¿Quién reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua?, esa es la pregunta que va creciendo a medida que se acercan los cuestionados comicios generales del 7 de noviembre.

Con todos los candidatos de la oposición detenidos y los partidos contrarios descalificados, organizaciones y organismos locales e internacionales han llamado la atención reiteradamente al régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de manejar todos los poderes del Estado para aumentar los 14 años que tienen en el poder.

Esto, sin contar sus ataques contra la prensa y sus críticos.

El director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Emmanuel Colombié, afirmó durante una visita a Costa Rica que en Nicaragua se ha instaurado un “coctel de censura” contra los medios de comunicación independientes e instó a la comunidad internacional a darle mayor visibilidad a la situación.

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Hasta la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua ha lamentado la falta de “pluralidad de pensamiento” de cara a los comicios, según EFE.

“Sentimos que hemos perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores, al contrario, se les ha excluido”, señaló el clero nicaragüense en un mensaje público.

Ortega ha insistido en que los obispos nicaragüenses, encabezados por el cardenal Leopoldo Brenes, están interesados en un supuesto “golpe de Estado” en su contra desde el 2018.

La Iglesia católica es la religión más seguida en Nicaragua, donde el 58,8 % de sus 6,5 millones de habitantes se consideran católicos.

En tanto, el Ejército de Nicaragua informó que desplegará 15.000 efectivos militares para resguardar las elecciones.

En el marco del proceso electoral se han establecido leyes restrictivas, cancelado tres partidos opositores y capturado a 37 líderes opositores y profesionales independientes, incluidos siete aspirantes a la Presidencia, lo que ha generado una ola de críticas contra el Gobierno.

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Desde junio pasado la Policía nacional que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la ‘Contra’ Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

En las elecciones no participarán, además, tres partidos políticos opositores (Ciudadanos por la Libertad, Partido Restauración Democrática y Partido Conservador), a los que el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló su personalidad jurídica bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.

Tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y las víctimas de los ataques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018 han calificado las elecciones como una “farsa”.

De acuerdo con Sergio Guzmán, analista político colombiano, estas elecciones no son libres: “Con tantos candidatos encarcelados y dificultades para ejercitar el derecho de opinar libremente, considero que será muy difícil que sean aceptadas por la comunidad internacional. En todo caso creo que la comunidad internacional está haciéndose la idea que el declive democrático de Nicaragua no tendrá un recibimiento unánime por parte de Latinoamérica, a juzgar con lo que se vivió en Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)”.

Tanto él como Esteban Santos, analista ecuatoriano de temas internacionales, comentan que la mayoría de la comunidad internacional, incluida la de la región, se verá ante el deber de rechazar los resultados por falta de legitimidad.

“Salvo algún acontecimiento realmente mayor, Ortega permanecerá en el poder, ahora sí con el membrete bien ganado de dictador y Nicaragua se perfila a convertirse en un estado parea en el mundo. No habrá en mi criterio reconocimiento por ningún país relevante. Serán relaciones de mero contacto no formales como lo que sucede con el régimen de (Nicolás) Maduro (en Venezuela)”, plantea Santos, para quien esto es la crónica de una muerte anunciada.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirían esta semana en Luxemburgo en un encuentro en el que España ha pedido abordar la reacción que deberán tener los 27 países del bloque a las elecciones en Nicaragua.

“Tenemos una idea clara de lo que va a pasar. Básicamente, no se permitirá a la oposición participar en las elecciones y es evidente que se está preparando todo para unas elecciones que no serán ni libres ni democráticas”, dijo una fuente europea.

La UE prorrogó esta semana, por segundo año consecutivo, las sanciones a Nicaragua que aprobó en 2019 y que en la actualidad afectan a 14 personas que consideran responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición. Ninguno de los individuos de la lista europea puede entrar al territorio comunitario y además se les han congelado sus bienes y activos que tengan en la UE. (I)