Un total de 702 ciudadanos fueron admitidos como veedores ciudadanos para observar el desarrollo del concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al titular de la Contraloría General del Estado.

Los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobaron este 1 de septiembre el informe de admisibilidad de los participantes a esta veeduría.

En total se inscribieron 778 personas, pero fueron admitidas 702. Las otras 76 personas incumplían requisitos legales y de forma en sus postulaciones, por lo que no fueron calificadas para participar.

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Una vez que se ha cumplido esta etapa, el CPCCS deberá convocar a la integración de la comisión ciudadana de selección, que es la instancia encargada de realizar el concurso de méritos.

La sesión para conocer este informe estuvo matizada por los reclamos de los consejeros de minoría, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, de que existe falta de transparencia en la organización de este concurso.

Apelaron a los procedimientos que se aplicaron para la elaboración del reglamento para designar a esta autoridad, así como a haber retirado la posibilidad de que los candidatos a ser contralor del Estado puedan rendir una prueba oral.

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Finalmente, el informe de admisibilidad fue aprobado por por Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Mónica Moreira.

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A diferencia de la masiva inscripción de veedores para observar este proceso, para los concursos para nombrar a los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa) y los dos delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo Fronteriza hubo una mínima participación.

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Para elegir a los miembros de Copisa hay siete veedores ciudadanos admitidos; y para el Comité de Zonas Fronterizas, se admitió a doce personas.

Los integrantes de estas tres veedurías recibirán una capacitación sobre las atribuciones y prohibiciones que tendrán como observadores de los concursos, y se les entregará una acreditación.

Al final de cada proceso de selección de una autoridad, los veedores deben presentar un informe final. (I)