La Fiscalía de Perú ejecutó el martes la operación ‘Valkiria II’, que consistió en allanamientos en las oficinas y residencias en varias localidades del país de Raúl Doroteo, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, congresistas del partido centrista Acción Popular, apodados como ‘Los Niños’.

Estos congresistas son investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según cree la Fiscalía, encabeza el presidente Pedro Castillo.

“El propósito del allanamiento, en la que participan fiscales y efectivos de la Policía Nacional, es recabar información sobre la presunta participación de esos congresistas en el direccionamiento de obras a empresas chinas y peruanas consorciadas”, anunció la Fiscalía en Twitter.

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Además, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la presentación de una denuncia constitucional contra Castillo, por _según se indicó_ la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía peruana.

“Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público (Fiscalía) una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, manifestó Benavides.

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La fiscal general señaló que la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.

“Por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy (martes) presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, refirió.

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De acuerdo a las investigaciones, la organización es integrada, entre otros, por los exministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, así como por el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez.

Benavides Vargas añadió que ahora “es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

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Más allanamientos

Fiscalía, con apoyo de un equipo especial de la Policía, también allanó la vivienda de una hermana del primer mandatario. Allí se encontraba la madre del primero mandatario, Mavila Terrones, quien fue internada en un hospital, debido a que presentó un descompensación en su salud en medio de las diligencias.

“Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, dijo Castillo en Twitter.

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Pero además del allanamiento a las propiedades de los seis congresistas investigados así como a la hermana de Castillo, también se dispuso la detención preliminar por diez días en contra de Segundo Sánchez Sánchez, dueño de una vivienda en Breña, donde el presidente realizó reuniones extraoficiales.

El juez Víctor Zúñiga también ordenó la detención por díez días de Eder Vitón y Biberto Castillo León, ex asesores presidenciales; Auner Vásquez, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el empresario Jenin Cabrera Fernández.

Los arriba indicados son sindicados como presuntos integrantes del ‘Gabinete en las sombras’, el cual estaría supuestamente liderado por Castillo, además de ser acusados de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible.

El mandatario negó “rotundamente las acusaciones” en su contra, dijo que no tienen pruebas y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar “políticamente”.

Castillo se consideró víctima de “persecución política” y puntualizó que no piensa abandonar el país. (I)