53 postulantes están habilitados para la prueba práctica del concurso para jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado

Una vez que solo quedan 30 puntos pertenecientes a la prueba práctica dentro del concurso público para la selección y designación de catorce jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, solo 53 aspirantes, de 108 que participaron en la prueba teórica, pasarán a la siguiente fase del proceso.

Desde el 3 de agosto pasado se empezaron a presentar los resultados de la recalificación de la prueba teórica que se realizó el 24 de julio último. La evaluación práctica es parte de la fase de oposición del concurso que lleva adelante, desde abril, el Consejo de la Judicatura (CJ).

Para finales de octubre próximo se pospone la entrada en funcionamiento de la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado

Un total de 109 postulantes estuvieron habilitados para la prueba teórica, pero solo la realizaron 108. De estos solo 53 alcanzaron en la sumatoria de la calificación obtenida en la fase de méritos y la prueba teórica más de 50 puntos. Según el reglamento del concurso, para aprobar el aspirante debe obtener en la nota total un mínimo de 80 puntos sobre 100.

El informe técnico de la prueba teórica revela que de 20 puntos que estaban en juego, los postulantes obtuvieron como nota más alta 18 y como nota más baja 9.20.

Respecto a la prueba teórica, el vocal del CJ Xavier Muñoz solicitó al área de Talento Humano de la Judicatura que se realice una correcta valoración de los estándares de las respuestas asignadas a las preguntas publicadas en el portal de la Función Judicial para la prueba teórica. Esto lo hace, dice, “ya que la formulación correcta e interpretación legítima de los conceptos jurídicos contenidos en cada una de ellas (preguntas) depende la nota de los postulantes para este concurso”.

“Se debe exigir la mayor claridad, pertinencia y transparencia en las preguntas formuladas, pues de no existir esta claridad, como me he percatado en varias de ellas, se da lugar a respuestas ambiguas que permitan la validación discrecional dada por los postulantes”, señala Muñoz en su memorando enviado a Katty Gavilánez, directora nacional de Talento Humano del CJ.

También el vocal Muñoz solicita que se le indique con qué metodología los Tribunales de Recalificación designados procedieron a recalificar las respuestas que, a criterio de los postulantes que accedieron a esta etapa del concurso, eran correctas.

Según el nuevo cronograma, entre el 6 y el 12 de agosto próximos se realizarán las pruebas prácticas. Para esto, a finales de julio, se cargó en el sistema informático los 90 casos prácticos que se entregarán a quienes buscan ocupar una de las 14 vacantes de jueces de la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Los casos serán sorteados aleatoriamente para cada postulante a través de la plataforma tecnológica. La evaluación estará a cargo de los 18 tribunales conformados para ese efecto, a partir de los profesionales del derecho que integran el Comité de Expertos que elaboró el banco de preguntas teóricas y prácticas. Este sábado 6 de agosto empezarían las pruebas prácticas.

Con un curso de formación de 52 horas concluirá proceso para llenar los catorce puestos para jueces especializados en corrupción y crimen organizado

Los postulantes contarán con 45 minutos para el análisis del caso que le será asignado y posteriormente, en un tiempo de 30 minutos, deberá sustentarlo ante el tribunal que corresponda. Para la preparación de la defensa de los casos prácticos los postulantes podrán usar sus códigos, leyes y libros, ya sean digitales o físicos.

Sin embargo, durante la defensa oral, solo podrán apoyarse en los apuntes que ellos desarrollen sobre su caso, sin que esto implique que puedan leer toda su sustentación.

Mediante este concurso se busca seleccionar dos jueces para unidad judicial penal de primer nivel, seis jueces de tribunales penales especializados y seis jueces especializados de Corte Provincial para la etapa de apelación. La nueva unidad funcionará en Quito, pero tendrá un alcance nacional. (I)