Una acción de incumplimiento en contra del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, fue ingresada en la Corte Constitucional por colectivos ciudadanos

Representantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y otros colectivos de la capital llegaron a las instalaciones de la Corte Constitucional para ingresar un pedido de acción por incumplimiento en contra del alcalde de Quito, Santiago Guarderas.

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Los denunciantes esperan que este recurso exija al Municipio cumplir la ordenanza 17-2020, que establece la implementación del sistema integrado de transporte público en la ciudad.

Con tambores, silbatos y carteles, varios ciudadanos que respaldaron el recurso jurídico gritaban diferentes frases en contra de las autoridades municipales, la mañana de este martes, 9 de agosto.

Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, puntualizó que esta denuncia fue ingresada debido a la falta de resultados en temas de movilidad, a puertas del inicio de operaciones del metro de Quito, ofrecido para diciembre de este año.

Para Buendía, no solo se han incumplido plazos, sino responsabilidades de parte de las autoridades. “Simple y llanamente, al alcalde y a sus personeros no les ha dado la gana de llevar adelante este proceso”, enfatizó.

Además, el denunciante acotó que, según la ordenanza, en junio de 2022 se debía cumplir una serie de implementaciones que permitan la reorganización del transporte.

Por ejemplo, citó que en dicha fecha debían haber completado la implementación del sistema integrado de recaudo, la reorganización de rutas y frecuencias, la implementación de una autoridad única que coordine el transporte público, entre otras acciones.

Sin esto, para el denunciante, en diciembre solo “va a empezar a circular un tren en subterráneo, pero no un sistema integrado del metro de Quito”.

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Desde el ingreso de la acción por incumplimiento, los ciudadanos esperan que en las próximas 48 horas se califique y se admita a trámite. En caso de ser aceptada, el alcalde sería notificado y contará con diez días para justificar lo que exigen los demandantes. Después podría pasar a audiencias.

Se solicitó una respuesta a la Alcaldía; sin embargo, desde la Secretaría de Comunicación del Municipio respondieron que están en la elaboración de una respuesta, la cual será anunciada en las próximas horas, ya que el alcalde se encontraba en sesión del Concejo Metropolitano.

Francis Aguayza, representante de la veeduría ciudadana que analiza el cumplimiento de esta ordenanza, dijo que llegaron a la Corte Constitucional debido a que “la tan anhelada movilidad digna que se (les) ofreció no se cumplió”. Y añadió: “Estamos exigiendo que el metro ya inicie sus operaciones y no se siga demorando”.

Entre los problemas de movilidad que han identificado en este colectivo, dijo que los buses no brindan seguridad, calidad y comodidad.

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Asimismo, denunció que los parámetros de calidad que han permitido que algunas operadoras aumenten el precio del pasaje no estarían siendo monitoreados de la manera más indicada por parte de la Secretaría de Movilidad.

Buendía también recordó que la ordenanza fue liderada por Guarderas cuando era vicealcalde y presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito. (I)