Estas son las falencias que comisión legislativa detectó en la cárcel de Turi; informe dio cuenta del control de grupos delictivos en pabellones

Los centros de Rehabilitación Social Varones n.° 1 de Guayaquil o la Penitenciaría del Litoral, Regional de Cotopaxi, n.° 4 de Quito, de Rehabilitación Social de Turi, en Azuay y de Privación de Libertad Chimborazo 2, fueron visitados por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Institucional de la Asamblea, en 2021.

Esto, con el objetivo de presentar al pleno del Legislativo un informe que evidencie la actuación de los funcionarios de las distintas instancias del Estado con miras a prevenir y resolver la crisis carcelaria.

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En el caso del centro de Rehabilitación de Turi, que se convirtió en el epicentro de un nuevo hecho sangriento (20 internos asesinados), el domingo 3 de abril, una de las conclusiones del informe de la comisión, de octubre del año pasado, es que era imposible ingresar a los pabellones, puesto que estos se encontraban controlados por las organizaciones criminales.

La mesa legislativa tomó en cuenta aspectos relacionados a la seguridad, el hacinamiento, las condiciones de vida, la situación de los grupos de atención prioritaria, separación de personas privadas de la libertad, rehabilitación social, gestión administrativa y tecnológica, situación de agentes de seguridad penitenciaria, visitas e infraestructura.

Ese complejo carcelario se compone de 9 pabellones, dos transitorios para varones y uno transitorio para mujeres. Su capacidad era de 2.740 personas y había 2.043, al 23 de octubre del año pasado.

El informe menciona que si bien la Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen aparente control sobre el perímetro exterior, no había un sistema automatizado de registro de visitantes y no funcionaba el escáner de objetos, ni corporal ni de vehículos.

Además, el sistema de cámaras en el interior de los pabellones se encontraba dañado y no solo eso, las llaves de los pabellones las tenían las personas privadas de la libertad que controlaban cada bloque.

Otras conclusiones eran que no había inhibidores de señal para dispositivos electrónicos, que existía un solo chaleco antibalas, que había hoyos de proyectil en las áreas administrativas.

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Otros aspectos del funcionamiento interno no pudieron ser corroborados como si realmente había o no hacinamiento, si la comida llegaba a todos los reclusos o bajo qué criterios era repartida, si a las personas enfermas les llegan sus medicamentos o si hay régimen de visitas.

Los legisladores comprobaron que había talleres de madera, de chocolatería, de bordado y había un huerto, pero los agentes de seguridad y vigilancia no portaban la dotación mínima de armas no letales y que la Policía Nacional no podría hacer requisas porque no tenía el personal adecuado ni la dotación para ingresar a los pabellones.

Tampoco era posible una separación entre presos, ni por edades ni por nivel de peligrosidad.

Por unanimidad, la Asamblea aprobó el informe sobre la situación carcelaria y de inseguridad

El informe luego fue puesto en consideración de la Asamblea que lo aprobó a mediados de noviembre del año pasado por unanimidad, el mismo que estableció recomendaciones.

Acerca del último hecho sangriento en la cárcel de Turi, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integridad y Seguridad Integral de la función Legislativa, mencionó que hay una demora en tomar decisiones por parte del Gobierno y que no se han implementado las recomendaciones de distintas instituciones, entre ellas, el Legislativo, que hizo más de 127 sugerencias.

“¿Dónde está el censo carcelario, la separación de las personas privadas de la libertad en función de su peligrosidad, la inversión en mecanismos o herramientas tecnológicas como cámaras, escáneres que hoy día siguen todavía obsoletos. El tema del control para impedir que se introduzcan en estos espacios armas de fuego, equipos de comunicación, armas blancas, municiones?”, se preguntó Narváez, en un video.

Aclaró que esas medidas no necesitan de ninguna reforma legal.

Otros incidentes en la cárcel de Turi

El Centro de Privación de Libertad de Turi fue inaugurado en el año 2014. La primera masacre de internos en este recinto penitenciario se registró el pasado 23 de febrero de 2021, en ese entonces hubo 33 reos asesinados.

Antes de este episodio, en febrero del 2020 fallecieron seis presos, en primera instancia, la directora del reclusorio afirmó que se trataban de suicidios, pero días después los exámenes de autopsia revelaron que fueron asesinados, previa tortura.

Uno de los hechos más polémicos también se dio en febrero del 2020 cuando se filtró un video en el que se mostró a los internos nadando, tras convertir el patio en una piscina.

Con el paso del tiempo el tipo de ocupación que iba a tener el centro carcelario también cambió. Inicialmente se planteó que iba a ser de carácter regional, solo para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. No obstante, meses después se volvió una cárcel nacional, pues acogió a internos de alta peligrosidad de otras provincias como Guayas, El Oro, Los Ríos.

Esa situación incluso fue reconocida por Guillermo Lasso, cuando aún no era presidente, el 24 de febrero de 2021, quien en su cuenta de Twitter escribió: “La cárcel de Turi en Cuenca era regional y la volvieron nacional, arriesgando el sistema penitenciario nacional”. (I)