Por segundo día consecutivo se instaló, la mañana de este martes, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el proceso penal que investiga el delito de peculado que se habría dado en el Municipio de Quito cuando la Secretaría de Salud adquirió 100.000 pruebas para detectar COVID-19. La diligencia, que está en manos del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, arrancó con la intervención del fiscal provincial, Alberto Santillán, quien seguirá con el recuento de los elementos de convicción que mantiene para acusar a los restantes cuatro procesados contra quienes aún no ha emitido su dictamen fiscal. En el caso son investigadas catorce personas.

Fiscalía insiste en que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, es un autor mediato del delito de peculado que se investiga y emite dictamen acusatorio en su contra

Los procesados, contra quienes la mañana de este martes la Fiscalía emitirá su dictamen, son Daysi H., administradora del contrato; Jéssica Cárdenas, analista de contratación; Érick A. y Marco R., ambos excoordinadores jurídicos de la Secretaría de Salud. Todos serían vistos por Fiscalía como coautores del delito investigado.

La tarde del lunes último, luego de que el juez Jhaya declaró la validez de todo lo actuado por la Fiscalía en la etapa de instrucción fiscal, Santillán emitió dictamen acusatorio contra diez de los catorce procesados por peculado. El primero en recibir un dictamen acusatorio fue el alcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato.

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Luego, el fiscal Santillán emitió un dictamen acusatorio contra el exsecretario de Salud del Municipio de Quito Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A. A ambos los calificó como autores directos del delito de peculado.

Además, en calidad de coautores la Fiscalía emitió un dictamen acusatorio contra Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Enrique B., exdirector metropolitano de gestión de la Secretaría de Salud-Comisión Técnica; Diego S., presidente de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud; Iván M., responsable del estudio de mercado e informe de necesidad de la Secretaría de Salud; Simón V., miembro de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud; y José M., a cargo del informe de necesidad, mercadeo y especificaciones técnicas de la Secretaría de Salud.

Cuatro procesados por el delito de peculado ocurrido en el Municipio de Quito escucharán hoy el dictamen que mantiene Fiscalía contra ellos

Santillán inició la jornada haciendo conocer al juez Jhaya los elementos de convicción (informes, pericias de contratación, pericias a conversaciones telefónicas...) que mantienen contra Daysi H., administradora del contrato con la empresa Salumed.

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Según Santillán, Daysi H. realizó varias acciones trascendentales para el cometimiento del delito investigado, sabía que las pruebas entregadas por parte de Salumed eran distintas a las contratadas y pese a ello, no informó o advirtió del incumplimiento del contrato, lo que debía provocar la terminación unilateral del contrato y no una terminación por mutuo acuerdo.

Ante ello, el fiscal Santillán emitió un dictamen acusatorio en calidad de coautora contra la funcionaria municipal que fue la administradora del contrato en cuestión.

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Inmediatamente, la Fiscalía procedió a enumerar los elementos de convicción que mantiene contra Érick A., excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud.

Luego de casi 30 minutos de exposición, Santillán señaló que al haber identificado un nivel de participación de este exfuncionario municipal en la serie de irregularidades de este caso lo que correspondía es emitir un dictamen acusatorio en calidad de coautor.

Como tercer procesado del día al que se le formularía cargos fue nombrada Jéssica Cárdenas, quien habría estado relacionada con compras públicas en el Municipio de Quito. (I)