El mapa agropecuario del país tiene el rostro del cacao, palma africana, banano, plátano, caña de azúcar y café, que son los cultivos permanentes que más suelo cubren. A estos se suman el maíz duro y suave (grano seco), arroz en cáscara, papa y soya, los transitorios que más terreno ocupan.

Son 2′265.489 hectáreas (ha) que se usan en cultivos permanentes y transitorios cada año en Ecuador.

El 94 % de esa extensión corresponde a los sembríos mencionados, según el último cálculo oficial elaborado mediante encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

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Al suelo usado en cultivos se añaden los pastos sembrados, los que alcanzan un área de 2′067.795 ha.

¿Cuáles de las plantaciones tienen una prohibición de expandir el área utilizada?

Solo el banano y el cáñamo industrial, de la que también se deriva la marihuana, tienen regulaciones específicas. La ampliación de estas requiere de un permiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), afirma Roboam Gavilánez, subsecretario de Producción Agrícola de la entidad.

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La Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (barraganete) y Otras Musáceas afines destinadas a la Exportación, conocida como la Ley del Banano y que está vigente desde el 2004, prohíbe la extensión de nuevas plantaciones de la fruta.

Uno de los objetivos es evitar la sobreproducción y conseguir que se respete el precio mínimo de sustentación que establece cada año el Gobierno central para el banano, arroz y maíz.

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En la práctica, la expansión de los cultivos de banano sigue, por lo que los pequeños y medianos productores reclaman el cumplimiento de la ley y controles más efectivos.

“Cumplir la ley de banano y otras musáceas no debería ser opcional en un país que se precie de ser civilizado. Los precios bajos que se pagan de manera mezquina por la caja de banano en Ecuador son solamente inherentes a nuestro país, lo cual es un claro indicio de que el problema está en el sistema de comercialización interna”, indica Franklin Torres, presidente de la Federación de Productores de Banano del Ecuador (Fenabe).

El incumplimiento de los precios mínimos de sustentación es una queja constante de los pequeños y medianos productores.

Torres señala que el salario mínimo se incrementó 77 % desde el 2010 hasta este año, un aumento de $ 185, mientras que el precio mínimo de sustentación de la caja de banano (de 18,14 kilogramos) subió 14 %, un total de $ 0,75 en ese mismo periodo.

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“La seguridad jurídica es condición básica para que un Estado pueda tener paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez favorecen su desarrollo. El pagar un precio justo es una situación de dignidad entre productor y consumidor. Esta es la única garantía que tenemos los productores bananeros para la sostenibilidad de nuestras fincas”, agrega Torres.

La producción del banano, el segundo producto de exportación que más divisas genera al país después del camarón, requiere también la suscripción de contratos de compra y venta de la fruta entre los productores y exportadores, según la normativa vigente.

“Hay una expansión injustificada de tierras con banano por parte de los grandes productores que siembran en lugares no adecuados, en áreas protegidas”, afirma Torres.

Los productores agremiados en Fenabe piden la derogatoria del decreto ejecutivo 183 del 2 de septiembre pasado, que amplió el plazo para regularizar las plantaciones por un año más con la reforma del reglamento de la Ley del Banano.

El documento indica en su art. 1 que “el registro e inscripción de las plantaciones de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas se podrá solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por un año a partir de la publicación” en el Registro Oficial.

Esto da carta abierta a que continúe la siembra de banano de manera ilegal. Ya tenemos problemas suficientes con los contratos ilegales, descuentos no autorizados y el incumplimiento de pagos a los productores”, asevera Torres.

Esteban Daza, investigador del Observatorio del Cambio Rural, expresa que la prohibición de expandir es justamente para cuidar que los productores reciban un precio mínimo que cubra al menos sus costos de producción cuando hay sobreproducción.

“Hay una ley que en los últimos dos años por lo menos ha sido inobservada y no ha sido vigilada por parte de la Subsecretaría de (Fortalecimiento de) Musáceas del Ministerio de Agricultura, esto es sintomático de lo que pasa en otros rubros”, añade.

La expansión de los sembríos de banano está prohibida en Ecuador mediante ley desde el 2004, pero se han dado excepciones para regularizar las nuevas plantaciones. Foto: CORTESÍA

Para el resto de plantaciones, lo que define lo que se produce y cómo es el mercado, indica.

El informe del MAG titulado “La política agropecuaria ecuatoriana: hacia el desarrollo territorial rural sostenible: 2015-2025″ plantea la necesidad de regularizar el uso del suelo para la producción. “En esto hay que tomar en cuenta los conflictos del uso de tierra y las condiciones biofísicas del terreno”, indica Daza.

No es un planteamiento nuevo. “La segunda Ley de reforma agraria de 1973 tiene un capítulo especial sobre la zonificación agropecuaria, que dice que para producir necesitas las condiciones biofísicas, qué tan rico es el suelo en nutrientes y, socioeconómicamente, cómo estaría esa población en condiciones para adquirir tecnología. Hay una serie de variables para regularizar y proponer una zonificación agropecuaria. Eso está en las normativas, pero nunca se aplica”, menciona Daza.

Lo que define el uso del suelo, con mayor profundidad desde 1986, refiere el especialista, son las políticas de agroexportación determinadas por lo que el mercado demanda. “Los pequeños, medianos y grandes cultivan en función de aquello, una práctica que no termina de dar prosperidad a la mayoría de los campesinos. Esto pasa en la pitahaya, en el maíz”.

Un ejemplo fue en 2016 cuando Ecuador fue soberano en la producción de maíz, es decir, la producción local cubrió la demanda del grano que tenía la industria alimentaria de carnes de res, pollo y cerdo.

En ese año hubo una intervención de la política pública con la unidad de almacenamiento, los kits agropecuarios que eran la entrega subsidiada de la semilla certificada, pero también del paquete tecnológico como fertilizantes y agroquímicos, explica Daza.

El tema fluyó porque el maíz producido en el exterior estaba más caro del que se producía dentro del país. ”Aquí les daban entre $ 11 y $ 14,5 por quintal, pero afuera estaba entre $ 16 y $ 18″.

Ahora que el precio ha bajado en el exterior, entonces no conviene la producción interna y se desatan los inconvenientes con la sobreproducción porque hay importación de maíz.

El gran problema de los pequeños productores en el caso del maíz son los intermediarios, que compran a un precio menor al oficial, en $ 11, $ 12, cuando lo oficial es $ 14, $ 16 por quintal, lo guardan y lo sacan cuando hay escasez y lo quieren vender a $ 21, afirma Daza.

El arroz se cosecha al mismo tiempo, lo que afecta su precio

Los pequeños productores arroceros cuando protestaron por los precios del arroz, en el cantón Daule, en Guayas, en septiembre pasado. Foto: Cortesía

El efecto de no controlar el área sembrada implica una probabilidad de sobreproducción, lo cual repercute en una caída de precio debido al exceso de producción, detalla Adriana Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

En el caso del arroz, dice, alrededor del 80 % de fincas dedicadas a la producción de este grano tienen menos de 20 hectáreas, y según la disposición del terreno pueden sembrar uno o dos ciclos al año.

“La dificultad de los pequeños y medianos productores es que, debido a estas condiciones, se concentra la producción en la misma época del año, generando una sobreproducción que repercute directamente en el precio, que afecta sus ingresos”, asegura Santos.

Otra problemática es la de los intermediarios, que guardan el grano que compran a bajo costo y lo comercializan cuando la industria lo necesita y hay poca oferta.

Daza propone solucionar los conflictos de uso de suelo con una planificación adecuada y acorde al mapa agropecuario nacional. “Ahora se producen varios tipos de cultivo en zonas donde se debe producir pasto y hay productos agropecuarios como palma africana, banano, cacao, donde deberías producir pasto para vacas. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la provincia de Manabí”.

Este es un conflicto de larga data. Los pequeños campesinos que podían acceder al capital en los años setenta del siglo XX volvían a adquirir las semillas y la tecnología adecuada en ese tiempo para sembrar y subsistir en el mercado, los que no pudieron tuvieron problemas y se quedaron como pequeños productores.

La falta de planificación en las fincas se evidencia en las zonas altas de la provincia de Cotopaxi. Allí había una producción más variada con habas, chochos, en los años setenta y ochenta del siglo XX. “De repente, todos migraron a las papas porque a un vecino le fue bien”, menciona Daza.

Luego, por recomendación de las denominadas escuelas de la revolución agraria durante el gobierno de Rafael Correa, también se prefirió el monocultivo y se reemplazó la papa con los pastos para la producción de leche.

“Al inicio todo iba bien porque había un precio de sustentación de $ 0,42 por litro, pero ahora hay tanta leche en el sector que bajan los precios también por la suma del contrabando que viene de Colombia y el uso del suero, entonces ninguna zonificación agropecuaria se puede planificar si no controlas el contrabando, la intermediación negativa”, explica Daza.

Los intermediarios son uno de los actores centrales del sector agroproductivo, pero algunos abusan y compran a precios bajos para almacenar el arroz y el maíz y lo sacan después de 4 o 5 meses cuando la demanda supera a la oferta y los precios se elevan.

No hay motivación para sembrar productos que no tienen precios mínimos de sustentación

Los agricultores hacen controles preventivos para mantener sanos los cultivos de papa y no perder la inversión.

Hay estudios a manera de zonificación para el uso del suelo de acuerdo a las condiciones agroclimáticas de las diferentes zonas productoras. La recomendación de que cultivos deberían incorporarse al proceso de producción en esas áreas determinadas. “Lamentablemente el agricultor se fija mucho en los precios, si está alto todo el mundo quiere sembrar ese por más que las zonas no sean óptimas”, dice Mario Caviedes, profesor de la carrera de Agronomía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

La siembra de más banano ya no es posible porque las tierras con las condiciones agroclimáticas para esa fruta ya se agotaron. “La frontera agrícola, la capacidad que tenemos para expandir los cultivos es también reducida en el país”, acota.

El problema radica, además, en que el agricultor quiere cultivar en función de los precios mínimos de sustentación de ciertos productos agrícolas. “Pero no es para todos los sembríos y hay situaciones preocupantes. Hace diez años teníamos 45 mil hectáreas de papa, sin embargo, los costos de producción han crecido sustancialmente y los precios que se pagan en la época de cosecha no cubren los costos de producción. Esto produce una reducción en la superficie sembrada. En este momento hablamos de 25 mil ha de papa”.

La superficie sembrada y la productividad baja no abastece la demanda local y por eso es que en ciertas épocas del año entra papa de contrabando de Perú y Colombia.

“Eso castiga el precio al productor y lo que hace es desmotivar, de ahí la reducción drástica del área sembrada”, afirma Caviedes.

Un cultivo tecnificado de una ha de papa requiere hasta $ 5.400 en costo de producción, según el último cálculo que hizo la USFQ. “Para cubrir se necesita una productividad de 20 a 25 toneladas y un precio referencial de por lo menos $ 12 por saco. Esas relaciones es lo que se debe observar y lo que debería conocer el productor, antes de ver que el precio fue bueno en un año ya que quizás ya no lo sea el próximo. El problema es que como hay una baja productividad pues no se alcanza a cubrir el gasto y la papa tampoco tiene precio mínimo de sustentación”.

A esto se suma el incremento de los fertilizantes y químicos que se utilizan, lo que encarece los costos de producción.

Hasta el año pasado el precio de la urea estaba entre $ 30 y $ 32. Ahora está entre $ 45 y $ 50, indica Caviedes.

En arroz se ha incrementado la productividad, pero en cambio no siempre se pagan los precios mínimos de sustentación y a la par suben los insumos.

La producción de maíz duro no llega a 1,5 millones de toneladas (t) al año, lo que no cubre la demanda local que es de 1,6 millones de t, según Caviedes. De ahí que tras análisis técnicos se debe determinar lo que hay que importar.

El costo de cultivar una ha de maíz duro fue de $ 1.800 el año pasado, usando toda la tecnología. Para recuperar el gasto y tener rentabilidad se necesita utilizar semillas híbridas, recomienda Caviedes, porque tienen una capacidad de producción mayor que las variedades, en el caso de este grano. “Así con una productividad de 5,5 t por ha garantizamos cubrir el costo y tener un margen de rentabilidad adecuado. La venta sería al precio referencial de $ 14,5 por saco″

Un factor que también afecta los precios es que la cosecha de los sembríos es estacional y sale toda junta lo que genera sobreoferta.

“La mayor parte de la producción agrícola no tiene fuentes de riego entonces se basa en el periodo de lluvias. Los agricultores siembran maíz duro entre diciembre y enero para cosechar en cuatro meses y medio. Cuando no hay lluvias se pospone. Toda la cosecha sale normalmente en abril o mayo. Hay periodos en los que no producimos maíz y hay necesidad. La capacidad de almacenamiento que tenemos no nos permite guardar el excedente y se debe importar”.

La falta de un censo nacional agropecuario con datos más actuales y exactos es otra de las demandas del sector. El último se hizo en 2000, hace 22 años.

“Todos los cálculos que se hacen sobre superficie sembrada, productividad de los cultivos se basan en estimaciones que se hacen a través del tiempo, pero la única información válida que garantiza una planificación adecauda es un censo, un registro nacional, hay necesidad de hacerlo. Es una de las herramientas de planificación que es estratégica para poder determinar las prirodades de la producción en las diferentes regiones. Hay que tener un mapa de cómo podemos garantizar que lo que se produzca genere seguridad alimentaria para los consumidores”, manfiesta Caviedes. (I)