El 86 % de los crímenes en la Zona 8, integrada por los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, ocurre por las disputas en torno al tráfico de drogas, 8 % por violencia interpersonal y el 6 % por robo, según fuentes policiales.

Noticias relacionadas

Guillermo Lasso: Convocaré a los 221 alcaldes, que tienen también responsabilidad en lo que sucede en seguridad y en las soluciones

‘El país se le salió de las manos; la delincuencia le ganó en menos de un año’, dice Viteri al presidente Lasso ante escenario de inseguridad

De ‘populismo policial’ tilda gobernador pedido de alcaldesa Viteri de que se ordene a militares y policías disparar a criminales

Es una violencia que se evidencia con decapitados, colgados en puentes, drones con explosivos y coches bomba, como el que explotó la madrugada del domingo 29 de mayo frente a la unidad de vigilancia comunitaria de la Florida, en el norte de Guayaquil.

Las víctimas colaterales son los que estaban en los lugares que no debían, en medio de balaceras, a los que se suman las muertes por robos. Un último caso es el intento de asalto de un expreso escolar, la madrugada del lunes 30 de mayo, en el que fue baleado un menor de edad en el suburbio, suroeste de Guayaquil.

La Policía dividió la Zona 8, el conglomerado urbano más grande del país, en doce distritos.

El número de homicidios intencionales, que incluye los casos de sicariato (asesinato bajo encargo), aumentó 147 % entre enero y mayo de este año respecto al mismo periodo del 2021.

Durante lo que va de este año ya se registran 577, mientras que en el mismo periodo del 2021 fueron 233.

Las seis distritos con mayor número de crímenes son Nueva Prosperina (que incluye Fortín), Sur (Siete Lagos, Guasmos, Unión de Bananeros, Centenario y Floresta), Durán, Esteros (incluyendo Las Malvinas e Isla Trinitaria), Pascuales (que se extiende a Bastión Popular, Mucho Lote y Las Orquídeas) y Portete (que abarca Cisne, Salinas y Suburbio).

“Basta con ir a los parques de Nueva Prosperina y del Sur para evidenciar cómo los jóvenes consumen drogas, al igual que en el cerro Las Cabras en Durán, escogido como epicentro del microtráfico por su peculiar geografía”, dice Jorge Villacreses, experto en seguridad.

Los operativos realizados sobre esta colina y las vistas panorámicas de los drones dejan ver que hay unos veinte caminos vecinales de escape y en los accesos hay una red de informantes que cuentan en tiempo real el desarrollo de las acciones, una estrategia finalmente eficiente ya que los traficantes escapan del control, afirma.

“Todos los días hay sicariato, han matado a autoridades como la fiscal de Manta, colocan carros bomba, es una percepción de inseguridad de los ciudadanos guayaquileños y a nivel nacional, pero la Zona 8 es la más conflictiva. Durán es el centro del microtráfico, Guayaquil por ser puerto es donde se trata de mover la mayor cantidad de drogas y Samborondón es donde guardan o encaletan las drogas, las armas y los bienes mal habidos en ciudadelas cerradas para tener más seguridad entre comillas, esa es la realidad”, asegura Villacreses.

El 80 % de los asesinatos (homicidios intencionales) en la Zona 8 se centra en el Guasmo, Unión de Bananeros, Floresta, Siete Lagos, Nueva Prosperina, Fortín, Durán, isla Trinitaria, Las Malvinas, Bastión Popular, Mucho Lote, Las Orquídeas, Portete, Cisne y suburbio.

Las bandas se disputan el territorio para la venta de drogas y el transporte de esta. De ahí se derivan los asesinatos bajo encargo, agrega el especialista.

‘Ya basta de estas explosiones. Que el presidente y la alcaldesa actúen’, dicen vecinos de la Florida, donde estalló auto

Alberto Molina, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, asevera que el incremento de asesinatos va paralelo a una mayor cantidad de droga incautada, 90 toneladas durante lo que va del año, más del doble que el año pasado.

Las bandas criminales mexicanas como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa se asentaron en el país y se disputan el territorio para el tráfico de drogas, pero también la mafia italiana, albanesa y china.

“No solo son las de México, el incremento de los asesinatos se debe a la incautación de la droga. La reacción inmediata es crear terror, colgar los cadáveres. Son dos mensajes, uno a las bandas rivales y el otro a la ciudadanía y al Gobierno”, manifiesta Molina.

Estas organizaciones no llegaron de la noche a la mañana. Lo han hecho durante los últimos quince años de manera progresiva al observar impunidad en torno el acopio, traslado y salida de las drogas hacia los mercados estadounidenses y europeos, refiere Molina.

Analizar los homicidios intencionales es hablar directamente de narcotráfico, en el acopio, transporte y envío de drogas, afirma Abraham Correa, general en servicio pasivo de la Policía.

“Existen dos carteles internacionales el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que se pelean el territorio ecuatoriano, el tener más área desde donde enviar los alcaloides, cuando las áreas son violadas pues de allí vienen los enfrentamientos”.

En torno a estas bandas hay una logística local que cubre el rol de dar seguridad y se involucra en el sicariato, agrega. “Todo quedó a merced prácticamente de estas organizaciones delictivas, el país a más de ser de tránsito se convirtió en uno de acopio de todos los alcaloides. Hoy Ecuador está invadido en bodegas, fincas, edificios, departamentos, domicilios, cooperativas, en ciudadelas privadas, por todo lado está la droga, sigue llegando y sigue saliendo”, dice el especialista Correa.

Quiénes controlan en los puertos en contubernio con algunos malos elementos de la Policía ven hacia otro lado, se hacen de la vista gorda por temor a represalias o porque simplemente quieren mantener su empleo, aunque algunos sí reciben dinero de parte de estas organizaciones y van más allá siendo informantes y garantizando que la carga infectada salga de los puertos del país, menciona Molina.

Un mismo criterio tiene Correa. “La situación es crítica porque hay mucha incertidumbre. El Gobierno no ha tomado las decisiones que debía implementar de manera oportuna. La fuerza pública se ha entregado por completo para minimizar esta acción delictiva sin lograrlo porque no hay planes determinados ni respaldo político para los uniformados”.

Ningún recinto, zona, parroquia, ciudad, provincia se ha librado de este auge de muertes violentas, agrega. De ahí que se hayan registrado homicidios intencionales en áreas que no ocurrían antes como en Los Ceibos, en el noroeste de Guayaquil, van 4 de enero hasta mayo del 2022, mientras que en el mismo periodo del año pasado no se reportó ninguno. Y en Samborondón se han duplicado de 4 a 9 este año.

Las rutas del narcotráfico atraviesan Ecuador

Hay dos ejes definidos en el territorio nacional, dice Molina, que marcan la ruta del tráfico de drogas por el país. El primero nace en el departamento colombiano de Nariño y sigue por Esmeraldas, Manabí y Guayas, que concentra las incautaciones.

El segundo eje es Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo y Guayas.

Ambas rutas, según Molina, confluyen en Guayas, donde está la Zona 8. Llegan sobre todo a los puertos de Guayaquil y Manta. “El 85 % de la droga se envía por mar”.

En los departamentos de Nariño y Putumayo se procesa el 60 % de las 1.500 toneladas de cocaína que fabrica Colombia cada año, país que es el principal productor mundial de esta droga.

El distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, es el más violento del país, pero no tiene toque de queda. Sus moradores piden urgentemente una intervención

Uno de los antecedentes es el acuerdo tácito que se dio en su momento desde los primeros años del correísmo con los grupos criminales para que acopien y transporten la droga por el territorio nacional sin mayores contratiempos a cambio de no provocar disputas y asesinatos, afirma Molina.

“Es bien claro. Las computadoras de (Raúl) Reyes, el segundo a bordo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y dado de baja en el ataque a Angostura (en marzo del 2008) y las del Mono Jojoy (Víctor Suárez, secretario de las FARC) establecían que dieron aportes económicos a la campaña electoral de (Rafael) Correa”, afirma Molina.

Y luego del operativo militar organizado por Colombia en Angostura, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, que llevó a la muerte de Reyes, se generó una controversia internacional entre ambos países. “Incluso Correa ordenó la desarticulación de la inteligencia militar y policial. No es que el aumento del acopio y traslado de drogas aumenta de la noche a la mañana. Obligaron a salir al coronel Mario Pazmiño y al mayor Manolo Silva de la Policía Nacional”.

Otro antecedente importante que llevó a que los grupos criminales ganen territorio para su ilícito en Ecuador, precisa Molina, es el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia durante más de dos años, lo que no ocurrió ni con el conflicto territorial del Cenepa con Perú.

“En las relaciones con países limítrofes hay convenios de intercambio de información, en el caso de Colombia es la Comisión Binacional Fronteriza en la cual nos reuníamos periódicamente”.

Además, en el debate de la redacción de la actual Constitución, una mayoría del correísmo se negó a incluir en el Art. 416 una condena al terrorismo, como uno de los principios de las relaciones internacionales. En la misma norma consta el concepto de la ciudadanía universal, que permitió que ingresen más personas del extranjero. “Con la ciudadanía universal entró mucha gente, entre ellos delincuentes que sacaban cédulas falsas con otros nombres a través del mecanismo del lavado de identidad. Igual los delincuentes sacan cédulas con identidad falsa”, manifiesta Molina.

El número de muertes violentas aún no se controla

El problema es que el actual régimen de Guillermo Lasso aún no logra controlar este auge delincuencial con las medidas empleadas.

Una muestra es el último estado de excepción que generó confusión entre la ciudadanía y los mismos policías respecto a sus límites, ya que solo cubrieron territorios específicos sin claridad, dice Abraham Correa. “Los pobladores no saben a que abstenerse cuando debió ser una situación global y más gráfica”.

De ahí el reclamo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. “El país se le salió de las manos; la delincuencia le ganó en menos de un año”, señaló en una cadena transmitida en redes sociales y estaciones de televisión este 30 de mayo.

Cuestionó que se trate de trasladar la responsabilidad a los alcaldes, cuando la inseguridad ha crecido en el último año. “Basta, presidente. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo; todos saben que eso es mentira. La seguridad es de su exclusiva competencia”, refirió.

La falta de radares operativos también va de la mano con la llegada de estas bandas criminales y el desbordamiento del narcotráfico sustentado en el aumento de los decomisos, indica Villacreses.

La Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial están en un enfrentamiento político, agrega Correa, para sacar adelante sus intereses partidistas y de liderazgo. “Es también una lucha por poder mientras el país se cae a pedazos ante la situación violenta que vivimos. La misma fuerza pública está amenazada con coches bomba frente a sus instalaciones, no hay un plan para tomar las riendas, estamos solamente tapando parches al apuro”.

Los récords anuales en el decomiso de drogas se dan cada año desde el 2009, lo que deja ver como más droga se acopia y traslada por el territorio nacional.

“Las amarras se empezaron a soltar en el gobierno del expresidente (de la República) Rafael Correa. Anteriormente, mal o bien, la situación era controlada por la actividad militar en la frontera y policial internamente. La Base de Estados Unidos en Manta (FOL, Puesto de Operaciones de Avanzada Americana por sus siglas en inglés que salió del país antes de noviembre del 2009) creaba situaciones importantes y no daba cabida al narcotráfico en comparación a como ha estado todos estos últimos trece años con las puertas abiertas. Hubo fronteras abiertas con el debilitamiento de la actividad militar en las áreas limítrofes”.

El tema de la inseguridad ha sido un problema endémico en el país, asegura Molina. Hace 20 años, en 2002, recordó, el alcalde de Guayaquil de ese entonces Jaime Nebot trajo al exjefe de la Policía de New York William Bratton como asesor de seguridad.

Su informe indicaba a manera de comparación con Nueva York: “No tenemos el nivel de pobreza de ustedes, nuestro sistema judicial funciona bien ya que virtualmente es libre de corrupción y sin duda solemos tener más policías per cápita de los que ustedes tienen. Ustedes tienen pocos policías comparado con el tamaño de la población, sistemas judiciales disfuncionales y unos niveles de corrupción increíbles. Es importante que la policía no actúe sola, se necesitan buenas leyes, un buen sistema de justicia, jueces y fiscales efectivos y un sistema penitenciario óptimo”.

Esto ha cambiado muy poco en las últimas dos décadas, expresa Molina, tiempo en que el narcotráfico ha permeado a todos los estamentos de la sociedad.

Ecuador tiene 2,7 policías por cada mil habitantes, cuando la recomendación es 4 uniformados por cada mil pobladores, según los estándares internacionales.

Los grupos delincuenciales tienen un arma muy poderosa que es la disponibilidad de dinero con que compran armamento sofisticado y corrompen a policías, políticos, funcionarios de aduanas, de puertos y del sistema judicial.

Lo más grave es que cooptan a los más jóvenes para que garanticen el traslado de la droga y cobren las deudas con sus enemigos con sicariato. “La población nini (jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que ni estudian ni trabajan) son fácilmente tentados para convertirse en sicarios”.

‘No nos dan trabajo fácilmente, soy un amo de casa por decirlo así, cocino, plancho, arreglo’, afirma uno de los 585.000 jóvenes del Ecuador que no tienen empleo y no estudian

La solución comienza con políticas estatales que incentiven el empleo en las zonas vulnerables, como en las provincias fronterizas.

“Tenemos 600 kilómetros de frontera norte con Colombia, un problema complejo. Por allí pasa la droga en medio de habitantes sin trabajo, no hay agricultura, no hay apoyo de los gobiernos, no hay escuelas, vías, servicios básicos; entonces, esa gente trabaja con estos grupos delincuenciales en el traslado y procesamiento de droga, en la minería ilegal y se convierten en la mejor inteligencia del mundo. Puede ser el tendero, el taxista, quienes dan información del movimiento de los militares. Tienen el pueblo a favor de ellos”, asegura Molina.

“Se necesita más apoyo internacional, más inteligencia policial y militar que quedó anulada durante el correísmo, hoy recién están organizándose para volver a trabajar y eso es lo básico para llevar adelante las acciones”, plantea el especialista Correa. (I)