Después del fallo de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto el proceso de remoción, la tarde del 30 de julio Jorge Yunda volvió a la Alcaldía de Quito. Sin embargo, Santiago Guarderas, quien ocupó ese puesto, ofreció continuar con acciones de apelación hasta la Corte Constitucional.

Con ello, varios representantes de la empresa privada y colectivos sociales han asegurado que la inestabilidad de la Alcaldía debe terminar cuanto antes para terminar con la paralización de procesos municipales.

La Cámara de Comercio de Quito publicó un comunicado exigiendo que se establezca legítimamente una autoridad en la ciudad y que se respete su seguridad jurídica. El gremio llamó a la ciudadanía a ejercer el derecho de reclamo a los derechos para que primen los valores y la ética.

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“La ciudad no puede seguir paralizada y al vaivén de decisiones judiciales que lastiman la legalidad y legitimidad”, dice el comunicado de la empresa privada.

Daniel Elmir, representante de Constructores Positivos, enfatizó que los procesos están frenados en el Municipio de Quito, que “no saben quién es el jefe, y tener la incertidumbre de si su nombramiento será válido o no hace que nadie saque ningún proceso”.

“Tenemos paralizados permisos de construcción, procesos de compra y demás trámites municipales tan importantes como otorgamientos de licencias únicas de actividad económica (LUAE)”, añadió Elmir. También mencionó que la inestabilidad de la Alcaldía genera pérdidas económicas y desempleo para los trabajadores de la construcción.

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La Cámara de la Industria de la Construcción también emitió un comunicado pidiendo que se defina la autoridad de la capital. “Caso contrario de manera urgente deberemos iniciar y liderar los procesos (…) no sólo a protestar y censurar a estos malos dignatarios, sino a buscar la revocatoria de sus mandatos”, dice el documento.

La concejala Analía Ledesma, quien formó parte de la Comisión de Mesa que conoció los pedidos de remoción, mencionó que no seguirá más procesos de apelación. “A mí no me eligió la gente para estar peleando, yo me voy a dedicar a seguir fiscalizando y trabajar en territorio con el alcalde que quede”, enfatizó.

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Por su parte, Juan Carlos Fiallo, concejal de Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, señaló que la inestabilidad de la Alcaldía deja con la incertidumbre a toda la ciudad, “incluidos los concejales”. Según lo decidido por la Corte Provincial, dijo que reconocen a Jorge Yunda como alcalde, sin embargo, esperan que los organismos judiciales dejen en claro a la persona que administrará la ciudad.

“Independientemente de lo que pase se necesita definir una agenda mínima con temas esenciales que se trabajarán en el Concejo, entre ellos, el sistema integrado de transporte en la ciudad, la reactivación económica y la salud de la capital”, añadió.

Víctor Hugo Quishpe, vocero del Frente Cívico de Quito, dijo que se han declarado en sesión permanente para tomar decisiones en torno a la inestabilidad de la Alcaldía. Sin embargo, confirmó que habrá movilizaciones sociales exigiendo “que se vayan todos; vamos a exigir al Consejo Nacional Electoral que llame a elecciones, porque se han burlado del pueblo quiteño (…); la ciudad está ahogándose”, añadió.

“Los ciudadanos estamos cansados de este estancamiento de toda la ciudad porque el alcalde mueve todo”, dijo Boris Alomoto, representante del colectivo Frente Dignidad por Quito. También comentó que se sumarán a las movilizaciones convocadas por los gremios: “Apoyaremos la protesta social, porque no hay otra manera de que se nos escuche”.

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Denunciantes de remoción:

Carolina Moreno, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, quien presentó la denuncia que desencadenó la aprobación de remoción en contra de Jorge Yunda, dijo que continuará los intentos por sacar a Yunda de la Alcaldía, por todos los recursos legales. “Si se da una nueva remoción o una revocatoria, la apoyaré”, mencionó.

Sobre la remoción, aceptó que resultaría “más difícil” por las pruebas a presentar y por no saber si el Concejo volvería a contar con los catorce votos necesarios.

Por otro lado, Jéssica Jaramillo, abogada patrocinadora de la denuncia de remoción, señaló que no formará parte de un nuevo proceso de remoción. “Yo ya hice lo que procedía en un proceso de remoción reglado; ahora presentaré la agenda ciudadana y presentaré al alcalde que quede”, dijo a EL UNIVERSO.