El Concejo Metropolitano aprobó la resolución que solicita al Colegio de Ingenieros de Pichincha que designe un equipo conformado por profesionales para realizar una auditoría técnica sobre la construcción del cubeto 10. Espacio que se construyó para la recepción de la basura de Quito en el relleno sanitario El Inga, en el nororiente de la capital. El Concejo pedirá que esta auditoría sea una colaboración para que no signifique un nuevo gasto para el Municipio.

Además, en la resolución se oficia a la Contraloría General del Estado para que se realice un examen especial de las etapas previa, precontractual, contractual y de ejecución de esta construcción y a la Procuraduría General del Estado para que realice un control de legalidad.

Los concejales cuestionaron la alianza interinstitucional entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para la construcción de esta excavación especial.

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El concejal, Fernando Morales, solicitó que se especifique las acciones que han tomado con los recicladores que trabajan en la Estación de Transferencia Norte. Nombró un accidente con la maquinaria que conllevó el fallecimiento de una persona dedicada a esa actividad y recalcó la importancia de darles una seguridad jurídica y tranquilidad en su actividad económica.

Wilmer Ati, secretario del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Emgirs, expuso ante los ediles que el talud occidental tuvo un derrumbe por la cercanía a la piscina de lixiviados. También señaló que una filtración pone en riesgo la zona.

Además, mencionó que los trabajadores están en contra de nuevos modelos de gestión o alianzas estratégicas. Solicitaron la apertura de la planta de separación sur para generar ingresos para la empresa e impulsar un sistema para el manejo de los residuos sólidos.

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Finalmente, pidieron la reincorporación de personal que ha sido separado y que se realice una auditoría a la empresa. En el caso de no cumplirse sus pedidos, Ati informó que se atendrán a su derecho a la resistencia.

Por su parte, María Gabriela Dávila, gerenta de la Emgirs, explicó que el cubeto 10 era una necesidad de emergencia para la disposición de los residuos sólidos de la capital y por ello pidió a la Epmmop que se genere este convenio.

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Según Dávila, el presupuesto referencial para la construcción del nuevo cubeto era de 2,3 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto que presentó la Epmmop fue de 1,8 millones y el costo final fue de 1,4 millones de dólares.

También puntualizó que existió fiscalización por parte de la Epmmop y que Emgirs contrató un fiscalizador para que se cumpla con los términos de referencia y las normas de construcción.

La concejala Mónica Sandoval dijo que debieron haber subido un contrato para que sea el personal técnico y calificado el que realice el cubeto 10. Indicó que así existiría una empresa a la que se reclamen los estándares de calidad. “La Epmmop nunca tuvo la capacidad para realizar ese trabajo”, añadió Sandoval

La gerenta de la Emgirs dijo que si generaba un proceso de licitación a una empresa privada, la ciudad no hubiese contado con un lugar para depositar los residuos sólidos por el tiempo que conlleva el proceso.

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También enfatizó que las condiciones la obligaron a tomar esa decisión, que era la mejor para la ciudad. “Quito hoy tiene construido su cubeto, hoy tiene dónde depositar su basura”, puntualizó Dávila. (I)