Para llegar al bloque 22 de Flor de Bastión hay que pasar por un largo camino de tierra con varias cuestas, sortear montañas de aserrín provocadas al cortar la leña que se quema en hornos improvisados donde se elaboran ladrillos. Al llegar se observan cultivos de plátano, banano y maíz, y los postes de alumbrado público son cañas con un foco al final. De este mismo material están hechas las viviendas y algunas tienen puertas fabricadas con planchas de zinc.

“Si le muestras una foto de este sector a cualquier persona fuera de la zona, no pensaría que es Guayaquil. Te dirá que es el campo”, dice el chofer de un taxi. Nada lejano a la realidad. Este barrio, ubicado en el noroeste de la ciudad, dista mucho de ese Guayaquil que sale en las postales. En este sector, que no tiene agua potable ni alcantarillado, viven Jennifer Vera y Kerly Holguín. Las fuerzas de las circunstancias las obligaron a construir sus casas de caña en esta zona, cuentan.

“Sinceramente yo vivo acá desde hace cuatro meses, pero el solar lo cogí hace un año. A mi esposo le dio COVID-19 y estuvo muy mal, por lo que recién hace cuatro meses empezamos a construir de a poquito”, dice Kerly.

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En tanto, Jennifer asegura tener un certificado de “derecho de posesión” de su terreno desde 2007, pero recién vive en el sector hace cinco meses: “Por la pandemia me vine acá. Antes vivía en el sur alquilando, pero me quedé sin trabajo al igual que mi esposo y la necesidad nos obliga a estar acá”.

En el bloque 22 de Flor de Bastión los niños tienen miedo de que derrumbes sus casas. Foto: Carlos Barros

Cuando parecía que el problema de vivienda estaba solucionado y se paliaba en algo la crisis, les llegó una notificación de desalojo del Municipio. Ellas han sido testigos de cómo maquinaria del cabildo ha derrumbado edificaciones en el sector de Las Delicias.

“Mis hijos chiquitos viven asustados y cuando escuchan un carro piensan que es la maquinaria que nos va a tumbar la casa. Pedimos al Municipio que no nos saque, que nos legalicen y que podamos pagar. Somos personas pobres”, dice Kerly.

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Norma Piloso es vecina de Jennifer y Kerly. Ella también fue notificada con el desalojo de su vivienda. Está consciente de que su terreno no está legalizado, pero que la crisis la orilló a vivir con sus tres hijos en el bloque 22 hace un año.

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“Una camioneta del Municipio vino hace una semana a decirnos que debemos salir del sector, pero yo no tengo adónde ir. Yo vivo sola y no tengo para pagar un alquiler. Le pido a la señora alcaldesa que no nos saque”, afirma.

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El hijo de Norma, que tiene 16 años, trabaja en una panadería de manera informal y es el único ingreso “fuerte” que hay en la casa: “De allí yo me las busco vendiendo cualquier cosa para ayudarme”.

Al preguntarles por qué no han optado por alguno de los programas de vivienda que ha estructurado el cabildo para personas de escasos recursos y así frenar el crecimiento de asentamientos irregulares, las mujeres son claras.

“Tenemos información de todo eso. Fuimos a averiguar porque estar viviendo en esta zozobra no es vida, pero nos piden un sinnúmero de requisitos y lo más fundamental piden que uno gane $ 600 y $ 700 cuando el sueldo básico es de $ 400 y nosotros ganamos menos incluso. Esos planes no son para personas como nosotros”, lamenta Jennifer. (I)