Hasta el 23 de marzo 143.614 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Ecuador, representan el 1,2% de la población mayor de 18 años del país.

Esta semana, con el inicio de la fase 1, el presidente de la República, Lenín Moreno, reconoció que la inmunización se hacía con un plan que “seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro”, refiriéndose a Juan Carlos Zevallos, quien renunció a la cartera de Salud hace casi un mes.

El plan de vacunación de la administración de Zevallos está subido en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y establece como objetivo específico la generación de la denominada “inmunidad de rebaño” con la vacunación de al menos el 60% de la población nacional hasta noviembre próximo, es decir, 10,5 millones de personas por lo que se requieren 21 millones de dosis (dos para cada una).

Lo que ocurre en realidad es que estaba mal estructurado, según el actual ministro de Salud, Mauro Falconí, quien lo reelaboró en sus primeras 72 horas en el cargo durante el último fin de semana, según él mismo dijo.

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La cifra de vacunados se irá actualizando con las campañas que se realizan desde esta semana.

La falta de agilidad en la colocación de las vacunas y las dudas sobre un seguimiento oportuno de los vacunados que podrían desarrollar efectos adversos, están entre las consecuencias del plan mal elaborado, coinciden expertos entrevistados.

Ruth Jimbo Sotomayor, docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y experta en inmunización, asegura que un plan de vacunación requiere de una planificación sistemática y completa de toda la información disponible para llevar el proceso de manera ordenada, ética y transparente.

“Lo debió elaborar un equipo multidisciplinario que incluya todo lo necesario para el contexto nacional. Eso no se ve en el plan del Ecuador, no ha sido una hoja de ruta participativa establecida con las sociedades científicas, con la academia, al parecer tienen un acuerdo con la empresa privada, pero tampoco es muy claro”, dice.

Un plan de inmunización bien elaborado incluye, agrega la especialista, la definición de la población objetivo con la priorización de ciertos grupos establecida con una lógica basada en evidencia científica.

“Eso le falta también al plan porque hay poblaciones que tienen riesgo, pero su vacunación está en fases más tardías. Hay personas menores de 65 años con comorbilidades (que tienen ya otras enfermedades crónicas) predispuestas a complicarse por el COVID-19″.

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La fase 1 empezó esta semana dirigida a la población mayor de 65 años y al personal sanitario restante no vacunado en la fase 0, que arrancó el 21 de enero pasado.

“Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo recibirán la vacuna los adultos mayores con discapacidad que no pueden moverse de sus casas? ¿La recibirán a través de una visita a sus domicilios?, eso no está claro”, enfatiza Jimbo.

Un esquema de inmunización debe incluir también una síntesis de la valoración científica de las vacunas disponibles y la medición del nivel de eficacia de las tres que ya están en el país. Las dosis son de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

Al igual que detallar la forma y capacidad para detectar posibles eventos adversos, lo que no está incluido en el plan subido en la web. “En otros países se informa, con tantas dosis hemos reducido un tanto porcentaje la mortalidad o hay tantos eventos adversos, pero acá nada de eso”, asegura la especialista.

Mónica Tarapués, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Medicamentos y Seguridad del Paciente, expresa que las vacunas están en un proceso de uso en emergencia, lo que tiene algunas limitaciones desde el punto de vista de la vigilancia.

“Hay tres tipos de vacunas (la de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca) en el país, las tres tienen mecanismos de acción diferentes, pero la vigilancia es común y ahí es donde al plan le falta una pata”, refiere.

“Se ha dicho que todas las reacciones adversas deben ser reportadas, pero no se establecen bien los canales. Nuestra legislación de farmacovigilancia permite que los pacientes notifiquen, pero no sé si a los vacunados les están explicando esa opción porque el formato (establecido desde antes de la pandemia para registrar y estudiar los casos) no es tan fácil, incluso para los profesionales de la salud es un poco complejo”, afirma Tarapués.

Los riesgos pueden ser excepcionales, pero alguien puede quedar afectado, indica. “En el país funciona la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, que investiga estos casos, pero el plan actual de vacunación del COVID-19 no contempla a este, ni a la gente especializada en vacunas”, agrega Tarapués.

73.710 dosis del laboratorio Pfizer arribaron el 10 de marzo del 2021 al aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.

Cuando hay un evento adverso grave se investigan los antecedentes del paciente, el proceso de la cadena de frío de la vacuna, una hoja de ruta que siguen los que trabajan en la Estrategia Nacional de Inmunizaciones.

En un documento adjunto al plan se indica que en la elaboración se tomó en cuenta a la Gerencia Institucional del Programa Ampliado de Inmunizaciones y a los de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones.

En este seguimiento es importante conocer el tipo de vacuna y el lote al que pertenece la dosis que se coloca a los ciudadanos. A esta información se accede con un código QR que se envía mediante email a cada vacunado.

El plan reflejaba cómo se estaba llevando la inmunización. En las semanas anteriores se generó incertidumbre cuando desde el Gobierno se pidió a los adultos mayores que se inscriban de forma electrónica para recibir la vacuna en la fase 1, que empezó el lunes pasado.

Y en el camino se decidió usar las bases de datos de los que reciben los bonos y de los jubilados para ir conformando las listas, dejando a un lado por el momento a los que finalmente consiguieron registrarse con esfuerzo en el sitio web que se caía de forma constante.

Moreno confirmó ayer 25 de marzo en su visita al hospital Ginecobstétrico Luz Elena Arismendi, ubicado en el sur de Quito, que más de 800.000 personas adultas mayores se han registrado en la plataforma digital y que paulatinamente están siendo vacunadas.

Solo en esa casa de salud recibieron ese día la dosis 576 ciudadanos agendados a través del sistema que se maneja junto a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), informó la Secretaría de Comunicación.

Falconí por su parte aseguró que en Guayaquil se realiza un proceso similar: “Estamos con dos puntos de vacunación con ocho equipos que están realizando este proceso ordenadamente”, indicó.

Y aclaró que se afinan detalles de la plataforma de registro para las confirmaciones telefónicas a la ciudadanía: “Este es un plan que lo implementamos y que es perfectible. Estamos asegurando lo mejor”.

Un punto importante es la cadena de suministro de la vacuna. Desde que sale de la empresa productora hasta el pinchazo en la persona.

“Cómo llega, a quién llega, cómo se maneja la refrigeración, la cadena de frío, la distribución a los sitios más pequeños, dónde serán los puntos de vacunación. El plan no dice que se vacunará en los centros de salud del primer nivel, o en los hospitales, o en un estadio, o en un coliseo, que se encargarán los hospitales o los distritos de salud, eso no está y es muy importante”, menciona Jimbo.

Hasta el 23 de marzo pasado apenas 38.647 habían recibido las dos dosis con lo que completan la inmunización.

¿Hay que excluir a los que ya tuvieron COVID-19?

Adultos mayores en Quito accedieron a la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Foto: Cortesía Municipio de Quito

El esquema de inmunización para frenar al coronavirus excluye por el momento, como indica el plan, a los que ya tuvieron la infección.

Los expertos recomiendan que los grupos objetivo deben priorizarse o no según la evidencia científica que en el caso del COVID-19 se produce de forma constante por el nivel de investigación que se ha activado a nivel mundial. De ahí que el plan esté en constante revisión, es decir, debe ser flexible.

“El criterio de excluir a los que ya tuvieron tiene que ser revisado porque la evidencia indica que un paciente que ya tuvo sí puede vacunarse, obviamente no en la etapa temprana, debe pasar algún tiempo de convalecencia y podría vacunarse”, asegura Jimbo. “Se ha establecido que el COVID-19 no deja inmunidad permanente”.

Otra preocupación es cómo se llevará el registro de los vacunados. El plan de Zevallos menciona la creación de un registro nacional de vacunación con la ayuda de la empresa privada, sin dar más detalles.

La forma como se adquirirán las vacunas, los datos de los precios y las condiciones de compra, añade, también deben incluirse en un plan de vacunación. “Debería ser información transparente, lastimosamente hay mucha confidencialidad en el tema de la negociación con la industria”, indica Jimbo.

Los expertos esperan revisar el plan renovado de Falconí, pero dudan de que realmente esté completo por el poco periodo de tiempo en el que dice que lo desarrolló. (I)