La salud, educación y lo destinado a inclusión económica y social siguen casi con los mismos porcentajes asignados en los anteriores presupuestos del país.

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La hoja de ruta planteada por el actual régimen del presidente de la República Guillermo Lasso continúa con la misma tónica de cubrir los altos gastos corrientes de estos sectores con limitado espacio para nuevas inversiones. Ese es el criterio de varios analistas.

A salud se destinan, según la proforma presupuestaria de este año, $ 3.213 millones, un incremento del 19 % respecto a lo asignado en 2020.

Para educación, en cambio, hay $ 4.988 millones, un aumento del 14 %. De ese valor, $ 1.287 millones van a las instituciones de educación superior, indica Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal.

Alberto Acosta Burneo, analista y director de la revista económica Análisis Semanal, considera que los esfuerzos para realizar los ajustes son moderados y reducidos. “La visión clara en la programación anual es que el grueso del esfuerzo vendrá por el lado del incremento de ingresos a través de los tributos y más bien los gastos corrientes se mantienen y seguirán subiendo”, dice.

No hay ajuste por el lado de los gastos. Lo que sí se observa, añade, es una menor inversión pública. “Las estimaciones del Gobierno (central) indican que la reforma tributaria rendirá $ 2.000 millones más el próximo año y $ 1.000 millones en el 2023″, dice Acosta.

El cálculo de ingresos tributarios para el 2021 es de $ 12.734 millones, una estimación realista, califica Acosta. “Los presupuestos hay que entenderlos como una lectura de la estrategia del régimen. Interpreto que pasarán la cuenta a los ciudadanos elevando los impuestos. Hay que ver en la práctica cómo finalmente lo harán, pero el puntal de todo el ajuste fiscal viene por el lado de más impuestos, es el enfoque que le están dando en este momento. El segundo puntal es una menor inversión pública”.

Carrera afirma que en términos generales se mantienen las mismas deficiencias técnicas y estructurales que se arrastran de los años anteriores. “Hay sobrestimación de ingresos petroleros y no tributarios, no se refleja el gasto corriente como corresponde, entonces el déficit será mayor. Hubiese sido ideal que se reflejaran con absoluta certeza y claridad los ingresos y gastos estatales y el financiamiento real que se requerirá”.

Si se estiman los ingresos petroleros y no tributarios de forma realista, dice el especialista, el déficit será de $ 6.000 millones, más las amortizaciones que son unos $ 3.500 millones y otros pasivos por pagar; entonces la necesidad de financiamiento estaría alrededor de los $ 11.000 millones.

La alternativa son los préstamos externos. “Seguramente provendrán del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los multilaterales, una vez que se concrete el acuerdo. El regalo de los $ 950 millones que dio el FMI de forma gratuita al país también ayuda al financiamiento”, asegura Carrera.

El informe titulado ‘Justificativo Proforma Presupuesto General del Estado 2021′ indica que se cumple con las reglas fiscales y constitucionales sobre el financiamiento de la salud y la educación inicial, básica y bachillerato, ya que hay un incremento que corresponde al 0,5 % del PIB (producto interno bruto) estimado para 2021.

El presupuesto destinado para educación inicial, básica y bachillerato se ha incrementado en $ 519,35 millones respecto a lo asignado en 2020, un aumento que representa el 0,5 % del PIB que el Gobierno central estima en $ 103.877,86 millones para 2021, indica el documento.

“En lo que respecta al Sistema Nacional de Salud, el incremento en la Proforma 2021 asciende a $ 519,94 millones, rubro que representa un aumento del 0,5 % en relación con el PIB, recursos que asegurarán los servicios médicos de forma oportuna con calidad, calidez y eficiencia para las ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio nacional”, señala el informe.

Sin embargo, aún se arrastra la meta de destinar el 6 % del PIB para educación y el 4 % para salud, lo que aún no se cumple tras trece años de vigencia de la actual Constitución.

El total destinado a salud representa el 3,1 % del PIB y a educación es el 4,8 % del PIB. “Pero ante las carencias, hay un aumento importante”, dice Carrera.

“Mientras no se pongan en orden las cuentas fiscales, no hay dinero para cumplir esas buenas intenciones que son las metas constitucionales con el fin de invertir más en educación y salud, ese es el desafío”, manifiesta Acosta.

El 71 % de las asignaciones para educación se va en pagar sueldos

El informe del oficialismo sí reconoce que la mayor parte de los egresos en pago del personal se va en cubrir los salarios de los ministerios de Educación, Salud Pública, Defensa Nacional y Policía Nacional. Estos “representan el 68,08 % del valor total asignado a este grupo, en tanto que las universidades y escuelas politécnicas participan con el 10,03 % y el resto de instituciones que pertenecen al Presupuesto General del Estado con el 21,89 %”.

Solo en el sector educación hay 175.000 funcionarios del Ministerio de Educación, entre docentes y personal administrativo, más los 32.000 del personal de las universidades. “El 71 % de lo asignado a este sector se gasta en sueldos. No queda casi nada para inversión ni para el gasto operativo”, asegura Carrera.

En el sector salud hay 75.000 funcionarios públicos, entre médicos y personal administrativo. El 55 % del gasto en salud se va en sueldos, dice Carrera.

“Hay deficiencias por lo que hay que reconstruir, hay hospitales con problemas de infraestructura, faltan medicinas, en el futuro se necesitarán más recursos. Hay que luchar contra la corrupción y usar los recursos de forma eficiente porque el fisco no tiene dinero”, asevera.

Al pago de sueldos se suma el resto del gasto corriente, por lo que no queda casi nada para inversión pública, es decir, para financiar la construcción de nueva infraestructura o en reformar la existente.

Lo último es grave, dice Carrera, ya que con los dos años de no asistencia a clases debido a la pandemia los establecimientos educativos se han deteriorado y requerirán reformas para el próximo año cuando se aspira el retorno a las aulas.

La proforma presupuestaria de Lasso plantea que el gasto en pago de sueldos suma $ 8.161 millones.

Pero a ello, dice Carrera, hay que sumar alrededor de $ 1.100 millones correspondiente al gasto de personal para inversiones. “Están registrando parte del gasto en sueldos como inversión, lo cual no es correcto”.

Con ello, agrega, las obligaciones laborales de los 475.000 funcionarios de Estado suman $ 9.300 millones al año. A esto se suman los $ 900 millones en sueldos de los gobiernos autónomos descentralizados, más $ 900 millones en salarios de la seguridad social. “El total de sueldos de todo el sector público está en alrededor de $ 11.000 millones. Se requieren reformas para disminuir este peso”.

En este valor total no se incluye a los empleados de las empresas públicas que suman 32.000 funcionarios. Solo en la estatal petrolera Petroecuador hay casi diez mil. “No hay claridad en el costo total de los salarios de estas personas”, refiere Carrera.

La reforma salarial para reducir el peso de los sueldos tiene un alto costo político.

Los analistas plantean acordar una reducción de las remuneraciones para que sean acordes a los del sector privado o un recorte de gastos que implicará menos puestos de empleo en el sector público con las desvinculaciones.

“Es un peso inadecuado para el tamaño de la economía nacional. El incremento de los salarios en salud, educación y seguridad (realizada durante el régimen del ex presidente de la República Rafael Correa) fue irresponsable en una economía con un ingreso por habitante mensual promedio menor a $ 500 y donde hay más de cinco millones de desempleados y subempleados y más de cinco millones de pobres que viven con $ 84 al mes. Los sueldos del sector público no corresponden a una economía como la nuestra”, enfatiza Carrera.

En España, agrega, un médico gana $ 3.500 al mes en términos medios y en el sector público del Ecuador gana desde $ 2.000 o más según el nivel que tenga. “Pero el ingreso por habitante promedio de España es cinco veces superior al nuestro, entonces los sueldos del sector público están totalmente distorsionados en relación con la economía dolarizada”, indica Carrera.

En la proforma presupuestaria 2021 se contemplan para inversión pública $ 7.771,99 millones, recursos dirigidos a la ejecución de programas y proyectos que se incluyen en el PAI (Plan Anual de Inversiones), remitidos por la Secretaría Nacional de Planificación, señala el documento oficial.

$ 1.286 millones se destinan para bonos

La proforma presupuestaria 2021 incluye asignaciones a siete diferentes tipos de bonos y ayudas financieras directas a la población más vulnerable por un monto que suma los $ 1.286,86 millones.

A esto se suma el gasto operativo y de personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por ejemplo, hay alrededor de 10.000 personas que laboran y atienden los centros de desarrollo infantil y otras actividades, dice Carrera.

Para lo que se conoce como bienestar social se asignan $ 1.587 millones. “Un presupuesto más real sería ajustar el gasto a los ingresos que se tienen porque el país no puede vivir con un déficit de seis mil millones de dólares. Esto es más deuda”, afirma Carrera. (I)