El 27,7 % de los ecuatorianos son considerados pobres en Ecuador porque tienen ingresos inferiores a 85,6 dólares al mes. La pobreza extrema afecta al 10,5 % de la población nacional, en esta se incluye a los que ganan menos de 48,2 dólares mensuales.

Los porcentajes corresponden a diciembre del 2021, la última publicación oficial realizada sobre los niveles de pobreza del país.

Si bien hay una reducción respecto a la tasa de diciembre del 2020 cuando el porcentaje de pobres fue del 33 % de la población, no se logra bajar del umbral de 21,5 % conseguido en diciembre del 2017.

Y el objetivo de que la pobreza extrema sea de un solo dígito no se consolida tras llegar al 11,6 % en diciembre del 2011 y bajar al 7,7 % en diciembre del 2014, el nivel más bajo obtenido desde entonces.

La entrega de los bonos del Gobierno central, política instaurada en 1998, son claves ya que se suman al ingreso de las familias, lo que reduce la posibilidad de que los integrantes de estos hogares sean considerados pobres, ya que pueden superar el umbral de pobreza por ingresos fijado.

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En la actualidad la transferencia monetaria directa va de entre $ 50 y $ 240 mensuales a las familias que lo reciben. El monto depende de las condiciones y del tipo de bono para el que califican. De no existir esta ayuda económica directa el porcentaje de pobreza por ingresos sería mucho mayor.

Otra forma de ayuda directa es la entrega de kits de alimentos, una política que se generalizó a raíz de la pandemia del COVID-19 por parte de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Carlos Uribe, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que las canastas que entregan los GAD son parte de una asistencia no condicionada para enfrentar un shock negativo específico que en este caso es la pandemia del COVID-19. “Hubo un montón de familias que ya no pudieron seguir saliendo a trabajar, no tenían posibilidades de generar ingresos, entonces entran algunos GAD que compran estos kits para repartirlos y resolver un tema puntual y de manera temporal”.

En el caso de Guayaquil, la academia participó en la entrega de los kits con estudios para verificar su impacto en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, indica Arnaldo Vergara, catedrático de la Universidad Ecotec.

El primero se hizo entre agosto y septiembre del 2020. “Uno de los objetivos era evaluar cuáles eran los sectores más vulnerables, nos referimos a personas de la tercera edad, hogares con mayor hacinamiento y los que tenían problemas de salud”, manifiesta.

Las conclusiones fueron que el 60 % de las familias que recibieron los kits tenían como responsable del hogar a una mujer. “Un 62 % de los que recibieron no trabajaban, el 9 % laboraban en ese momento, 8 % habían perdido su empleo. Además, un 35 % correspondía a personas con discapacidad. Todos los encuestados dijeron que el kit les ayudaba a completar la canasta familiar”, dice Vergara.

A un año de la pandemia se hizo otro estudio sobre el impacto socioeconómico y se identificaron con GPS los puntos donde estaban las familias más vulnerables, lo que sirvió para definir a los beneficiarios.

En este último estudio se determinó que la situación laboral había mejorado ya que el 21 % de los que recibieron como segunda o tercera vez los kits eran empleados, pero solo el 13 % estaba en relación de dependencia y 8 % tenía emprendimientos, menciona Vergara.

“Con la primera entrega encontramos evidencia que eran personas bastante vulnerables y que dentro de eso existen personas que lo están aún más, entonces la segunda o tercera entrega ya no se podía hacer al azar, sino que la academia buscó a las familias que realmente concentren a estas personas que están siendo más vulnerables por el efecto del COVID-19″.

Las áreas de la ciudad más afectadas, tras el primer acercamiento, fueron Juan Montalvo y los lotes conocidos como Alegrías con Servicio, en el cuadrante noreste de Guayaquil. En el noroeste, los sectores 12 de octubre y 4 de diciembre de Mapasingue que tenían prioridad alta porque incluían personas con discapacidad o de la tercer edad que no podían laborar.

En el sureste se definió a los bloques I y II de Unión de Bananeros y las cooperativas Carlos Castro II y Cinco de Octubre del Guasmo. Y en el suroeste, la zona de Puerto Lisa.

Estas iniciativas, indica Uribe, son distintas al bono de desarrollo humano (BDH) que entrega el Gobierno central, política que es parte de un programa más completo, ya que se trata de una transferencia condicionada. “No todos acceden ya que está el Registro Social en el que se hace un análisis. Hubo un proceso de depuración de la base hace un par de años. De ahí que hay familias que antes lo percibían y ahora no. Primero este es focalizado y condicionado, como que los hijos vayan a la escuela o se atiendan en la red de salud”.

La literatura económica, agrega Uribe, señala que este tipo de bonos condicionados sí tienen un efecto positivo en la tarea de reducir la pobreza en los países. “Es parte de, pero no es solo eso. De todas maneras el BDH es un programa exitoso con sus limitaciones porque hay gente que recibe y pertenece a los quintiles 3 y 4, que son los que tienen niveles altos de ingresos, entonces hay que todavía hacer depuraciones. A pesar de eso ha sido una política relativamente exitosa, pero seguimos teniendo niveles altos de pobreza”.

¿Qué no está funcionando en la tarea de combatir a la pobreza?

El especialista responde que se deja de lado un concepto clave en las políticas de luchar contra la pobreza en el país, que es enfrentar la problemática de la rigidez del mercado laboral. “Cómo se la quiere combatir si hay un mercado laboral en el que es muy difícil entrar y conseguir un empleo formal”.

La política laboral del país está basada en los requerimientos de los sindicatos que incluye a los que tienen trabajo formal, asegura Uribe. “El problema es que esos derechos se los consigue desde la posición de personas que ya tienen un empleo, pero no se toma en cuenta a los desempleados o a los informales”.

“Hay rigidez en cuestiones de despidos, en los tipos de contrato, en los aumentos desproporcionados del salario básico, todo esto suma para que del lado de las empresas sea cada vez más difícil contratar trabajadores. Si veo que mi costo salarial va a aumentar en los próximos años porque hay una promesa de seguir incrementando el salario mínimo en el futuro, obviamente lo que harán es reducir personal (puestos de empleo formal)”.

Esto suma al conteo de la pobreza al ser personas que ganaban el básico y se quedan de repente sin empleo, es decir, sin un ingreso en esos núcleos familiares, añade. “El mercado laboral está muy relacionado con el tema de disminución de la pobreza”.

Desde el enfoque de las empresas, menciona Uribe, hay que pensar en formas para lograr que los trabajadores sean productivos sin inmiscuirse en una maraña de burocracia y procesos administrativos, que muchas veces se llevan la mayor parte del tiempo que el empleado está en la oficina.

“Aquí en Ecuador uno está acostumbrado a que el trabajo debe ser de diez, doce o catorce horas diarias, sobre todo en las oficinas, en los bancos, en las fábricas. Lo que los empresarios deben ver es qué porcentaje de ese tiempo sus empleados están cumpliendo temas administrativos y qué parte del tiempo se están generando tareas realmente productivas, que resulta ser un porcentaje muy bajo”.

En otros países con mercados laborales más flexibles, son las empresas las que ofrecen ventajas adicionales para lograr contratar, lo que no ocurre en Ecuador. “Hay que dar un trato correcto a los trabajadores sin tener al Estado atrás, es un tema ya de libertad que tienen los empresarios, pero también deben ser responsables sin abusar”, destaca Uribe.

La reforma laboral es urgente en el país para normalizar ciertos tipos de contrato que incluyan las prestaciones que un empleo formal conlleva, así sea uno por jornada parcial o a través de una tercerizadora. “Al quitar estas opciones lo que se hace es encarecer el trabajo formal. En economía esto tiene un efecto inmediato, cuando hay un ente externo que controla los precios, inmediatamente se genera un mercado negro que en el mercado laboral es esta parte informal”.

Al combatir la pobreza hay que debatir sobre temas de fondo como las políticas laborales. “Si no, siempre que hablemos de pobreza hablaremos de bonos, lo que tampoco es correcto. Esta es una forma un poco artificial de resolver el problema, ya que no se ataca la causa desde el punto de vista de la política pública”, manifiesta Uribe.

El arma más fuerte para combatir la pobreza es generando plazas de empleo formal en la economía. “Una prioridad del Gobierno debería ser reducir las barreras de entrada al mercado de trabajo formal, una política laboral pensada desde los informales y los desempleados, y no desde el enfoque de los sindicatos”, afirma el especialista. (I)