Quince meses demoró Natalia Suárez, de 20 años de edad, en tramitar la calificación para que sea reconocida como una persona con discapacidad. El proceso empezó en febrero del 2021 cuando llamó al 171 y obtuvo la cita que fue asignada en el hospital del Guasmo del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el sur de Guayaquil. De ahí acudió a varias hasta que en mayo de ese año consiguió el certificado médico tras los exámenes y unos siete traslados, recuerda.

Conozca los beneficios que obtiene una persona con discapacidad reconocida por el Estado

El documento impreso tiene un código QR que debe ser escaneado en un centro de salud, como parte de la continuación del proceso. Natalia fue asignada al dispensario ubicado en Portete, en el suroeste de la ciudad, donde la firma digital no era captada por el celular.

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La joven tuvo que regresar al hospital para pedir la firma y sello de la doctora que lo había emitido, lo que consiguió con el malestar de quien la había atendido. Fue lo que le pidieron inicialmente en Portete, cuenta Natalia, pero al retornar le dijeron que se necesitaba escanear y que había que reimprimir el certificado.

“Retornamos al hospital nuevamente, pero nos dijeron que no podían reimprimir y en un papel nos pusieron el nombre y teléfono de la doctora para que la llamen, lo que tampoco aceptaron en Portete. Después conseguimos una reimpresión pero igual no se escaneaba, mientras teníamos que volver a sacar citas y los meses pasaban”.

La discapacidad de Natalia empezó de repente un día de junio del 2020, en pleno confinamiento de la pandemia, cuando no pudo leer las letras chiquitas de unas instrucciones y se percató de que con el ojo derecho solo veía sombras.

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Ella se lo contó a su madre y acudieron a un médico particular en el dispensario del Cuerpo Consular, en el norte de Guayaquil. En la cita le dijeron que tenía glaucoma, una enfermedad en la que el nervio que conecta el ojo con el cerebro está dañado, generalmente debido a una presión ocular elevada. Da a temprana edad o se desarrolla en la vejez, por lo que el caso de Natalia es raro.

“Nadie se explica cómo obtuve una buena visión hasta los 17 años. Algo veo de manera central, perdí la vista periférica y los reflejos, ya no puedo andar sola, necesito ayuda para cruzar la calle. Me recomendaron ir al Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de Enero, pero necesitaba el carné”, dice.

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La demora se repite según la experiencia de padres que también pasan estas peripecias al solicitar la calificación para sus hijos. “Es inaudito, hay personas que la han obtenido pagando sin tener incluso la discapacidad y los que de verdad necesitamos que nos reconozcan tenemos que acudir a un sinnúmero de citas”, agrega Natalia, quien ya tiene el reconocimiento de su condición.

Fue exactamente el 16 de mayo de este año, el último día cuando se cumplía el plazo máximo de la validez del certificado que subieron su información al sistema, cuenta. Si no ocurría, había que empezar de nuevo. Lo logró tras llevar una reimpresión cuyo código sí pudo ser escaneado.

“No sé cómo salió bien, pero el código ya se leía con dificultad, había que escanearlo en un lugar con claridad. En todo este tiempo nos tuvieron entre el hospital y el centro de salud y al final íbamos y nos decían que salía la siguiente semana, que no hay internet, que no hay sistema y así hasta que ya lo conseguí con porcentaje de 49 % de discapacidad”.

Con ello puede acceder a las medidas afirmativas, como descuentos en las planillas de servicios básicos o importar vehículos con exenciones del pago de tributos. Mientras más alto es el porcentaje, mayor es la reducción, de acuerdo a parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades.

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Desde febrero pasado ya no se entregan carnés a las personas con discapacidad, sino que tras la calificación en la red pública del MSP hay que renovar la cédula de identidad en la que aparece la condición, el porcentaje y tipo. Son 12.236 personas las que entre febrero y agosto de este año obtuvieron la calificación a través de este nuevo mecanismo, un 2 % del total que tiene una discapacidad reconocida por el Estado, los que suman 619.135 ciudadanos incluidos los carnetizados por el Conadis (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades), que los entregaba hasta el 2014, y el MSP.

Tatiana Escobar, secretaria técnica del Conadis, dice que la calificación siempre ha sido una competencia del MSP, ya que responde a criterios técnicos que evalúa un médico, psicólogo y el trabajador social. “Se hace bajo un manual del que está en elaboración una nueva versión, que cuenta con el aporte de la sociedad civil y gremios. Será publicado en su momento, según la normativa del país”.

Además, agrega, se necesita la activación de más equipos de calificación para mejorar la atención. “Ahora son 120 los que llevan adelante los procesos a nivel nacional, siempre la demanda va en alza. La idea es que la atención sea in situ y que las personas con discapacidad no tengan que desplazarse o que lo hagan lo menos posible, tenemos provincias con distancias muy extensas”.

En julio del 2020, tras las denuncias de que asambleístas, funcionarios, deportistas, jueces y personas involucradas en corrupción habían obtenido el carné de forma fraudulenta para acceder a los beneficios tributarios, el Conadis firmó un convenio con el Servicio de Rentas Internas, Fiscalía General del Estado y el MSP para dar seguimiento a los casos de irregularidades.

Entre las anomalías está la falta de exámenes médicos que avalen la discapacidad del solicitante.

“Desde mi llegada a la secretaría técnica del Consejo (en julio del 2021) ya había un marco jurídico que nos daba las pautas, hemos respondido cien oficios para colaborar con la investigación penal de la Fiscalía relacionada principalmente con el delito de la asociación ilícita. No conviene a ninguna sociedad que se enquisten procesos de impunidad menos en acciones afirmativas que la sociedad ha identificado que deben llegar a un grupo determinado de personas. La indignación es compartida entre las personas con discapacidad y los contribuyentes”, asegura Escobar.

Este Diario solicitó información del número de procesos iniciados por la Fiscalía sobre la emisión fraudulenta de los carnés y los casos sentenciados, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este contenido.

El organismo realizó allanamientos y detenciones, en julio del 2020, tras las denuncias de irregularidades. Incluso en una casa dentro de una urbanización privada de Guayaquil se encontraron carnés obtenidos de forma fraudulenta, según dijeron las autoridades en ese entonces. Además, por la obtención del documento se cobraba 1.300 dólares.

Y hasta octubre del 2020 se habían iniciado 47 investigaciones por los delitos contra la fe pública, defraudación tributaria, asociación ilícita y delincuencia organizada, según informó la entidad.

La Asamblea censuró y destituyó del cargo al asambleísta Fabricio Villamar, por la obtención, uso y abuso de su carné de discapacidad de forma irregular, el 10 de marzo de 2021 con 107 votos a favor, antes del cambio de régimen.

El MSP informa que ejecuta una depuración y hay procesos administrativos en contra de los funcionarios involucrados en la emisión de los carnés. Edy Quizhpe, director nacional de Discapacidades del MSP, indica que se inactivaron mil de ellos otorgados con irregularidades.

Entre los carnés de discapacidad eliminados está el de Daniel Salcedo, implicado en una trama de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y quien había intentado importar un auto de lujo valorado en cien mil dólares usando la condición y el documento, con lo que iba a recibir rebaja de aranceles y de tributos. Esto finalmente no ocurrió, ya que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) no dio paso al trámite por inconsistencias en la declaración.

Salcedo fue sentenciado por peculado y fraude procesal tras ser acusado de actos de corrupción ocurridos durante la pandemia del COVID-19.

Otra de las medidas establecidas tras las denuncias de irregularidades del 2020 es que el Senae debe pedir la verificación del carné al MSP antes de la importación de bienes (vehículos y ayudas técnicas) con exención de tributos, indica Quizhpe. Si hay dudas, se rechaza el trámite, añade.

Los carnés de discapacidad obtenidos antes del 8 de febrero de 2022 tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2023, según dispuso el Conadis. Un total de 400.000 personas tienen hasta esa fecha para actualizar su cédula de identidad, en la que aparecerá su condición y porcentaje. “El trámite es gratuito y con preferencia, pero hay que hacerlo ordenadamente y asegurando que el Registro Civil no tenga problemas con las especies de los plásticos, por eso estamos organizando una campaña para difundir este trámite y cómo se hará de forma progresiva”, manifiesta Quizhpe.

Beatriz Avilés, coordinadora de la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad Intelectual, afirma que las denuncias por tramitar el carné de forma irregular a cambio del pago de coimas no son nuevas, al igual que las demoras para obtener el reconocimiento por la vía legal.

“Hay que llamar al 171, esperar las citas, es un trámite que demora, siempre ha sido así. Esto de carnés falsos y de aprovecharse no es de ahora, estas denuncias ya tienen años y han caído en oídos sordos”, asegura la dirigente.

Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades fue publicada en junio pasado

El Conadis publicó el 24 de junio pasado en el Registro Oficial la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021-2025 que incluye doce ejes en función de la protección de las acciones afirmativas.

“Se trata de un instrumento técnico que marca el trabajo del Conadis de manera integral para la atención de las personas con discapacidad”, indica Escobar.

Sin embargo, la emisión fraudulenta de carnés evidencia la intención de aprovecharse de las medidas afirmativas establecidas a favor de este grupo poblacional.

“La filósofa Adela Cortina diferencia entre empatía y compasión. La empatía es sentir y pone ejemplos. Hasta el verdugo sabe cómo sentir, siente hasta donde le duele al otro y lo tiene torturado hasta no matarlo, entonces un torturador es muy empático. La compasión es esta actitud de ubicar el bien jurídico que le corresponde a la dignidad de la persona que tiene una condición. Deberíamos caminar hacia la compasión, no basta solo con la empatía que ya ubica el sentimiento del otro, pero la compasión nos mueve a identificarlo en relación de su dignidad y de la equiparación en torno al ejercicio de su derecho, es un paso más, no me basta solamente con sentir la condición sino en reparar la asimetría que plantea la condición”, asegura Escobar.

Es una cuestión de sentir y reparar con acciones. Hay falencias como la falta de garantías para que las personas con discapacidad se movilicen en las ciudades del país. “El tema de barreras de accesibilidad al medio físico está pendiente, latente, como no nos damos cuenta que los que van en silla de ruedas necesitan un cajero a una altura suficiente”, acota la especialista.

Laura Chávez, miembro de la Asociación de Ciegos y Amigos de los Ciegos del Guayas (Acacig) y que tiene tiene una discapacidad visual total, afirma que hay un desconocimiento de que las personas de este grupo pueden seguir siendo productivas tras procesos de preparación y rehabilitación.

Ella obtuvo el carné del Conadis (con un porcentaje del 100 % por su discapacidad visual total) cuando tenía 26 de los 46 años que tiene ahora. Fue diagnosticada con uveitis bilateral (una forma de inflamación ocular) y rubeosis, ambas son enfermedades inusuales y le provocaron la pérdida total de la visión.

Ante este diagnóstico y condición su empleador decidió jubilarla por invalidez en ese entonces, pero Laura siguió preparándose y ahora estudia trabajo social.

Calificación de la condición depende de tener ciertas enfermedades discapacitantes

Hay enfermedades que causan discapacidad en el tiempo, pero no son reconocidas y se niega la calificación, indica Margarita Vásquez, presidenta de la Fundación de Apoyo a Enfermos con Trastornos Hipofisarios. “Nos dicen que la enfermedad no califica, como nos ven caminando y no nos falta ningún miembro, no podemos acceder, pero hay personas a quienes la discapacidad no se nota en lo físico, se debería considerar y tomar en cuenta estos factores”.

En este grupo están las personas con acromegalia, trastorno que se manifiesta en los adultos en el que la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. Los síntomas incluyen el agrandamiento del rostro, las manos y los pies.

Chávez si obtuvo una recalificación en 2016 en la que se determinó un porcentaje del 82 % con una discapacidad visual total. “En el carné del Conadis tenía el 100 % y con la recalificación del MSP me bajaron a lo que tengo ahora, en ese momento no me dieron una explicación lógica de la disminución, pese a que soy 100 % ciega, tenga una discapacidad visual total”.

Ahora que estudia los derechos en la carrera de trabajo social que sigue entendió las razones, afirma: “Encontré la información que no siempre proporcionan sino cuando uno exige y es que la discapacidad tiene un peso en si del 75 %, como soy ciega total, tengo un 75 % por discapacidad visual y el otro 25 % va a depender de las habilidades y destrezas que haya desarrollado, de mi independencia y situación socioeconómica, el problema es que no lo explican”. (I)