El Hogar del Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) es un centro gerontológico residencial que acoge a pacientes remitidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), pero no recibe asignación estatal establecida mediante convenio con esa entidad gubernamental.

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La Norma Técnica de la Población Adulta Mayor indica que los centros gerontológicos privados o que se manejan de forma independiente tienen la obligación de cubrir el 5 % de su capacidad con adultos mayores que señale el MIES por estar en pobreza o vulnerabilidad y que requieran una atención integral.

En el Hogar del Corazón de Jesús, cuenta Camila Valdivieso Grimmer, jefa de Gerontología del sitio, se supera ese porcentaje, ya que 200 de los 270 asilados corresponden a este grupo que requiere de la atención estatal y recibe el servicio a precio subsidiado.

“Lo más difícil (en la actualidad) es que las familias ya no pueden entrar de forma constante a la institución. Antes de la pandemia éramos de puertas abiertas, las visitas podían ingresar de lunes a lunes en horarios cómodos hasta las 18:00″, dice.

Los adultos mayores son considerados en la Constitución como parte de los grupos vulnerables, por lo que requieren de una atención integral. “Ahora implementamos videollamadas, instalamos mamparas de acrílico para realizar visitas a través del mismo con bioseguridad, nos manejamos con agendamiento de citas, pidiendo a los familiares que presenten su certificado de vacunación al día. De esa manera mantenemos los vínculos sociales, que son lo más importante”, indica Valdivieso.

Los asilados se sirven de la red de atención médica y social de la JBG, lo que fortalece la atención en este centro gerontológico ubicado en Guayaquil. “Gracias a que somos dependencia de la Junta de Beneficencia, que mantiene un aparataje de recepción de donaciones y de las contribuciones que hace todo el Ecuador, entonces no hemos tenido mayor diferencia en los ingresos que percibíamos para mantener funcionando al Hogar”.

Lo que sí se ha frenado son las presentaciones artísticas o las visitas de estudiantes de colegios en el Hogar y las salidas de los asilados a distintos puntos.

Los que conocen de casos de adultos mayores que necesiten de esta atención integral, porque están en condición de pobreza o vulnerabilidad, o estén interesados en ingresar pueden enviar un correo a la dirección infocorazondejesus@jbgye.org.ec con la información necesaria.

El proceso incluye la valoración médica y el adulto mayor tiene que conocer el sitio, ya que debe dar su autorización y aceptar vivir en el Hogar, indica Valdivieso. “Se determina qué tipo de vivienda le conviene más, ya sea compartida o privada”.

La mayor parte de los asilados accede de forma gratuita o con subsidio parcial con contribuciones mínimas. Las habitaciones totalmente privadas (pensionado) cuestan desde $ 375 en adelante, incluyendo alimentación, los contribuyentes pagan $ 200 al mes y los cupos en salas generales son sin costo. Estos últimos son para personas que no tienen familia o no pueden cubrir sus necesidades en su entorno.

La demanda es alta. “Nos manejamos con cupos, y durante la pandemia tuvimos que reducir el aforo de las salas compartidas. Muchas familias perdieron el sustento y ya no podían tener a sus familiares de la tercera edad“, manifiesta Valdivieso.

Ramiro Echeverría, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y experto en políticas de salud pública, indica que los lineamientos de la política nacional de salud respecto a la vejez plantean “fortalecer la cobertura y la calidad de la atención de salud con énfasis en el ámbito local”.

Al igual que “fomentar la solidaridad intergeneracional con la participación de la familia y comunidad, frente a la situación de los adultos y adultos mayores, desarrollar mecanismos de protección social que apunten a la seguridad, a través de la coordinación interinstitucional y extrasectorial y la incorporación en el desempeño del personal el enfoque geriátrico-gerontológico, en la atención de salud en todos los niveles”.

Otro de los planteamientos, dice Echeverría, es incorporar, implementar y mantener los registros de adultos mayores en el sistema de información del Sistema Nacional de Salud, desarrollar y fortalecer procesos de promoción de la salud orientados a estos grupos, promover la cultura del envejecimiento activo y productivo en la población en todos los ámbitos institucionales, sociales y comunitarios. y fomentar investigaciones en las áreas de gerontología y geriatría.

Según cifras oficiales, el 45 % de los adultos mayores viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

El 42 % vive en el sector rural y el 14,6 % de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo.

Además, el 14,9 % son víctimas de negligencia y abandono y el 74,3 % no accede a seguridad social de nivel contributivo, según varias fuentes de instituciones estatales.

Valdivieso afirma que hay dos grupos de adultos mayores desde sus posibilidades de atender su calidad de vida. Los jubilados y los que no. “A los segundos, el Estado debe procurar suplir sus necesidades. La prevención y el cuidado es una estrategia efectiva para acortar costos a largo plazo por enfermedades, deterioro, discapacidad y dependencia”.

En el caso de los jubilados, dice Valdivieso, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debería incluir dentro de su abanico de servicios no solo las atenciones médicas para prevenir o curar una enfermedad, sino también una residencia como ocurre en otros países. “No necesariamente para los que no tienen opciones donde vivir, sino que hay personas que quieren estar con sus similares con servicios acordes a su edad. Debería ser un servicio que ofrezca el IESS”.

‘Con las asignaciones estatales solo se cubre a tercera parte de población adulta mayor que lo requiere’

En Ecuador “no hay una verdadera conciencia de la problemática de la tercera edad y sus múltiples necesidades, aparte del impacto que ya tiene su crecimiento poblacional”, indica Echeverría.

“Ello se expresa en los limitados recursos asignados a los programas y servicios sociales que se estima apenas cubren a una tercera parte del total que requiere de la protección pública, aparte de los estereotipos vigentes que no permiten visualizar un enfoque integral para un envejecimiento activo en la sociedad”, asegura el especialista.

En el área de salud, añade Echeverría, “hay una creciente demanda de atención médica por enfermedades crónicas como las cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, cáncer, discapacidades, trastornos mentales, etc., que no se corresponden con las limitaciones de los servicios gerontológicos y la escasez de profesionales en esta materia”.

El enfoque de intervención debe priorizar la promoción de condiciones de vida saludables, la prevención de enfermedades y no solo el tratamiento y rehabilitación, menciona Echeverría. “Una revalorización de su papel en la sociedad, el respeto a su integridad y el trato digno necesario en toda circunstancia”.

El planteamiento de “envejecimiento activo y saludable es todavía una quimera para la población de la tercera edad y requiere de una visión integral con componentes biológicos, psicológicos y sociales, así como la intervención articulada de la familia, la comunidad y el Estado, especialmente del Ministerio de Salud Pública como ente rector y la coordinación con el MIES, las entidades de seguridad social (como el IESS) y los Gobiernos autónomos descentralizados”.

La expectativa de vida en Ecuador calculada para el 2020 es de 77 años y se estima que en 2050 sea de 82 años de edad promedio.

Un 7 % de la población nacional tiene 65 años o más, porcentaje que se prevé suba al 16 % para 2050, según las proyecciones. (I)