El presidente Guillermo Lasso reformó el artículo 18 del Decreto Ejecutivo 405, de abril de 2022, para dar viabilidad al bono de emergencia debido al sismo que afectó a varias provincias del país.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) informó que, a las 12:12 del pasado sábado, 18 de marzo, hubo un sismo de magnitud 6,6 en el golfo de Guayaquil, con epicentro en la isla Puná, a una profundidad de 66 kilómetros. Preliminarmente se indicó que fue de 6,5 en la zona de Balao.

Con datos hasta las 15:00 del lunes 20, por el movimiento telúrico hubo 14 fallecidos, 491 heridos, 1.189 personas afectadas, 251 viviendas afectadas, 202 unidades educativas afectadas, 90 viviendas destruidas, 34 bienes públicos afectados, 52 bienes privados afectados, 51 centros de salud afectados y 3 bienes privados destruidos.

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Según la reforma, el Estado podrá otorgar un incentivo por emergencia destinado a cubrir en todo o en parte el arrendamiento de vivienda para personas damnificadas.

Este incentivo —agrega el documento— se podrá otorgar por un periodo máximo de tres meses y los damnificados podrán recibir un total de hasta 1,5 salarios básicos unificados, es decir, $ 675.

Estos son los tres factores que incidieron para que El Oro sea la población más afectada por el sismo de magnitud 6,6

Ese monto podrá ser otorgado por una sola ocasión adicional hasta por el mismo valor y periodo.

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Además será considerado como parte de la inversión social por emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o fuerza mayor.

El decreto reformado establece también que, para la construcción de viviendas de interés social, el mejoramiento integral de barrios y la entrega de incentivos de hábitat y vivienda, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá suscribir convenios de cooperación para la transferencia de recursos con empresas públicas, alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación interinstitucional y convenios internacionales.

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Otros mecanismos serán alianzas o convenios con el sector cooperativo para la producción de viviendas, con organizaciones de la economía popular y solidaria, incluyendo organizaciones territoriales comunales y barriales que promuevan la producción de viviendas, autoconstrucción o mejoramiento de viviendas de interés social y la producción social de hábitat.

Para ello, esa cartera de Estado emitirá la normativa correspondiente.

Antes de la emisión de la reformatoria al decreto, el Miduvi dio a conocer que los $ 675 se dividirán para tres meses con un pago mensual de hasta $ 225.

Ser damnificado por desastres naturales, tener una vivienda afectada y estar dentro de una zona en estado de emergencia son, al menos, los tres requisitos que deberán cumplir los ciudadanos para formar parte del bono de arrendamiento por emergencia. (I)

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