Alrededor de 156 ciudadanos se postularon al concurso de méritos para ser parte de la comisión ciudadana de selección que designará al nuevo titular de la Contraloría General del Estado, durante la convocatoria que se abrió entre el 18 y 29 de octubre pasado.

Los expedientes deberán enfrentar la etapa de admisibilidad, en el que un equipo técnico, integrado por ocho personas designadas por los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), revisa el cumplimiento de los requisitos legales y que no estén incursos en inhabilidades.

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El reglamento del concurso para la conformación de la comisión ciudadana establece en el artículo 18 que este equipo técnico elaborará el informe de admisibilidad en un término de ocho días, “desde la recepción de los expedientes remitidos por la Secretaría General”.

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Luego el documento se remitirá a la presidencia del Consejo, para que se convoque al pleno en los tres días siguientes y se resuelva sobre los concursantes admitidos y no admitidos.

Las comisiones estarán integradas por cinco personas en representación de la ciudadanía, a quienes se les calificarán méritos por 50 puntos; y los otros cinco provienen de delegaciones de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

El CPCCS está a la espera de que las instituciones remitan los expedientes de sus postulantes para revisar el cumplimiento de requisitos legales, pues a ellos no se les califican méritos.

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Según se informó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en representación de la Función Judicial, se designó a Eugenia García Fernández y a Hugo Acuña Vizcaíno.

Los dos funcionarios desempeñan sus funciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito.

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García ha sido parte de este Tribunal desde 1990, pero también fue directora de Patrocinio encargada de la Contraloría entre el 2014 y 2017.

Mientras, Acuña ocupó cargos en la Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, en la Comisión de la Verdad, en Quito Honesto y como secretario en la Corte Provincial de Pichincha y en el Tribunal Contencioso Administrativo.

La Asamblea Nacional intentó designar a sus delegados durante la plenaria que se realizó el 11 de noviembre último, pero no se alcanzaron los votos para escoger a María Belén Rocha, exsecretaria de la Asamblea y el jurista Paúl Guaranga que propuso el asambleísta de Pachakutik (PK) José Chimbo. La sesión se suspendió.

Las delegaciones de la Presidencia de la República, de la Función Electoral (que agrupa al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral) y de Transparencia aún se desconocen.

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Una vez que haya concluido la etapa de admisibilidad con el informe del pleno, el equipo técnico deberá calificar los méritos de los concursantes de la ciudadanía, el que deberá estar listo en diez días con los 30 mejor puntuados (15 mujeres y 15 hombres). Los méritos se califican sobre 50 puntos y se dispondrá de tres días para la solicitud de recalificación.

Con el informe final resuelto por el pleno sobre los 30 calificados, se realizará un sorteo público para escoger a los diez -cinco principales y los suplentes) que pasarán a la fase de impugnación ciudadana a la que se unirán los delegados de las funciones del Estado.

Los que sobrepasen esta etapa formarán parte de la comisión ciudadana, que elegirá al nuevo contralor para los próximos cinco años.

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Actualmente, la Contraloría está presidida por Carlos Riofrío González, como contralor subrogante, quien a su vez enfrentará un juicio político en la Asamblea Nacional, impulsado por el legislador Ronny Aleaga, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES). (I)