Pagar a los transportistas por kilómetro recorrido y no por pasajero es una de las propuestas del alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz, del movimiento Revolución Ciudadana, en materia de movilidad.

El pago se haría con la constitución de un fondo al que irían las multas y matriculaciones.

Es parte de las políticas que aplicaría para el transporte público donde habrá un fideicomiso.

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Ese esquema, según César Arias, consultor en movilidad y quien fue el ejecutor del Trolebús hace 26 años, ya se lo usó en ese transporte que llevaba pasajeros hacia ese sistema o conocidos como alimentadores.

Agregó que al pagar por kilómetro la demanda la asumirá el Municipio y lo estimó en un alto valor económico de entre $ 200 y $ 250 millones. Esto, porque podría haber muchos recorridos vacíos.

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“Es bueno por la intención que tiene de dar servicio a las zonas de baja demanda, pero quizás hay que estudiar un poquito más a fondo para ver estas implicaciones económicas”, opinó.

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Otro planteamiento de Muñoz es establecer una tarifa técnica y una tarifa social, y si hay un desfase de tarifas, el Municipio de Quito asumirá esta última.

Pero la columna vertebral para la movilidad en la ciudad será el Metro de Quito, cuya operación comercial empezaría en marzo.

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Arias sostuvo que ese transporte subterráneo tiene que ser articulado con el resto del sistema de transporte, porque en Quito hay alrededor de 4 millones de viajes y el Metro llevará 200.000.

La inquietud de Arias está en el tema económico, pues sostuvo que cada mejoramiento del nivel de servicio implica costos, y por la capacidad de endeudamiento del Municipio que sería baja.

Ve con buenos ojos la idea de transferir los costos de las multas y otros aspectos del transporte privado al transporte público, porque este último va a necesitar de aportes y de un subsidio.

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Para la operación comercial del Metro de Quito se debe definir un sistema de recaudación para el pago de los pasajes. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Una buena idea también le parece que haya una tarifa técnica y social. Explicó que la tarifa técnica responde a un cálculo aritmético y la tarifa social o la tarifa al público depende de la política local.

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Para ello, añadió, hay que tomar en cuenta la situación económica de los usuarios a fin de focalizar mediante una tarjeta electrónica.

El alcalde electo, Pabel Muñoz, establecería un sistema de recaudo automatizado que permita pagar el servicio de transporte con tarjeta o a través del celular.

Con la información que esperan obtener se podrán determinar los puntos deficitarios y dónde se podrán reestructurar rutas y frecuencias.

Varias de las propuestas de la nueva autoridad, que asumirá funciones en mayo, han sido dialogadas con dirigentes del transporte público.

Jorge Yánez, quien es presidente de la Unión de Operadoras del Transporte Urbano de Quito, que agrupa al 70 % de los aproximadamente 2.800 buses que circulan en la capital, mencionó que se han reunido en cuatro ocasiones con Muñoz.

Para alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz, se está ‘acelerando políticamente’ al Metro hacia su operación comercial

En esas reuniones, contó, se ha conversado sobre la operación del Metro, en la que se necesita una reingeniería de rutas pero con aristas como la de que se les pague por kilómetro recorrido y no por usuario transportado, modalidad que se implementaría de forma paulatina.

“La ventaja es para el usuario porque el bus puede llegar a las diez de la noche con un pasajero a cualquier barrio despoblado...”, señaló.

Otras aristas son que se respeten los contratos que datan de hace seis años, la implementación de un sistema de recaudo de la venta de los pasajes que lo llamó abierto, es decir, que las tarjetas de pago sirvan para cancelar otras transacciones comerciales, así como que haya un solo fideicomiso.

La tarifa técnica, indicó Yánez, es el resultado de los ingresos versus egresos y la estimó en $ 0,52, pero la tarifa socialmente justa está fijada por la ley que establece que no se puede pagar más del 15 % de sus ingresos.

“¿Cuál es la tarifa socialmente justa? Eso se va a determinar en unas mesas de trabajo (...) para que el Municipio pueda subsidiar al usuario”, mencionó Yánez. (I)