‘Las estructuras narcodelictivas ya no solo apoyan campañas políticas en Ecuador, sino que ahora están poniendo candidatos’, dice Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio, legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, rechaza las acusaciones de un portal digital de Miami, Estados Unidos, que lo involucran en un supuesto “negociado” con farmacéuticas, una red de extorsión y como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Afirma que esto es una campaña orquestada por el correísmo y bandas narcodelictivas. Añade que sus denuncias sobre varios candidatos a las diferentes dignidades seccionales de la Revolución Ciudadana involucrados con el narcotráfico han provocado la campaña en su contra. Villavicencio indica que sigue levantando una investigación sobre los candidatos y que en los próximos días revelará más detalles. Toda esta indagación se desprende —dice— a raíz de la foto filtrada donde aparece el asambleísta correísta Ronny Aleaga en una piscina con Xavier Jordán, quien está implicado en un caso de delincuencia organizada en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Guayaquil, y está prófugo desde el 2020.

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Usted ha señalado a Romel Cedeño, actual postulante por el correísmo para la Alcaldía de Tosagua, de tener conexiones con el narcotráfico. Cedeño ha desmentido esta acusación y la ha calificado como “difamaciones”. ¿Qué pruebas tiene usted?

Yo estoy realizando una investigación bastante amplia sobre este tema a raíz de la fotografía de la piscina (donde aparecen Aleaga y Jordán) y a raíz de la captura de Leandro Norero y sus vínculos. Lo que he revelado ahora son los vínculos del candidato del correísmo Romel Cedeño. Él tiene vínculos con al menos dos empresas relacionadas con la exportación de productos del mar con antecedentes de estar vinculadas con otro ciudadano vinculado al narcotráfico que fue capturado en Colombia.

Además, él también tiene una empresa constructora que mantiene no necesariamente contratos, (pero sí) trabajos y servicios puntuales con los municipios de Tosagua y Manta. En un operativo en 2011, la Policía lo capturó y lo vinculó con una red narcodelictiva, en particular en la construcción de una narcopista en Manabí. Esto que he revelado es muy pequeño en comparación con lo que se va a revelar en los próximos días.

¿Presentará esta denuncia en la Fiscalía?

Pero por supuesto. Yo soy un legislador serio. En todos mis casos desde el periodismo de investigación, cuando no tenía ninguna responsabilidad política, lo hice, como por ejemplo el caso Arroz Verde, la refinería de Esmeraldas. Y ahora es mi obligación como legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización.

Su denuncia implica que el narcotráfico se ha infiltrado hasta en los municipios…

El caso Leandro Norero abrió una puerta para saber cómo el capital vinculado al narcotráfico se lava en contratos con algunos Gobiernos autónomos descentralizados. La presencia de Daniel Mistele, uno de los operadores de Norero, en varios contratos suscritos con el Municipio de Manta alertó al país ya no solo del financiamiento de campañas, sino de la participación directa del narcotráfico en obras y servicios en los Gobiernos locales, porque hay cero control de la Contraloría General del Estado, del Consejo Nacional Electoral, de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Las estructuras narcodelictivas ya no solo apoyan candidatos, sino que ahora directamente están poniendo candidatos.

Unos días antes de que usted denunciara el supuesto vínculo del correísmo con el narcotráfico, el medio digital Venezolano News publicó un artículo de opinión donde se lo acusa de estar involucrado en “negociados” con farmacéuticas, de liderar una red de extorsión con base en el periodismo de investigación y de ser un agente de la CIA. En ese artículo se adjuntó un hipervínculo de un blog donde estarían las supuestas pruebas. El correísmo, a través del expresidente Rafael Correa, difundió la noticia. ¿Son ciertas estas acusaciones?

Eso fue un documental basura en el que detrás está el correísmo. Tengo la información de que quienes manejaron este blog acá en Ecuador son gente vinculada al correísmo que contrataron una IP que operó desde el cantón Pasaje, e hicieron la masificación y viralización desde cuentas de asesores del correísmo de la Asamblea Nacional. Es lo que se llama un puente falso, porque tomaron un portal de Miami, chavista, de la sección de opinión, colgaron la narrativa donde concluyen diciendo que no han podido comprobar nada de la información, pero enlazan el blog.

Yo ya sabía esto, porque legisladores de UNES (correísmo) me alertaron hace dos meses de que estaban preparando esto Xavier Jordán y Santiago Díaz. Lo mismo me comentó un periodista hace diez días, un colega periodista que logró reunirse con Jordán en Miami y este le propuso publicar ese contenido.

Un ciudadano vulneró la seguridad de la Asamblea Nacional, ingresó y amenazó con colocar una bomba en el edificio

En mi vida he tenido vinculación con empresas farmacéuticas; es falso. En lo de la supuesta red de extorsión, lo único que yo he hecho en publicaciones con colegas, como Marlon Puertas, Cristhian Zurita y Juan Carlos Calderón, es revelar, en el caso de la salud, el gran reparto de los hospitales en el gobierno de Lenín Moreno, y revelar las operaciones de Xavier Jordán.

Toda esa información es tan falsa que ningún legislador de UNES se ha atrevido a llevar esa información a la Fiscalía. Soy yo el que pidió a la Fiscalía que intervenga. Hay una campaña del correísmo en mi contra, y también sé que dentro del correísmo hay mucha preocupación por la presencia del narcotráfico.

La semana pasada, un ciudadano vulneró la seguridad de la Asamblea e intentó reunirse con usted. Amenazó con colocar una bomba en el edificio si la próxima vez que iba no lo encontraba. Se dice que otra vez intentó comunicarse con usted. ¿Le dijo qué quería?

Lo que ocurrió la semana pasada es que llegó un abogado a la Comisión de Fiscalización. Yo no estaba, y se había contactado en cuatro ocasiones de cuatro número diferentes con una de mis asistentes, a su teléfono particular. ¿Cómo obtuvieron un número privado de una de mis asistentes? Ella no facilitó la posibilidad de un encuentro. Luego el señor logró ingresar a la Asamblea, a mi despacho, vulnerando la seguridad a través de una funcionaria de la Asamblea.

El equipo de seguridad que ahora tengo lo abordó, y manifestó que quería hablar conmigo porque tenía información sobre Los Tiguerones (banda de narcotráfico), y que él venía de parte de uno de los líderes de Los Ñetas, Los Lobos, todas estas organizaciones que han estado vinculadas con atentados en las cárceles y otros lugares.

¿Se lo detuvo?

Sí, se procedió a llevarlo a la Fiscalía; pero, como no había una acción de flagrancia ni nada por el estilo, no encontraron ningún argumento para detenerlo. Una vez que lo soltaron, llamó a otro número particular: amenazó de que, si no lo recibía, utilizarían otros mecanismos violentos.

Usted habla de Los Tiguerones, Ñetas, Los Lobos, de intimidación, y que ahora tiene custodia policial. ¿Teme por su vida?

Pero, claro, pero no tanto por lo que me pueda pasar a mí, sino a mi familia, porque conozco cómo opera esta gente. El otro recurso es callarme, y es lo que menos me corresponde. Yo soy un legislador, tengo inmunidad y respondo a los anhelos de este país. Lo peor que podría hacer como legislador es ocultar la información.

Este país está a un tris de vivir la historia que vivió Colombia. Estos dinamitazos en Santo Domingo a monumentos me recuerdan a los atentados del cartel de Medellín de Pablo Escobar. Por eso, debemos hacer una causa común la lucha contra el narcotráfico. Y, por eso, creo muy importante la consulta popular (que anuncia el Gobierno), para que se permita enmendar la Constitución y se pueda extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos y a otro país que los requiera.

¿Está confirmado que la Policía Nacional lo está custodiando?

Sí. Hay un informe que indica que tengo el 96 % de riesgo (de que le pueda pasar algo). Es uno de los riesgos más altos de los funcionarios públicos del país. (I)