Impulsar la mano de obra de calidad en Alemania es el propósito de un proyecto de reformas sobre la inmigración. La propuesta, apoyada por el gobierno del canciller Olaf Scholz, permitirá abordar los obstáculos que enfrentan los inmigrantes en el país de la Unión Europea para obtener empleo y vivienda.

El Ministro de Trabajo, Hubertus Heil, explicó: “Asegurar nuestra base de mano de obra cualificada es una de las mayores tareas económicas de Alemania en las próximas décadas”.

Un estudio del Instituto de Investigación Sobre el Mercado del Trabajo (IAB) confirma la importancia de la declaración de Heil, pues asegura que el mercado laboral perderá siete millones de personas de aquí a 2035, por el envejecimiento de trabajadores.

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Recurrir a la población alemana “no será suficiente” para superar el déficit de trabajadores, expresó Scholz en el Parlamento a comienzos del mes.

Por eso, las autoridades han optado por relajar sus políticas migratorias y atraer a trabajadores extranjeros. “Con esto sentamos las bases para un nuevo comienzo en la política de inmigración”, dijo el ministro de Economía, Christian Lindner.

“Cualquiera que pueda contribuir al éxito económico del país como trabajador calificado será bienvenido”, agregó el funcionario.

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Cómo será la nueva política migratoria

El proyecto de ley propone tres instancias en las que una persona extranjera podría residir y trabajar legalmente en Alemania.

  1. Si tiene un título profesional o universitario reconocido por el gobierno de Alemania, además de un contrato de trabajo.
  2. Si tiene dos años de experiencia profesional en un sector relevante y un título profesional o universitario.
  3. Si no tiene una oferta de empleo pero tiene “potencial” para encontrar trabajo: cualificaciones profesionales, conocimiento del idioma, experiencia laboral, edad.

Además, los inmigrantes podrían solicitar la nacionalidad después de cinco o tres años de residir legalmente en Alemania, en vez de los ocho años que se requieren actualmente.

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El Consejo de Ministros también aprobó una ley de educación que da derecho a los jóvenes a una formación remunerada fuera del trabajo. Mientras dure tal formación, la Agencia Federal de Trabajo les pagará el 67% del salario neto. (I)