concursos de elección de autoridades del Estado que se efectúan en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enfrentan tropiezos por la interposición de acciones de protección de postulantes que sienten afectados sus derechos.

El concurso público para elegir al titular de la Defensoría Pública volvió a la etapa de admisión de candidatos, luego que un juez aceptó una acción de protección que planteó el actual defensor público encargado y quien busca la reelección, Ángel Torres Machuca.

Ángel Torres Machuca suma más de cuatro años como defensor público encargado, pues fue designado en esa posición por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición en agosto del 2018. En ese entonces, se postuló al concurso que realizó el organismo y que fue declarado desierto por la falta de postulantes.

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No obstante, él fue descalificado tras aceptarse una impugnación ciudadana en su contra, pues los exconsejeros constataron que quien ahora asume como defensor público encargado “introdujo datos falsos en su hoja de vida dentro del concurso de méritos y oposición” y habría tratado “de inducir a error al pleno a efectos de ser beneficiado en el concurso”.

En todo caso, fue ratificado en ese cargo por el CPCCS de Transición y en el nuevo concurso que organiza una comisión ciudadana volvió a postularse, pero fue inadmitido porque incurriría en inhabilidades.

La comisión lo inadmitió argumentando que la Constitución determina que “quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. (…)” y porque presentó certificados del Tribunal Contencioso Electoral y del Ministerio de Trabajo caducados.

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Sin embargo, el 16 de febrero último, el juez Diego Meléndez, de la Unidad Judicial de violencia contra la mujer de Quito, aceptó una acción de protección planteada por Torres y determinó que se le violó el derecho a la seguridad jurídica y el derecho de participación.

De esa forma, el magistrado declaró nula la resolución de inadmisión de 41 postulantes, entre ellos el de Torres, que emitió la comisión ciudadana y ordenó que validen nuevamente las postulaciones, “considerando la fecha de la convocatoria y postulación para la validación de la información”.

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En tanto, sobre el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado hay una acción de protección que se sustanciaría este 24 de febrero en Quito.

El solicitante es el postulante Javier Larrea Simball, quien fue inadmitido del proceso porque registra “responsabilidades administrativas culposas que se encuentran ejecutoriadas”, de acuerdo con el reporte de la comisión ciudadana.

Estas dos comisiones ciudadanas superaron la etapa de admisibilidad y se encontraban en la calificación de méritos de los postulantes. Pero suspendieron sus actividades debido a que requerían pronunciamientos del pleno del CPCCS, cuyos siete exconsejeros fueron destituidos por disposición de la Corte Constitucional (CC), por incumplimiento de una sentencia.

La actual conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que estará en funciones por los próximos tres meses, convocó a los miembros de las comisiones ciudadanas y veedores ciudadanos en audiencias públicas para conocer el estado de los procesos, aunque no tomó ninguna resolución.

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Incluso, quedó pendiente atender el pedido de la comisión ciudadana de selección para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aprobar la convocatoria para que la ciudadanía se postule a participar en este concurso de selección.

Nombramientos en el organismo

De forma paralela al desarrollo de los concursos, la presidenta Gina Aguilar desvinculó a unas trece personas y solicitó la vinculación de nuevos funcionarios, que en algunos casos provienen de agrupaciones políticas.

Entre ellos está Rosa López, asesora del despacho de Aguilar, quien es afín a las filas del movimiento político Revolución Ciudadana y que en el gobierno de Lenín Moreno fue designada como gobernadora de El Oro.

Cuando fue posesionada en esa función, asistió al acto el “segundo vicepresidente del movimiento Alianza PAIS, Ricardo Patiño”, según consta en los registros de prensa del Ministerio de Gobierno.

El excandidato a ser consejero en los últimos comicios del 5 de febrero, David Zúñiga, quien es funcionario del Consejo como técnico de comunicación con un salario de $ 817, fue solicitado como subcoordinador nacional con un salario de $ 2.400.

En la coordinación general administrativa financiera, Gina Aguilar pidió la vinculación de Janeth Asanza, cercana al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Fernando Cedeño, y con quien trabajó cuando él fue consejero del CPCCS.

Como coordinador jurídico del CPCCS, se solicitó la vinculación de José Varas Flores, excandidato a concejal de Guayaquil por el movimiento Concertación en los comicios seccionales del 2019.

Como subcoordinador de Talento Humano también se pidió contratar a Orlando Herrera, activista y directivo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Como subcoordinador de Promoción de la Participación, la presidenta pidió que se contrate a Edwin Zurita Bustamante, que se perfila como consultor político y de manejo de medios de comunicación y ha desempeñado cargos en la Prefectura y alcaldía de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como en la Prefectura de Pichincha y el Municipio de Quito.

Otra solicitud se hizo para que Verónica Silva Alcoser asuma como subcoordinadora de Gestión Administrativa, quien proviene del Consejo de Igualdad de Género. Como coordinadora técnica se contrataría a Alejandra Cantos Molina, exintegrante de la extinta Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción y quien en las últimas semanas se mantiene cercana a Gina Aguilar, en conjunto con Rosa López.

Entre otros actores, se solicitó la vinculación de Elizabeth Otavalo como coordinadora de Planificación, quien es cercana a las filas del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana y fue funcionaria en la administración de Raquel González en el CPCCS.

También se conoció de la vinculación de Juan Meriguet Martínez, exasesor de Ricardo Patiño cuando este último era canciller, como asesor de la consejera Graciela Mora, quien fue candidata a concejal de Quito por la alianza Juntos por la gente, que cobijó la candidatura a la alcaldía de Jorge Yunda en los comicios seccionales de 2023.

En el Consejo de Participación Ciudadana también se estaría tramitando un sumario administrativo para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que destituyó a la exconsejera Ibeth Estupiñán.

Estupiñán era funcionaria de carrera del organismo y fue electa como consejera en los comicios del 2019, pero tras la destitución ordenada por la Corte se analizó su caso y se concluyó que debía iniciarse un sumario administrativo para cumplir con la sanción establecida en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Esto implica que cuando un servidor es legalmente destituido no puede reingresar al sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de la que fue destituido. (I)