Una banda criminal saqueaba y se apropiaba de inmuebles de adultos mayores que murieron sin herederos conocidos en España

Un gran entramado delictivo descubrió la Guardia Civil de España al desarticular una banda que se dedicaba a apropiarse de los inmuebles y dinero de adultos mayores, casi siempre extranjeros, que morían y a los que no se les conocían herederos.

La organización calificada de criminal se movió a sus anchas durante los terribles y dolorosos picos de la pandemia del covid-19, que apagó la vida de miles de abuelitos.

Todo va quedando al descubierto con los avances de la Operación Mano Negra.

Accionar delictivo en pandemia

Se aprovecharon del aumento de muertes que se produjeron durante la pandemia para inscribir a su nombre inmuebles que no les pertenecían, informa El País.

La investigación arrojó que “se apoderaban de todo tipo de objetos de valor, como apartamentos, y después los utilizaban para sus negocios, alquilándolos, por ejemplo, para blanquear dinero o evadir impuestos”.

La Guardia Civil ha identificado 22 apropiaciones de herencias, pero la investigación sigue abierta.

Es decir, pretendieron adueñarse de inmuebles de esa veintena de víctimas.

Quiénes estaban en la red

El proceso investigativo en octubre pasado comenzó a tener primeros arrestados.

El medio español divulgó, este martes 28 de marzo de 2023, que “fueron detenidos ocho de sus integrantes, entre ellos dos empresarios vascos, dos trabajadores de un tanatorio alicantino, otro de un geriátrico y un exfuncionario de un ayuntamiento de la misma provincia con acceso al Registro Mercantil”.

Cinco meses después, “los investigadores han constatado que la banda seguía alquilando el 15 de marzo bienes que ya se habían recuperado”.

Operación Mano Negra

En mayo de 2021 se desplegó la Operación Mano negra en Benissa, Alicante.

Explican que “agentes habían precintado una vivienda tras la muerte de su propietario, hasta poder encontrar un heredero”.

Poco tiempo después conocieron que “se le había quitado el precinto policial y que de su interior se habían sustraído varios objetos de valor. También supieron que habían reformado el inmueble y se ofertaba en una plataforma de alquileres vacacionales”.

Los primeros en caer fueron “dos trabajadores de un tanatorio de una localidad de la misma comarca, que “robaban joyas a los difuntos no reclamados por familiares, pasaban información para robar en sus viviendas y obtenían sus claves bancarias”, relata la Guardia Civil, según El País.

Esas primeras aprehensiones llevaron a los “peces mayores”.

Al momento, dos hermanos de Bilbao ―una mujer de 63 años con conocimientos de Derecho y un hombre de 54 años que trabajaba como mediador de seguros, son los señalados como cabecillas del grupo delictivo.

“Además del entramado de empresas que tenían a su nombre, los líderes de la banda usaban una empresa de construcción, otra de seguros, un taller mecánico de Bilbao, dos hoteles de las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante de Dénia (Alicante) y dos sociedades en Irlanda y Malta para exprimir, a través de la evasión de impuestos, todo el dinero posible de las viviendas que sustraían a los fallecidos sin herederos”.

La mujer tenía al menos 12 negocios, entre ellos dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y una correduría de seguros en el caso de su hermano, explicaron las autoridades.

“Incluso se hicieron con una asociación cultural bilbaína” en la que inscribían a sus víctimas para simular donaciones e impagos de cuotas.

Negocio “redondo” con los adultos mayores fallecidos

Esta gente donde la gran mayoría vio dolor, con cada muerte atribuida al covid-19, desafió todo para apostarle a una “mina de oro”, que finalmente fie detectada.

Al enterarse del deceso de un anciano, sin allegados y mucho menos “herederos” cerca, la red se activaba. Lo suyo era tener las propiedades y los atajos eran diversos.

En ocasiones, “falsificaban contratos mercantiles para convertir a los difuntos en avalistas de sus empresas para quedarse con sus bienes por responsabilidad patrimonial. En otros casos, el exfuncionario del Registro Mercantil les asesoraba y modificaba el catastro para inscribir a su nombre las propiedades”.

Nada dejaban suelto: “Había viviendas en las que utilizaban el proceso de usucapión ―también llamada prescripción adquisitiva―. Consiste en el uso prolongado de las propiedades y el pago de sus impuestos y suministros para, pasado un plazo que se fija por ley, hacerse con ellos”.

Todos los miembros cumplían con su papel: “el empleado de un geriátrico detenido en esta operación “obtenía documentación y claves bancarias de las víctimas”, señala el instituto armado, “y llegó a transferir más de 112.000 euros de dos nonagenarias residentes en España de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal”.

Del total de 22 abuelos, muertos en pandemia y de quienes ellos se aprovecharon, hoy se sabe que eran de nacionalidades española (2), francesa (5), suiza (4), alemana (8) y belga, británica y finlandesa (1).

A los detenidos se les imputaron los delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas.

El juzgado de instrucción 2 de Dénia decretó el ingreso en prisión sin fianza de la empresaria vasca y medidas cautelares para el resto.

Con el reciente movimiento detectado hace menos de 15 días, la Operación Mano Negra mostró su garra y ya tomaron algunas declaraciones. No descartan nuevos arrestos.

(I)

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