En busca de modernizar la monarquía, España refuerza la fiscalización de los gastos de la casa real

El Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador supremo de los presupuestos y la gestión económica del Estado, supervisará mediante una auditoría externa la actividad financiera y los gastos de la casa real española para dotarla de una mayor transparencia y ejemplaridad.

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El Gobierno aprobó este martes un decreto que articula la nueva regulación de la Jefatura del Estado, un día después de que Felipe VI hiciera público voluntariamente su patrimonio personal, de 2,57 millones de euros (unos 2,7 millones de dólares), una cuestión que no figura en la noma citada.

El decreto recoge el grueso de las medidas de transparencia que el rey ya implantó al comienzo de su reinado, en junio de 2014, con el fin de renovar la Corona tras la etapa de su padre, Juan Carlos I, y que hasta ahora no tenían rango legal.

El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció en 2020 una hoja de ruta para modernizar la monarquía española, después de que su imagen se viera deteriorada por las informaciones sobre el rey emérito que lo relacionaban con presuntos negocios ocultos en el extranjero y blanqueo de capitales, que lo llevaron a abandonar España para establecerse en los Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020.

En marzo de ese mismo año, Felipe VI renunció a la herencia que le pudiera corresponder de su padre y le retiró la retribución del Estado.

El mes pasado la Fiscalía española archivó la investigación, al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

El rey emérito efectuó dos regularizaciones tributarias en España por 5,3 millones de euros por dinero donado por amigos para sus gastos personales.

Supervisión reforzada

La principal novedad ahora es que el Tribunal de Cuentas, dependiente del Parlamento, examinará la contabilidad de la casa real, como ya hace con la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos.

Próximamente se firmará un convenio con el órgano fiscalizador para sentar las bases de la auditoría externa que ha de verificar "la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera" de la institución monárquica, según explicó hoy en una rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Esta medida refuerza la supervisión presupuestaria ya existente, puesto que la Intervención General de la Administración del Estado examina las cuentas de la casa del rey desde 2015 por medio también de una auditoría externa.

El decreto obliga a que los altos cargos de la casa del rey publiquen su declaración de bienes y patrimonio al asumir el cargo y a su marcha, además de ajustarse a un código de conducta.

A partir de ahora, la casa real deberá dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo, respetando la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado por los presupuestos del Estado.

Regalos a miembros de la realeza

Todos los regalos que reciban los miembros de la familia real serán registrados para determinar si permanecen en la casa real, si van a Patrimonio del Estado o se donan a ONG, algo que ya se venía haciendo de manera voluntaria.

La casa real deberá publicar en su web la ejecución presupuestaria; los contratos suscritos, las retribuciones de los altos cargos, los regalos institucionales y la memoria anual de actividades.

Según el ministro de la Presidencia, encargado de hablar de estas cuestiones con la casa real con vistas a aprobar este decreto, la nueva regulación “es un paso muy importante en la modernización”.

“La homologa a otras casas reales europeas -argumentó- en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento de ejemplaridad e integridad.” (I)