Asesinatos como el de Derly Figueroa son parte del llamado terrorismo de género, figura que no se había observado en Ecuador

Derly Figueroa Macías fue asesinada con cinco disparos el pasado 12 de julio en Babahoyo, Los Ríos, cuando acompañaba a su hija al colegio. Ella ya había sobrevivido a un atentado el año pasado. Además, en 2019, su esposo, Carlos Morejón, fue asesinado con cuatro tiros cuando estaba junto a Derly y su hija. La razón del asesinato de Morejón se dio porque supuestamente se negó a vender drogas.

Por estos antecedentes, el asesinato de Derly deber ser considerado como un femicidio, ya que fue una muerte violenta por delincuencia organizada. Sesenta femicidios de esta clase se registraron entre enero y mayo de este año en Ecuador, según cifras de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea). Los femicidios con este tipo de características han dado paso al llamado terrorismo de género, una figura que no se había observado en el país, indica Geraldina Guerra, vocera de Aldea.

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“Antes del 2021 el principal medio para matar a una mujer eran las armas blancas ahora son las armas de fuego. Esto ha conllevado a los femicidios por muerte violenta por delincuencia organizada. Están habiendo demasiados asesinatos de mujeres que muestran saña y odio. El cuerpo de las mujeres está siendo usado como botín de guerra entre bandas delincuenciales. Este cuerpo es tirado y abandonado, esto tiene todos los signos de violencia femicida o como en países como Honduras y México lo llaman terrorismo de género”, dice Guerra.

Este año, además, en el país se han presentado otras condiciones como el femicidio con violencia vicaria. Esto se da cuando el agresor mata o manda a asesinar a otro miembro de la familia, que normalmente son hijos o hijas, para hacer daño a la mujer. Este tipo de casos se han reportado en Carchi, Imbabura y Bolívar.

El femicidio de Imbabura fue planeado por un policía que mandó a matar a su hija de siete meses: “Manda el mensaje que el cuerpo de la mujer no vale para nada. En Bolívar, un hombre golpeó brutalmente a su pareja y luego arrojó a su hija al río y esta murió. Esto es violencia vicaria”, añade Guerra.

Estas nuevas figuras y el aumento de la violencia han hecho que las cifras de femicidios sean mucho más reales en el país. El 2021 era considerado el de mayor incidencia con 186 asesinatos, pero en 2022, al parecer se superará esta cifra.

“Los datos hasta el 31 de mayo ya están caducados porque el femicidio este año nos está mostrando una cara muy extrema. Estamos recién en julio y ya estamos superando los 150 femicidios y es un aproximado porque junio ha sido mortal y todavía seguimos validando casos. El femicidio es la escalada mortal de la violencia contra las mujeres que se previene con poner esfuerzos en la prevención, atención y reparación”, indica Guerra.

La experta cuestiona el rol de las autoridades frente al femicidio en especial las pocas o nulas soluciones reales que se han dado y el bajo nivel de reacción frente a nuevas características de estos asesinatos. El presidente Guillermo Lasso, el pasado 8 de marzo, afirmó que los femicidios habían disminuido en Ecuador amparado en cifras de la Fiscalía que indican que en 2021 hubo solo 70 femicidios.

Según Guerra, las cifras contrastan debido a que muchos femicidios la Fiscalía los trata como delincuencia común, en especial los que se relacionan con la delincuencia organizada: “Toda muerte violenta de una mujer debe ser considerada femicidio y luego, de ser el caso, las investigaciones demostrar lo contrario”. Pero esto no se da a pesar de que en 2021 la propia Fiscalía publicó el Protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas y donde se establece que toda muerte violenta de una mujer debe considerarse un femicidio hasta que se demuestre lo contrario.

Además de un mejor trabajo de entes como la Fiscalía, la educación y protección es parte fundamental para la prevención de los femicidios. Los centros de protección a víctimas, indica Guerra, también deben fortalecerse a través de la asignación de recursos. Sin embargo, durante tres años consecutivos el presupuesto para ejecutar la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer sufrió tantas reducciones que quedó solo 1,5 millones de dólares.

La Secretaría de Derechos Humanos, entidad encargada de la ejecución de la ley, afirmó que para el 2022 se habían presupuestado 24 millones de dólares para la ejecución de proyectos. Aunque, según la proforma presupuestaria del Ministerio de Finanzas, recibirá 21 millones de dólares.

Aldea, en junio pasado, solicitó ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional se adopten medidas de prevención frente al creciente índice de asesinatos de mujeres en el país y, además, realizar un seguimiento a otras entidades como Fiscalía y la Función Judicial donde también hay grandes trabas para sentenciar femicidios.

Ana Herrera, asambleísta que preside el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, afirma que la Secretaría de Derechos Humanos no ha avanzado lo necesario para abordar esta problemática y que se han “cerrado” o disminuido algunos servicios, en especial el de las casas de acogidas de víctimas de violencia de género, para abrir los llamados “centros violetas”, aunque “no sabemos todavía cómo van a funcionar”.

La legisladora asegura que actualmente están realizando una evaluación de la aplicación de la normativa para erradicar la violencia de género y qué se está haciendo con los recursos asignados: “No ha sido un trabajo fácil, pero se ha podido avanzar. Vamos a realizar mesas técnicas en los territorios para analizar la aplicación de la ley”.

El informe sobre esta evaluación estaría listo, según Herrera, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para la asambleísta la actual normativa no está lo suficientemente difundida a nivel nacional, en especial en la ruralidad y zonas urbano marginales, y entre fiscales y jueces, ya que las sentencias por femicidios demoran o no se concretan.

“No hay una ruta clara para saber cómo poder actuar en diferentes casos y muchos de los femicidios están siendo tipificados como delincuencia común para evitarse la tramitología que conlleva un proceso de femicidio”, indica. Esto pese a que este delito está penado por el Código Integral Penal en el artículo 141 que establece: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.

Paola Cabezas, asambleísta y secretaria del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, afirma que en esta evaluación también se revisará si la Secretaría de Derechos Humanos afirma que los índices de violencia contra las mujeres en el país demostrarían falta de “voluntad política” por parte del Ejecutivo para implementar los mecanismos y otorgar los recursos que disponen las actuales leyes para frenar la problemática.

Cabezas concuerda con Guerra en que se necesita que las autoridades entiendan las nuevas características de femicidios y la violencia de género: “El narcotráfico mueve otras figuras como la cosificación de la mujer y esto debe escandalizarnos. Pero vemos que ahora no se dice nada justificando que la muerte se la buscó la mujer por estar con un narcotraficante. Nací en Esmeraldas y lo que pasa allá es alarmante porque hay mujeres que pierden la vida por no sucumbir a las pretensiones de los delincuentes”.

En el tema de la reparación a las familias de mujeres asesinadas por temas de género también hay inconvenientes. Según Aldea, existen trabas para que los tutores legales de los niños que quedaron huérfanos accedan al bono de femicidio que da el Estado, ya que se piden documentos como cédula y carné de votación actualizados, realizar el proceso legal que los designan como tutores, abrir una cuenta bancaria “especial”, entre otros.

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Esto es confirmado por Katherine Guerrero, hermana de Selena, víctima de femicidio en 2019 en Guayaquil: “El Gobierno se supone que da un bono a las víctimas del femicidio y estamos luchando para acceder al bono para pagar lo que las niñas necesitan. Estamos en proceso primero para ser la tutora legal de las niñas y para después de eso pedir el bono”.

“Necesitamos prevención, atención y reparación eficientes si queremos que los femicidios, la violencia contra la mujer paren”, dice Guerra. (I)