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Sujeto acusado de robo fue obligado a caminar amarrado a dos cilindros de gas en Otavalo

El presunto delincuente cuenta con un amplio historial delictivo desde el 2010. El cabildo luego de castigarlo decidió entregarlo a las autoridades locales.

El ciudadano aprehendido en flagrancia por la comunidad le castigó obligándole a caminar un largo trayecto amarrado los dos cilindros que pretendía robar. Foto: Ricardo Cabezas

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Actualizado el 

Otavalo

Los continuos robos que se registran en la ruralidad de Otavalo obligan a los comuneros a organizarse y tomar medidas radicales con base en la justicia indígena contra los delincuentes que son sorprendidos en flagrancia.

En la comunidad de San José Bajo, en San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo, una persona que fue sorprendida delinquiendo en esta jurisdicción fue sometida este 23 de febrero a la denominada justicia indígena.

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El sujeto fue capturado por los indígenas de la zona cuando intentaba llevarse un cilindro de gas de una propiedad. Minutos más tarde, en una camioneta en la que se movilizaba se hallaron varios electrodomésticos y otros enseres que había sustraído la mañana del jueves 22 de febrero.

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Los dirigentes comunitarios informaron que el individuo, de 63 años, tenía en la camioneta un televisor de 60 pulgadas, una licuadora, un reproductor de video, dos cilindros de gas doméstico, ropa y calzado que fueron hurtados en ese lugar.

La camioneta doble cabina en la que arribó al lugar la persona juzgada por la comunidad fue incinerada, frente a policías que llegaron hasta el sector. Foto: Ricardo Cabezas

El aprehendido se habría portado de forma violenta pues con un arma blanca provocó una herida en la mano a uno de los captores, esto molestó a la comunidad que se reunió y optó por aplicar la justicia ancestral y sentenciarlo.

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Luego de azotarlo por varias ocasiones fue obligado a caminar semidesnudo por la comunidad y la E 35, con dos tanques de gas que fueron amarrados a su cuerpo. La dirigencia indicó que es una forma de escarmentar al juzgado de acuerdo a sus leyes y mostrarlo a la gente para que esta persona sienta vergüenza.

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Trascendió que es reincidente en este tipo de delitos, cuenta con un amplio historial delictivo que fue corroborado por la dirigencia tras verificar sus antecedentes y procesos en su contra en la Judicatura de Imbabura.

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Tiene acusaciones legales desde el 2010 hasta el 2023, sobre delitos relacionados con asalto y robo, falsificación de documentos, daños materiales, robo y hace seis meses fue acusado también por robo. Y pese a su edad, dicen los directivos indígenas, sigue delinquiendo.

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Cuando realizaba el recorrido y se alejaba del lugar con los cilindros cargados, un grupo de enardecidos pobladores procedió a quemar la camioneta en la que arribó al lugar y en la que pretendía movilizar los elementos robados.

Terminada la sentencia, el cabildo decidió entregarlo a la Policía Nacional y Tenencia Política, presentes en el lugar, para que sean las autoridades correspondientes las encargadas de juzgarlo. Los uniformados miraban sorprendidos cómo se encendía el automotor, sin poder actuar debido a que estas jurisdicciones tienen sus propias leyes.

Este incidente pone de manifiesto la práctica vigente de la justicia indígena dentro de las comunidades rurales, un sistema reconocido y permitido por la legislación ecuatoriana en el marco del respeto a los derechos de los pueblos originarios y su autodeterminación legal y cultural.

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La Constitución de la República de 2008 establece a Ecuador como un país plurinacional e intercultural. Uno de los avances ha sido el reconocimiento de la justicia indígena para resolver los conflictos que afectan principios esenciales en sus propios territorios.

Uno de los dirigentes explicó que considerando sus costumbres, su derecho propio y su situación socioeconómica, se aplican sanciones distintas al encarcelamiento.

Si bien debería existir igualdad de jerarquías, la justicia ordinaria limita las competencias de las autoridades indígenas.

Uno de los límites determinados por la Constitución, tanto para la justicia indígena como para la ordinaria, es el estricto respeto a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales.

Las decisiones adoptadas por las autoridades de la jurisdicción indígena constituyen también cosa juzgada, por lo cual deben ser respetadas por todas las instituciones y autoridades públicas.

Finalmente, el único órgano con capacidad de realizar el control constitucional cuando las circunstancias así lo demanden es la Corte Constitucional. (I)

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