Desde hace casi dos meses, 155 chilenos, 77 mujeres y 78 hombres, empezaron el desafío de redactar una nueva Constitución que remplace la heredada de la dictadura. El proceso de instalación de la Convención Constitucional estuvo marcado por fallas logísticas y administrativas y definir el reglamento de funcionamiento para todo el proceso se convirtió en el principal reto para los constituyentes.

Para poder cumplir con el objetivo, la Convención optó por dividirse en comisiones y bajo esta modalidad han conseguido distintos avances.

La constituyente mapuche y presidenta de la Convención, Elisa Loncon, dio a conocer en sus redes sociales los principales puntos que han conseguido desde el 4 de julio, fecha en que se instalaron.

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Loncon cita los avances de ocho comisiones, entre los que menciona que ya se concretó la elaboración de la propuesta para el reglamento al que se regirá el proceso y la creación de subcomisiones para temas de medioambiente y culturales. También menciona que han mantenido audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil para escuchar sus necesidades e ideas más de cerca.

La presidenta menciona avances en temas como que cuando se requiera convocar un plebiscito dirimente, es decir, cuando las normas constitucionales no logren dos tercios de apoyo, puedan votar todos los chilenos mayores de 16 años. Esta propuesta aún debe ser ratificada por el Legislativo actual ya que implica una reforma constitucional.

Otros avances del grupo son el trabajo permanente de la Convención en regiones y la existencia de Comisión Permanente de Descentralización.

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De las comisiones creadas al inicio del proceso, Loncon menciona que tres ya finalizaron su trabajo que estaba vinculado directamente a la elaboración del Reglamento. Se trata de la Comisión de Comunicaciones Información y Transparencia, la Comisión de Ética y la Comisión de Presupuestos y Administración Interior. Las tres elaboraron informes y definieron normas que deberán cumplir los 155 constituyentes.

La Convención ha conseguido también convenios de colaboración con las Naciones Unidas para asesoría técnica y con los gobiernos regionales del país para que las sesiones de la convención y de comisiones se realicen en diferentes locaciones, según se requiera.

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Eduardo Arriagada, profesor en Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, dice que en el país se mantiene un optimismo relativo al que había al inicio del proceso.

“Se valora mucho que en la convención tenemos un grupo muy diverso a lo que las élites concebían y tenían la idea de que tenía que ser el órgano constituyente”, cuenta.

El catedrático menciona que el reglamento elaborado es considerado razonable por varios analistas y reconoce que significó un reto complejo y dice que se debe reconocer que proceso está hecho con una transparencia alta.

Sobre las cientos de audiencias públicas con la sociedad civil que han tenido los constituyentes, el catedrático dice que será imposible que todo lo presentado se procese, pero menciona que son importantes ya que permite escuchar los diferentes puntos de vista.

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Por otro lado, comenta que debido a las redes sociales y a las formas de comunicación actuales, aparece lo peor del proceso, que pasa inmediatamente a dominar a la opinión pública y los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, dice que “las críticas que puedan surgir son buenas en el fondo porque obligan a ejercer responsabilidad a los constituyentes”.

El analista político internacional Juan Velasco coincide y dice que se le han dado cobertura a temas y declaraciones de tipo “estrambóticas” que han surgido entre los constituyentes, sobre todo de posturas extremas, pero dice que se rescatan las posturas moderadas que buscan discutir temas con mayor relevancia, donde se han evidenciado grandes consensos.

“Uno debe rescatar que en la Convención se están discutiendo todo tipo de temas, desde si nos vamos a llamar República o no, si se va a reformar a los carabineros, entre otros... pero a la postre el hecho de que se mencionen estos temas muestra que hay un debate más racional y que todos puedan discutir sobre lo que quieren”, manifiesta.

Velasco asegura que con el tiempo llegarán a debatirse temas como qué régimen político se aplicará o si el legislativo seguirá siendo bicameral o pasará a ser unicameral y otros temas más sustanciales.

Por su parte, Saúl Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) de Chile, comenta que desde los gremios de los trabajadores hay un ambiente de pesimismo respecto a la Convención y que ha ido en aumento con el inicio del proceso electoral para las elecciones generales de noviembre.

“Han surgido escándalos de corrupción, firmas falsificadas, la gente está retomando la movilización callejera a medida que la pandemia ya no es problema en Chile, han aumentado las huelgas, la gente no quiere esperar tanto tiempo para cambios reales”, comenta.

En este tema, Velasco dice que la Lista del Pueblo, que logró un gran número de escaños en la Convención, es una de las más afectadas por escándalos que se han presentado cuando intentaron inscribir candidatos a presidente y también por algunas desafiliaciones dentro de su bancada.

“La Lista del Pueblo apareció como una especie de participación directa, pero está quedando muy mal... dentro de la Convención han rechazado ciertas normas, ciertos temas. La lista quiso aprovechar su imagen, pero estas fallas la han empobrecido y ponen de manifiesto la necesidad de verdaderos partido políticos con organización”, comenta Velasco.

En tanto, Vargas menciona que actualmente en Chile la crisis económica ha hecho que ciertos grupos dejen de interesarse en el proceso constituyente y subraya que se está discutiendo en el Parlamento un cuarto retiro del 10% del Fondo de Pensiones.

El líder sindical agrega que los resultados de la posible nueva Constitución podrían llegar a ser similares a los de Ecuador con su Carta Magna del 2008, los que considera no lograron cambios significativos para la población.

“Los trabajadores acá tenemos la misma sensación, vamos a tener una Constitución bonita, con muy buenas intenciones, pero que con el tiempo no va a sumar mucho en la calidad de vida de la gente”, subraya.

Una nueva Carta Magna es considerada una de las demandas sociales más grandes de los últimos años en Chile. Los 155 constituyentes tienen desde julio nueve meses o hasta máximo un año para presentar un proyecto de texto de la nueva Constitución, que luego será sometido a un plebiscito de ratificación en el que, a diferencia de los otros procesos electorales, la participación será obligatoria. (I)