Dina Boluarte, la presidenta de Perú que ascendió al poder tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, fue el objetivo de protestas antigubernamentales entre diciembre del año pasado y marzo de este año.

La mandataria fue citada para el 31 de mayo, en medio de la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que dejaron las manifestaciones.

Durante esos meses se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

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Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos por acciones como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.

Las investigaciones preliminares se hallan en curso desde el 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En las pesquisas también se ha incluido al ex primer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

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Sin embargo, Boluarte acusó el pasado 13 de mayo al expresidente Castillo de ser el “autor de las más de 60 víctimas” de las protestas, que vinculó con “el narcotráfico y la minería ilegal”. (I)