Malasia anunció este viernes la eliminación de la pena de muerte obligatoria que hasta ahora se aplicaba automáticamente a varios delitos, incluido el narcotráfico y terrorismo, y el castigo dependerá de la decisión del juez.

En un comunicado, el ministro de Justicia malasio, Wan Junaidi, afirmó que el Gobierno está estudiando castigos alternativos para 11 delitos que eran castigados con la pena capital obligatoria con el fin de reformar el Código Penal.

Junaidi agregó que el Ejecutivo ha aprobado este cambio legislativo tras recibir las recomendaciones de un comité especial encargado de estudiar la pena de muerte, que en el país se aplica mediante la horca.

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Hay unas 1.359 personas en el corredor de la muerte en Malasia, pero el país declaró una moratoria a las ejecuciones en 2018, aunque se continuaron imponiendo condenas a muerte.

En un comunicado, la Red Contra la Pena de Muerte en Asia (ADPAN, en sus siglas en inglés) celebró la iniciativa del Gobierno y afirmó que las autoridades deberían trabajar también para proteger a las "mulas" y otras víctimas del narcotráfico, así como a las personas con problemas mentales, y apoyar la reinserción.

“La pena de muerte obligatoria no es justa e impide a los jueces la libertad de sentenciar según la situación de cada acusado”, señaló ADPAN.

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Los tres hermanos mexicanos Simón, Luis Alfonso y José Regino González Villarreal, originarios del estado de Sinaloa, fueron indultados y extraditados a México en mayo de 2019 tras pasar 7 años en el corredor de la muerte en Malasia por narcotráfico.

El boliviano Víctor Parada Vargas, detenido por tráfico de drogas en 2013 en Malasia y condenado a la pena capital cinco años más tarde, también fue indultado y pudo regresar a su país en agosto de 2019.

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Parada Vargas se convirtió en "mula", que son las personas en general vulnerables que son contratadas para transportar la droga, tras ser expulsado de España por carecer de documentación y contraer una deuda en su país que no pudo pagar.

En el Sudeste Asiático, la pena de muerte sigue vigente para delitos graves en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, donde las ejecuciones se realizan en la horca, por fusilamiento o inyección letal.

La junta militar de Birmania (Myanmar), que llevaba tres décadas sin aplicar el castigo capital, anunció la semana pasada que ejecutará a cuatro disidentes condenados a muerte, aunque no concretó la fecha de los ajusticiamientos. (I)