El mercado de licencias de conducir que operó libremente durante una década en Ecuador

En la esquina de una manzana de Sauces 4, un barrio del norte de Guayaquil, hay un cartel con la leyenda “Trámite-licencia” con el que se oferta la emisión de permisos de conducir. Otras copias de la hoja con letras negras también han sido adheridas con cinta o goma en paredes de cantones cercanos, como El Triunfo, Milagro y Durán.

Noticias relacionadas

Tramitadores ofrecen supuestos turnos de renovación de licencia por $40, en exteriores de la CTE

ANT anula 35.000 licencias fraudulentas. Así puede conocer el estado de la suya

“Me causa admiración ver este tipo de publicidad en Durán. Y cuando te acercas a la entidad pública, no hay turnos, debes esperar dos meses, y ellos (quienes gestionan de forma ilegal) te lo tramitan el mismo día”, cuestiona Juan José Munizaga, un joven que se encontró con esa escueta publicidad hace unas semanas durante su hora de ejercicios matutinos.

Hace unos meses, él logró habilitar su permiso de conducir. En su visita a una oficina de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dice, era evidente la presencia de tramitadores que pedían hasta 120 dólares por una renovación de licencia. “Es un mal que nunca acabará en Ecuador”, comenta.

El número telefónico del panfleto que vio Juan José sí funciona, de hecho contestan por mensajes de texto ante las consultas sobre cómo tramitar un permiso de conducir: “Le hacemos el trámite, pero tiene que ir a la agencia a tomarse la foto y a firmar. La licencia profesional tiene un costo de 1.300 dólares”.

Los ofrecimientos de trámites de emisión de licencia por primera vez, duplicados o renovaciones de ese y otros documentos también son comunes entre los artículos que se ofrecen en el sitio de comercio electrónico OLX o en la tienda de Facebook.

Ese tipo de trabajos ilegales no solo los realizan personas de manera independiente, sino también organizaciones delictivas que han emitido a diario esos permisos de manera irregular. Según la data y testimonios obtenidos para esta investigación de EL UNIVERSO y Connectas, las dinámicas son recurrentes e involucran a funcionarios de la ANT que aprovechan su posición y las debilidades del sistema informático para beneficiarse de un negocio paralelo por casi una década.

Esa actividad no responde a los datos oficiales que maneja la entidad de tránsito, cuyos registros más completos y recientes datan de 2015. La estadística de los servicios relacionados con permisos de conducir de años anteriores está incompleta o no existe, según el área de Comunicación de la ANT.

En la data obtenida para esta investigación, desde enero de 2015 a agosto de 2021, se identifica a las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay y El Oro con la mayor cantidad de transacciones; solo las cinco concentran el 63 % de esos servicios. En esas provincias también se ha evidenciado la operación de tramitadores o redes de trámites irregulares, de acuerdo con los seguimientos judiciales.

Un sistema informático vulnerable

Las transacciones de emisión de licencias, modificaciones de puntos del permiso de conducir, registro de multas, matriculación de vehículos, entre otros servicios, se realizan en el sistema informático AXIS 4.0, el software que adquirió la ANT para mejorar la administración de los registros de cada una de sus prestaciones y el manejo de los datos de sus usuarios. El 13 de diciembre de 2012, la institución suscribió el contrato n.º 058DE-DCP-ANT-2012 para la adquisición de un sistema único integrado de tránsito a nivel nacional con la empresa Yoveri S. A. -invitada directa en un proceso contractual bajo la modalidad de régimen especial- por un monto de 1,1 millones de dólares.

Sin embargo, la implementación de esa plataforma digital no fue la solución que esperaba la institución, ya que experimentó fallas y accesos no autorizados a la base de datos que han comprometido los servicios y los registros en varias ocasiones, según revela un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado y de investigaciones del servicio de Inteligencia al que tuvimos acceso.

En el reporte sobre la disponibilidad y operatividad del Sistema Único Integrado de Tránsito, aprobado el 11 de abril de 2019, se señala que la ANT suscribió el acta de entrega-recepción definitiva del contrato con Yoveri el 15 de abril de 2015, y que semanas posteriores el sistema generó inconvenientes en trámites de transferencia de dominio de vehículos, errores en la impresión de stickers, en los valores a pagar, asignación de turnos de matriculación vehicular, entre otros problemas. “Los inconvenientes persistieron, reportándose 4.048 incidentes relacionados con los procedimientos de matriculación vehicular al 12 de abril de 2017″, se indica en la página 12 del informe. Hasta el 31 de diciembre de 2017 -fecha de corte de la auditoría- continuaron los problemas.

Las seguridades para acceder a la base de datos única de la ANT también fueron observadas por el equipo auditor.

En el análisis se detectó que se podía acceder desde cualquier conexión de internet, sin restricciones, a los servidores donde está alojada la base de datos del Sistema Único Integrado de Tránsito, con la posibilidad de tener disponibles métodos para interactuar o actualizar información de vehículos, propietarios, bloqueos, entre otros.

Otra debilidad que se identificó estaba relacionada con la falta de un listado de usuarios de bases de datos que eran usados por los municipios, ni los permisos si es que se otorgaron. Por ejemplo, el usuario de la base de datos que usaba la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala presentaba libre acceso para la lectura de 22 tablas de datos y 27 vistas de bases de datos, actualización de bases de datos, sin que esas acciones tengan la autorización de la agencia de tránsito, de acuerdo con el reporte del organismo de control.

Esas debilidades de la infraestructura tecnológica se sumaron a las amenazas que en 2016 había identificado la otrora Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que realizó un análisis de los equipos usados por funcionarios de la agencia de tránsito y al tráfico de información de la red estatal. Con base en esas pericias, la ANT presentó una denuncia el 2 de mayo de 2016, pero esta no aparece en los registros de consulta pública de la Fiscalía, el 7 de diciembre pasado.

Los investigadores revisaron las conexiones entrantes y salientes de la red de la ANT y detectaron que existía una dirección IP externa (dirección única para identificar a un dispositivo en internet), es decir, ajena a sus sistemas, que tenía conexiones frecuentes a equipos internos de la ANT. Esa IP externa registraba una dirección de Orlando, Florida, Estados Unidos.

“Contrataron un servidor, un aparato informático que almacena, distribuye y suministra información, con una seguridad de cifrado compleja. Quienes se conectaban al servidor lo hacían con un dispositivo donde abrían Linux, un sistema operativo alternativo que puede ser ejecutado desde una memoria USB. Ahí tenían todo el sistema operativo (máquina virtual) y se complicaba la captura de ese tráfico o su origen”, explica a EL UNIVERSO una fuente relacionada con el análisis forense digital.

Con ese dispositivo móvil, por ejemplo, el portador podía conectarse desde Quito al servidor en Estados Unidos y, desde ahí, entrar al sistema de la ANT donde estaba alojada la base de datos. “(Con ayuda adicional) nosotros identificamos que se movía a Guayaquil, Quito, Cuenca. Hacía multipunto, pero el rango era muy amplio como para establecer una ubicación exacta”, detalla el especialista en informática.

Como parte del análisis forense, los investigadores identificaron un malware (programa malicioso) en equipos computacionales de la institución, que eran activados a través de una aplicación de Windows para burlar cualquier antivirus.

“Para que el virus pueda ingresar a la institución, una persona tuvo que haber sido manipulada o engañada enviándole un correo electrónico o una flash memory que al conectarla puede activarse un AutoRun (programa ejecutable) que podría ser un virus. O está la otra opción, que pudo haber sido ejecutado deliberadamente por alguien de la institución”, explica Fernando Illescas, un perito en informática consultado por este Diario. El especialista considera que dentro de las instituciones públicas, sobre todo cuando se maneja información sensible, debe existir un sistema de grabación de video permanente.

En las auditorías que se ejecutaron entre junio y octubre de 2016 se identificaron modificaciones a las bases de datos de licencias de conducir y eliminación de multas, por ejemplo. Se utilizaron usuarios de empleados de la ANT desde computadoras no autorizadas para tener ese tipo de acceso. Y se identificaron usuarios de colaboradores que no deberían tener permisos para manipular los registros, según el reporte de Inteligencia, que revela “cambios ilegítimos en la base de datos del sistema de licencias de conducir y malware detectado en los equipos”.

En la parte final del análisis, los investigadores reportaron otra anomalía en el tráfico de información. En una dirección IP que utilizaba la empresa Yoveri “para dar el soporte a todo el sistema de ANT” se identificaron cadenas de texto que estaban relacionadas con un usuario y nombre de equipo de cómputo con los que se hicieron modificaciones irregulares a la base de datos del organismo de tránsito.

La fuente que tuvo acceso a la investigación asegura que era más fuerte la actividad de agentes externos cuando se ubicaban en Guayas, es decir, que se hacían más transacciones ilegales al sistema de la ANT, particularmente en Guayaquil y Samborondón. “Sabían al pie de la letra el código del sistema AXIS, de su base”, agrega.

EL UNIVERSO solicitó una entrevista a la empresa Yoveri, domiciliada en La Puntilla, Samborondón, para conocer su postura sobre el informe, pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.

Tampoco el fiscal que conoció la denuncia basada en la auditoría del personal de Inteligencia quiso referirse al tema. El Departamento de Comunicación de la Fiscalía argumentó: “Por el momento no es factible dar paso a su pedido, dado que la NDD (noticia del delito) se encuentra en proceso de archivo”.

Redes de tramitadores, un mal de larga data

Los ciudadanos que acuden a los tramitadores se arriesgan a recibir documentos que podrían ser falsos, aunque en varios operativos que la Policía ha ejecutado también se han hallado papeles originales, es decir, documentos que han sido adquiridos por la institución en su aprovisionamiento normal, pero que presuntamente han sido desviados por funcionarios de la entidad.

La CTE dejará de emitir licencias por ser un foco crítico de corrupción en sus instalaciones, dice Carlos Balarezo, director de esa institución

Hay estructuras más complejas que participan de este mercado negro de trámites de tránsito y que operan como circuitos en varias ciudades donde hay oficinas de la ANT, revela la fuente que tuvo acceso a la investigación de Inteligencia ejecutada en 2016.

Una de esas estructuras delictivas operaba con personas que ejercían diferentes roles: el tramitador captaba los clientes, él entregaba el dinero a otra persona que era la responsable de recaudar el dinero y los pedidos de trámites de la jornada de una o varias agencias. El recaudador llevaba el dinero al jefe de la operación, quien entregaba una parte del dinero al funcionario público con el que trabajaban, según el informante. Si se trataba de una licencia profesional, se cobraban unos $ 500, que se dividían entre los eslabones de la operación, por ejemplo.

“Eran como unas diez personas que iban rotando (…). Este sistema blindaba a la organización si caían los miembros más rasos”, detalla la fuente.

Si la Policía lograba detener al tramitador, este desconocía la información sensible de la organización porque solo tenía contacto con el recaudador, a quien le entregaba el dinero y el número de cédula del interesado en adquirir el documento. En ocho días, la organización entregaba las licencias de conducir. La persona que hacía la entrega del documento se reunía con el tramitador en un lugar distinto del contacto inicial. Ahí el tramitador daba la diferencia del monto pactado por el permiso de conducción.

Estas organizaciones aprovechan la necesidad que tienen cientos de usuarios de los servicios de tránsito que no obtienen solución pese al largo tiempo de espera, como Fabián Rodríguez, un ciudadano que desde el año pasado solicitó formalmente a la ANT un permiso para instalar unas láminas polarizadas en las ventanas y parabrisas de su carro, para protegerse del sol por un problema de salud en la piel.

“Pedí a la ANT para que me dé luz verde para instalar las láminas, por seguridad, y tengo mi certificado de mi dermatólogo que dice que no puedo andar en el sol, pero la ANT me ha negado y ya ni siquiera responde, pero me meto a redes sociales y le digo a un señor que me ayude a sacar el permiso de polarizados y me dice: ‘Ya, no hay problema, son 75 dólares y le doy un certificado original, me demoro 15 días’”, asegura Rodríguez, quien comenta que denunció esto a la agencia, aunque tampoco ha recibido una respuesta.

Según el director de la ANT, Adrián Castro, se realizan mejoras en las seguridades informáticas y en los protocolos de atención de las oficinas de la entidad, como el proceso para blindar el sistema de asignación de turnos, que presentaba constantes problemas por las acciones de tramitadores que se las ingeniaban para captar los cupos con la ayuda de ciertos funcionarios públicos.

“En este momento estamos con un sistema de bloqueo, se acabó el negociado de los turnos. Venga a la agencia para que vea cómo está de holgado el turnero. Tenemos en todas las agencias turnos para diciembre, tenemos un montón. Antes teníamos turnos disponibles para agosto del 2022″, asegura Castro, quien advierte a la ciudadanía que no se deje engañar por los ofrecimientos de turnos que aún persisten en redes sociales.

Según Castro, los tramitadores -que aprovecharon la fragilidad del sistema de agendamiento- vendían el mismo turno a varias personas que acudían a los negocios donde operaban, muchas veces, en los alrededores de las agencias de la ANT o por redes sociales. Una vez que vendían un turno, lo anulaban y volvían a ofrecerlo. Esto generó un problema de falta de disponibilidad de espacios hasta abril del siguiente año.

En Facebook hay decenas de anuncios que ofrecen trámites de tránsito. En una de las publicaciones, una persona dice que dispone de turnos en Guayaquil a cambio de un pago de 15 dólares, que se hace a través de medios digitales luego de recibir una supuesta captura de pantalla del sistema.

En otras ciudades, como Santo Domingo, el costo de los presuntos turnos, hasta hace unas semanas, ascendía a 100 dólares, según una fuente que pidió la reserva de su identidad. Ese valor, afirma, se reparte entre supuestos funcionarios públicos que operan coordinadamente a través de mensajes de WhatsApp.

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una de las principales jurisdicciones que concentran la procedencia de la mayoría de las 35.000 licencias de conducir con irregularidades que la ANT anuló hace más de dos meses. De igual manera, Guayas, Pichincha y Azuay tienen una gran participación en ese registro. Otros 50.999 permisos también presentan anomalías y serán dados de baja en el sistema, informó la entidad de tránsito hace pocos días.

El perjuicio económico para el Estado del primer grupo de documentos irregulares asciende a más de 2 millones de dólares, asegura el director de la ANT a este medio.

Sin embargo, el monto de dinero que ha dejado de ingresar a las arcas estatales por la operación de un sistema paralelo de trámites sería mucho mayor. “Se estima que las pérdidas económicas de la Agencia Nacional de Tránsito, ocasionadas por los atacantes, es de alrededor de 20 millones de dólares americanos, aproximadamente”, se detalla en el reporte de Inteligencia del análisis que se hizo entre septiembre del 2016 y enero del 2017.

EL UNIVERSO tuvo acceso a los registros de las 35.000 licencias de conducir con anomalías que fueron anuladas por la ANT. Los datos evidencian que las licencias tipo B y E tuvieron más demanda y que una parte de los beneficiarios de los documentos es originaria de provincias distintas de las agencias donde se hicieron los trámites.

¿Cómo ha actuado la justicia para combatir la corrupción?

La oferta ilegal de trámites de tránsito, que es pública y con mayor notoriedad en los últimos años por la proliferación de anuncios en redes sociales, no ha sido ajena a la vista de las autoridades de turno y del sistema de justicia.

El problema ha persistido sin una clara solución. La Fiscalía ha receptado 103 denuncias o noticias del delito relacionadas con la emisión irregular de licencias de conducir y vulneración del sistema informático de la ANT, del 1 de enero de 2010 al 22 de octubre de 2021. Solo el 8 % de las investigaciones llegó a juicio y registra sentencia condenatoria.

De los ocho casos que registran una sentencia condenatoria se desprende la investigación que emprendió la Fiscalía en el 2017, con la que se desmantelaron estructuras que tramitaban varios documentos de tránsito.

En el operativo Sinergia III, que se ejecutó la madrugada del 13 de diciembre de ese año, la Policía detuvo a más de 50 personas en diez provincias. Dos años después, doce personas fueron sentenciadas por el delito de delincuencia organizada: siete recibieron tres años de cárcel y cinco, un año de privación de libertad.

Entre los condenados había un policía en servicio activo y en ese entonces un exdirector de la Secretaría General de la ANT, según los registros judiciales.

“Se pudo establecer dentro de la investigación que el señor Richard Jara utilizaba el teléfono 0999338XXX y se comunicaba con el señor Víctor Salazar que tenía el número 0984284XXX, mismos que de las conversaciones se desprendía que trataban sobre aspectos de cambios de frecuencias de cooperativas de transporte como por ejemplo la Patria-Putumayo y por ello cobraban sumas altas de dinero”, se lee en el proceso judicial que recoge las actividades que realizaban los procesados. Ellos operaban en grupos independientes para ofrecer ciertos servicios, como emisión de licencias profesionales, cambio del tipo de licencia, recuperación de puntos de la licencia, eliminación de multas, entre otros, por los que se cobraban entre 125 dólares y 30.000 dólares, de acuerdo con los documentos judiciales.

Según la investigación, los condenados, que integraban varios grupos que operaban en Quito, Guayaquil y Babahoyo realizaban trámites ilegales utilizando usuarios digitales que se habían asignado a funcionarios de la ANT. Con esas credenciales modificaban registros en el sistema AXIS 4.0.

El fiscal Giancarlo Almeida explica que las investigaciones de ese tipo de casos demoran por la complejidad que representa hallar las pruebas de los nexos, cargos y modo de operar de los miembros de las organizaciones involucradas en esos hechos.

“Por el hecho de que yo me reúna con una persona no puedo demostrar que exista una asociación ilícita. El registro de esa reunión me va a servir conjuntamente con otro elemento para sustentar una acusación. Por ejemplo, las escuchas telefónicas. Incluso, la ley prevé los agentes encubiertos con la finalidad de identificar cuáles son las personas que se dedican a este tipo de actividades”, indica el operador de justicia que ha investigado casos similares.

Las investigaciones también dependen de la colaboración de la ciudadanía, justifica Almeida, porque en muchas ocasiones no se presenta la denuncia o no se asiste a los llamados de las diligencias.

Un nuevo sistema para administrar los servicios de la ANT

A casi diez años desde que la ANT contrató una solución tecnológica que más bien registró fallas y presentó vulnerabilidades en su seguridad, según los reportes oficiales, la entidad prepara un proceso contractual para buscar un nuevo software para administrar con eficiencia y transparencia los servicios de tránsito.

Actualmente, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) da soporte a las comunicaciones electrónicas de la ANT, con la subcontratación de Yoveri.

Mientras se blinda tecnológicamente, el organismo de tránsito también supervisa las acciones de los funcionarios, afirma Castro, porque está “convencido de que hay complicidad con gente de adentro” de la entidad. Sin embargo, comenta que no es fácil depurar la institución cuando hay servidores con nombramientos permanentes, que no pueden ser cesados sin un debido proceso judicial y administrativo.

El funcionario insiste en que ha presentado varias denuncias y que la Fiscalía tendrá que investigar para determinar responsabilidades en un proceso judicial.

El negocio que se mueve alrededor de la emisión irregular de licencias de conducir, matriculación de vehículos, recuperación de puntos, eliminación de multas, entre otros trámites, ha develado que la presencia de las mafias se registra en casi todas las provincias del país y que su poder ha permeado en diferentes niveles de la institución rectora del tránsito. Ante este problema, usuarios de la entidad y ciudadanos que transitan por calles y carreteras de la nación esperan que se ejecute una verdadera depuración. (I)

Este reportaje fue realizado para EL UNIVERSO y Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ).