Se instala en la Corte de Pichincha audiencia en la que se conocerá si el alcalde de Quito, Jorge Yunda, es o no llamado a juicio por el delito de peculado

Cerca de las 10:00 de este lunes y luego de correr lista a los sujetos procesales que asisten de forma telemática a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado que aparentemente habría ocurrido en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito en la adquisición de pruebas PCR para detectar COVID-19, el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, instaló la diligencia.

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En este caso existe un total de catorce procesados, entre quienes está el actual alcalde de Quito, Jorge Yunda; la actual secretaria y exsecretario de Salud del Municipio de Quito Ximena Abarca y Lenín Mantilla, respectivamente; la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán; Juan Vinelli, gerente de la empresa Salumed S. A., con la que contrató la Secretaría de Salud del cabildo la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19.

Para la Fiscalía, los trece funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Quito y el empresario tienen participación en las supuestas irregularidades existentes en el contrato de $ 4,2 millones suscrito por el Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A. para adquirir 100.000 pruebas para detectar “COVID-19-Polimerasa”.

La teoría de la Fiscalía apunta a que Salumed S. A. no entregó pruebas PCR-Polimerasa sino pruebas Isopollo COVID-19 con tecnología RT Lamp, lo que significaría que la diferencia en lo entregado estaría en la sensibilidad y la especialidad para detectar el virus. “La empresa no cumplió con el objetivo del contrato y los procesados, pese a esto, recibieron el producto y lo usaron durante la pandemia”.

Además, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien está a cargo de la causa, ha definido que a pesar de los incumplimientos ubicados en la contratación, se finiquitó el contrato de mutuo acuerdo, cuando se había debido terminar de forma unilateral el contrato, ejecutar las garantías y declarar a Salumed S. A. proveedor incumplido.

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Para Fiscalía, esta “disposición arbitraria de dinero público” habría causado un perjuicio económico a las arcas municipales.

Juan Pablo Albán, abogado del alcalde Yunda, espera que el juez Jhaya les preste el tiempo necesario para ejercer el derecho a la defensa y que la Fiscalía les informe de qué exactamente se le acusa al alcalde, pues, asegura, en la audiencia de formulación de cargos se señalaron cuatro elementos de convicción, ninguno de los cuales es constitutivo de peculado.

“Tenemos la expectativa de que al final de la audiencia se dicte un auto de sobreseimiento en favor del alcalde Jorge Yunda. La verdad es que luego de este proceso investigativo del recaudo de más de 42.000 folios de información lo único que queda claro es que la adquisición de pruebas para la detección de COVID-19 que realizó el Municipio de Quito no existe irregularidad alguna y en consecuencia no hay el tal peculado invocado por la Fiscalía”, explicó Albán.

El abogado de Yunda afirma que “todas las teorías del caso que la Fiscalía ha manejado hasta el momento se han derrumbado”, pues cree que han quedado desvirtuados a partir de la prueba recabada dentro del proceso de investigación los señalamientos de Fiscalía que apuntaban a que existiría una asignación a dedo del contrato; a que se habrían entregado bienes diferentes a aquellos que fueron materia del objeto contractual; que el alcalde habría tenido conocimiento de la mala calidad de las pruebas, que esta mala calidad estaba confirmada y pese a ello se mantuvo el contrato; y que el alcalde Yunda no permitió la terminación unilateral del contrato con Salumed S. A.

La audiencia arrancó con la exposición de los abogados de los procesados respecto a vicios que podrían generar la nulidad de todo lo actuado por la Fiscalía en la etapa de instrucción fiscal, la cual duró 120 días. (I)