Este miércoles 17 de mayo el presidente Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada para disolver al Parlamento y llamar a elecciones presidenciales y legislativa, para que en seis meses haya un nuevo Gobierno y una nueva Asamblea Nacional.

Pero, ¿qué efectos puede causar al país y a su población esta decisión? Varios de nuestros columnistas, especialistas en diferentes áreas, desde la política hasta la cultura, nos mencionan lo que piensan.

Simón Pachano, analista político

“El nudo político y constitucional ya no podía ser desatado. El presidente o los asambleístas debían cortarlo. Como estaba previsto desde que se promulgó la Constitución hiperpresidencialista, lo hizo quien solamente necesitaba estampar su firma en un documento que estaba listo desde varios días atrás. Obviamente, como corresponde a cualquier acto político, tendrá consecuencias tanto positivas como negativas. Que se impongan las primeras dependerá de la capacidad e inteligencia para ejercer el enorme poder asumido, pero también de la reacción de quienes quedan (solo parcialmente) fuera de juego.

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La principal consecuencia negativa es que abre un mayor espacio para la protesta social. La suspensión temporal de la representación política en el órgano legislativo y la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley, establecidas constitucionalmente, servirán sin duda para calificar de dictatorial al gobierno. También pesarán negativamente los plazos que tiene el presidente para dar un giro hacia lo social y hacia la definición de políticas que promuevan la reactivación de la economía. Si tomó la medida más drástica que tenía a su alcance debió ser para, a partir de ella, enderezar el rumbo y no solamente para evitar el naufragio. Si la considera solamente como la boya de salvación momentánea, el país pagará el costo del error.

La primera consecuencia positiva es la superación del enfrentamiento que llevaba a la parálisis de los dos poderes. La disolución de la Asamblea abre un nuevo periodo en el que ya no está presente ese factor (sin descartar que el conflicto se traslade a las calles) y ofrece amplias condiciones para el viraje señalado antes. Pero, este se materializará solo si el presidente valora adecuadamente su necesidad y si tiene la apertura para incluir en la necesaria renovación de su gobierno a personas de diversos colores políticos. Si es así, la principal consecuencia sería su convicción de que con este acto se transformó en un gobierno de transición y, por tanto, que su tarea es actuar en esa condición”.

Miguel Hernández Terán, constitucionalista

“El Estado de derecho no se ve sacrificado por la expedición del decreto de muerte cruzada. Las instituciones siguen funcionando plenamente sin ninguna alteración. Los derechos reconocidos en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales siguen garantizados. Las acciones judiciales y constitucionales para reclamar nuestros derechos se mantienen incólumes. De manera que la funcionalidad pública y privada no sufre ninguna alteración. Los servicios públicos mantienen su continuidad y los estándares exigidos constitucionalmente. Como consecuencia de ello el Estado y los delegatarios y concesionarios mantienen su responsabilidad por estos.

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En definitiva, la cotidianidad de la vida no sufre ninguna alteración. El Gobierno central mantiene sus competencias constitucionales y legales. Lo particular en esta coyuntura está dado por la ausencia temporal de la Asamblea Nacional. Mientras dura esa ausencia la Constitución ha previsto que el presidente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expida decretos leyes de urgencia económica, que pueden ser aprobados o derogados posteriormente por la nueva Asamblea Nacional”.

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Alberto Dahik, exvicepresidente de la República

“La muerte cruzada es una facultad constitucional con mucha discrecionalidad para el presidente de la República y la ha aplicado. La ingobernabilidad de los últimos dos años más la insostenible conflictividad hacían imposible avanzar en el Ecuador.

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La expectativa de nuevas autoridades hará que bajen las tensiones y que se pueda esperar un mejor ambiente a futuro. Pero lo que es muy cierto es que sin un gran acuerdo nacional no habrá posibilidades realmente de lograr el desarrollo que el Ecuador necesita. Y eso trasciende una muerte cruzada, una elección, la composición de la Asamblea o quién es el presidente”.

Eduardo Peña Triviño, exvicepresidente de la República

“El presidente asume los poderes legislativos porque puede gobernar por decreto, aun en los asuntos económicos previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es una especie de dictadura constitucional. Ojalá tenga muy buenos asesores. Debe hacer una profunda difusión para garantizar que no va a violar ningún derecho y que su gestión le hará bien al país porque no tiene la traba de la Asamblea. Puede aprovechar para darnos más seguridad.

Tiene que garantizar una campaña electoral imparcial, aunque él pueda presentarse a la reelección por el tiempo que falta hasta terminar el periodo”.

León Roldós Aguilera, exvicepresidente de la República

“Después de que Lasso fue cercado por la Asamblea con un juicio político de acusación de peculado, no sustentado ni sustentable en lo jurídico, ni en lo ético, sólo porque la mayoría quería usar una vía para destituirlo, no le quedaba a él otra opción que la muerte cruzada, que significa pasar a un universo de incertidumbres, mientras no se conozcan posibles opciones políticas y de propuestas económicas.

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Decretos leyes de emergencia de Lasso, que la Corte Constitucional deberá revisar, podrían significar recuperar niveles de confianza.

Ojalá que la mediocridad evidenciada en recientes pronunciamientos y actuaciones, que precipitan a la muerte cruzada, quede atrás como pésimo recuerdo”.

Pablo Lucio Paredes, analista económico

Para él el impacto de la muerte cruzada tendría varios puntos:

“(Es) malo porque viviremos en elecciones. En 3 meses una nueva, luego en 6 meses cambio de Gobierno, en 15 meses otra vez elección, y en 18 meses otro nuevo gobierno.

(Causa) incertidumbre porque lo que haga Lasso en estos meses (por ejemplo la reforma tributaria que acaba de lanzar) está sujeto a que la nueva Asamblea lo apruebe o rechace.

Problemas fiscales porque no habrá apoyo internacional hasta que haya nuevo gobierno, aunque quizás es la oportunidad para realmente hacer un esfuerzo de reducción de gastos no productivos.

Paralización porque muchas personas y empresas esperarán para hacer nuevas inversiones grandes o pequeñas.

¿En la vida diaria? Menos actividad económica, por ende menos crecimiento del empleo y de los ingresos”.

Pedro X. Valverde, abogado y analista político

“En mi opinión, la muerte cruzada lejos de terminar con la inestabilidad política que hemos vivido estos casi dos años, la acentúa y prolonga.

Al margen de las consideraciones sobre el juicio político y los argumentos de lado y lado, al decretar la muerte cruzada, dicha decisión se convierte ahora en el centro del debate político y jurídico, y abre el camino a elecciones anticipadas.

En ese contexto, la incertidumbre se acentúa y prolonga con esta decisión, y con ella, las nuevas inversiones y la generación de negocios y puestos de trabajo.

Todo lo relatado se agravaría más, si movimientos sociales y políticos se activan en las calles en contra de la medida tomada”.

Saudia Levoyer, analista y docente

“La decisión presidencial de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones es una oportunidad para el país en su conjunto. No podemos dejar de reconocer que es un momento difícil y que es pronto para decir si es positivo o negativo para la población, porque aún tenemos que ver las reacciones (no hablo de las declaraciones sino de las acciones) que, sin duda se darán desde la oposición y, por supuesto, desde los sectores a los que les conviene el caos y que pudieran estar decididos a generar cualquier tipo de violencia en el país.

Cuando hablo de oportunidad me refiero a que la población podrá seguir trabajando, los niños estudiando, las empresas produciendo, aunque el ruido político no cesará. El Gobierno deberá ser responsable por generar este clima, especialmente si está seriamente comprometido a rectificar la serie de errores que ha cometido en lo político (incluye limpiar la corrupción, reconciliarse con la clase media, exigir la limpieza de la justicia). Los sectores que pidieron esta medida, también tienen la oportunidad de mostrar que ayudarán al país y, de ser del caso, a gobernar, y dado que es una decisión enmarcada en la Constitución, todos debemos ayudar a que la idea del golpe de Estado no se instale en el debate público”.

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Cecilia Ansaldo Briones, catedrática y crítica literaria

“La sociedad ecuatoriana ha estado pendiente del juicio político desde que la AN iniciara, con pasos vacilantes, el proceso. Eso ha supuesto un estancamiento en las acciones políticas de varios frentes y una vivencia diaria en el estado de amenaza para la Presidencia. ¿Cómo se puede gobernar así? Las cosas llegaron al punto de denigrantes enfrentamientos entre asambleístas y presidente. ¿Hubo peculado en el caso Flopec? ¿Hubo delito por omisión? Hay tantas variables que solo los expertos pueden acercarse al problema con ideas claras.

Nuestra comunidad necesita paz y orden para convivir, negociar, trabajar. Si se va a conseguir con la parte del proceso que arranca con la muerte cruzada, bien sea. La altanería de ciertos asambleístas y de grupos sociales de no obedecerla es irresponsable. No se puede respetar la Constitución en ocasiones convenientes y en otras no. El presidente, pese a sus repetidos errores en su forma de gobernar, está al mando de este país. El momento crucial reduplica su quehacer y su responsabilidad”.

Gustavo Cortez Galecio, periodista, analista y catedrático

“La crisis político-institucional que afronta el país desde la pospandemia requiere soluciones urgentes y parecería que la disolución de la Asamblea y el retiro anticipado del presidente, medidas ambas que plantea la muerte cruzada, dan esa sensación de que esta crítica situación pueda terminar.

Pienso que la población, intuitiva como es, lo va a aceptar así, con la permanente ansiedad de que el que venga sea mejor y a eso le han apostado grupos políticos como el correísmo que ya anuncian su conformidad con lo hecho confiados en que el triunfo electoral de ellos está garantizado en la preferencia popular.

Lo que no está claro en el horizonte es quién puede ser el más opcionado para presidir el país hasta el 2025 y quiénes los nuevos asambleístas que si se siguen eligiendo por lista y con los métodos de asignación de escaños usados hasta ahora, no garantizan una Asamblea de mejor calidad”.

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Walter Spurrier, analista de economía y política

“La muerte cruzada va a permitir al Gobierno pasar leyes que mejoren el entorno para la inversión y por lo tanto el empleo. Una de ellas, la reforma laboral para motivar a las empresas y emprendedores a contratar más colaboradores. También va a motivar a las autoridades a acelerar los resultados de su gestión.

Sin embargo, la incertidumbre respecto a cuál será el próximo gobierno por posesionarse este año, si confirmación de Guillermo Lasso, un presidente designado por Rafael Correa, o un tercero, mantendrá en compás de espera la inversión y tenderá a desacelerar el ritmo económico. Y la desaceleración impacta negativamente en la economía popular”.

María Fernanda Cobo, analista de economía

“En esta transición política el factor tiempo y la capacidad de ejecución serán determinantes para desbloquear la inversión y el desarrollo que reclama el país. A corto plazo, facilitar la inversión para el desarrollo, tanto nacional como extranjera, reflejará un crecimiento real del empleo así como de nuestra capacidad productiva.

Acciones estratégicas de alto impacto social y que genere empleo son necesarios y urgentes; como la externalización de medicinas, la concesión de carreteras, la renegociación transparente de concesiones telefónicas y decisiones que dinamicen nuestras industrias estratégicas, como el petróleo y la minería, marcarían una aceleración hacia un cambio que un gobierno de transición está obligado a cumplir”.

Manuel del Valle, analista y especialista tributario

“La decisión del presidente Lasso de aplicar la muerte cruzada es acertada desde el punto de vista político. La decisión no solo se apega al marco constitucional vigente, sino que destraba un nudo que se había engendrado entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Por el momento esta decisión no tiene un impacto directo sobre la población general, pero le da la oportunidad al Gobierno para ocuparse más ágilmente del problema más importante que preocupa al ciudadano común, que es la inseguridad y el aumento de la violencia.

Además del exitoso plan de vacunación, este lapso de seis meses le da la oportunidad al presidente Lasso de dejar ese gran legado. No se le pediría la desaparición de la inseguridad en el plazo de seis meses, bastaría con detener su ascenso exponencial”.

La Asamblea Nacional permanece custodiada por las fuerza pública desde este mañana. Foto: Daniel Molineros

Gilda Macías Carminiagni, analista

“Si bien la muerte cruzada es una figura constitucional que le permite al presidente Lasso disolver la Asamblea y gobernar seis meses con decretos en el ámbito económico, legitimados por la Corte Constitucional, encuentro que hubiera sido más oportuna la renuncia del mandatario, dando paso al vicepresidente Borrero para asumir esa función hasta terminar el periodo para el que ambos fueron elegidos.

En el interregno en que nos hallamos, la activación de la muerte cruzada generará, muy posiblemente, tanto caos como movilizaciones y enfrentamientos de la sociedad civil con las fuerzas del orden. Por otro lado, el costo millonario de organizar nuevas elecciones mermará el escaso presupuesto disponible para responder a las necesidades de la población en situación de mayor vulnerabilidad; el riesgo país aumentará considerablemente, y las inversiones extranjeras no se darán en la forma prevista.

Las sensaciones de angustia e inseguridad de toda naturaleza que causan este tipo de medidas profundizan las brechas entre las clases sociales y políticas; suscitan emociones contrarias a las condiciones de paz y armonía que exigimos todos los ecuatorianos; y fuerzan a los oportunistas a erigirse en mesías baratos a cargo de la redención de un país pincelado por la mediocridad. Busquemos la viabilidad de un nuevo contrato social, un consenso donde seguridad, salud, educación, vivienda, y empleo sean los mandatos radicales de esperanza”.

Nila Velázquez, periodista

Es difícil decir en pocas palabras cómo afecta a la población la decisión del presidente de optar por la muerte cruzada. Las opiniones son diversas, algunas no optimistas: “A nosotros nos da lo mismo, nuestra vida no va a cambiar” ¿Cómo sabemos si los nuevos que se elijan serán mejores o peores que los que ya estaban? “Está bien, ya basta de tanto conflicto, hay que dedicarse a trabajar”.

La decisión del presidente no va a resolver para siempre la ausencia de cultura política que padecemos y que es una de las causas que nos han llevado a esta situación. Políticos incapaces de entender, lo que una vez a Felipe Gonzalez, expresidente de España, escuché decir: “La aceptación de la derrota es la garantía de la democracia”. Lo explicó brevemente: “Si el pueblo no votó mayoritariamente por un candidato, debemos suponer que nuestra propuesta no es la que consideran que será mejor para los ciudadanos y que prefieren la del opositor. Luego, tratar de entorpecer el gobierno del elegido, de insistir en que lo que el pueblo necesita es lo que el candidato perdedor promovió y promueve no es democrático”. No son palabras textuales, pero es la forma en la que explicó su frase.

Creo que esta es una oportunidad para ir más allá de cómo afecta la decisión del presidente a la población, si desde distintos ámbitos hacemos el esfuerzo colectivo, de entender lo que es la democracia y lo hacemos abiertamente, en diálogos que incluyan a las personas cuyos derechos elementales son vulnerados. Es una tarea para las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los comités barriales y los partidos políticos, si los hay.

Por ahora, el decreto presidencial, que muchos esperaban, puede abrir el camino para que el presidente tenga la oportunidad de poner en práctica algunos de los programas de su plan de gobierno. No será fácil porque la economía sufrirá, es posible que los convenios y acuerdos internacionales en que se estaba trabajando se estanquen, algunos ecuatorianos expresarán su descontento de distintas maneras, pero si queremos un futuro mejor y un ambiente de estabilidad y progreso constante, debemos aprovechar la oportunidad, analizando y entendiendo las causas que nos han llevado a esto y buscando las soluciones que permitan a todos los ecuatorianos, participar activamente en nuestra historia y no solo padecerla”.

Gabriela Calderón de Burgos, analista de economía y política

“La disolución del Congreso es una atribución del presidente contenida en el Artículo 148 de la Constitución de Montecristi. También lo hubiera sido la destitución del presidente por parte de la Asamblea, según el Artículo 129. Dejando de lado la discusión jurídico-política, consideremos las acciones que podría tomar el presidente para colocar la economía en el camino hacia el crecimiento económico a largo plazo.

Primero, continuar avanzando con la apertura comercial mediante la negociación y celebración de acuerdos comerciales. Adicionalmente, eliminar barreras no arancelarias al comercio como, por ejemplo, los reglamentos de las normas INEN que claramente tienen un objetivo proteccionista, en perjuicio de la eficiencia y bienestar de los consumidores.

Segundo, Ecuador necesita abandonar su modelo de represión financiera. Hay que atraer la banca extranjera para que los ecuatorianos tengan acceso a un mayor volumen de crédito y tasas de interés más bajas. Pongamos a competir a los bancos locales con los extranjeros. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política tiene un proyecto de ley listo que podría ser actualizado. Otra ruta para hacerlo que tal vez fuera más sencilla es homologar nuestra legislación financiera y marco tributario con aquellos de otros centros financieros estrella como Panamá o, mejor aún, Singapur.

Tercero, flexibilizar el mercado laboral para que las empresas extranjeras encuentren atractivo y conveniente contratar a ecuatorianos.

Estas tres reformas tienen como objetivo común integrar la economía ecuatoriana con la del resto del mundo”.

Inkarri Kowii, analista de temas indígenas

“Después del decreto presidencial 742 se abren múltiples escenarios que solo podemos deslumbrar mientras pasan las horas, y los diferentes actores sociales y políticos toman decisiones sobre su accionar. En estas primeras horas la situación para la ciudadanía es confusa, pues dependemos de si la decisión presidencial será acatada, o será enfrentada en las cortes de justicia, en las calles, a través de alguna argucia, ¿qué hacer?

Si termina por consolidarse el decreto 742, la certeza futura serán elecciones extraordinarias. Este escenario debe ser un llamado a la reflexión individual y de la sociedad civil sobre las acciones de la clase política que hemos elegido para ser nuestro representante en las funciones del Estado. La calidad de nuestros representantes debe ser cuestionada y analizada. Como ciudadanos debemos demandar de los partidos existentes procesos de elección interna que consoliden liderazgos políticos capaces, proyectos políticos claros, soluciones pragmáticas y capacidad para generar acuerdos nacionales.

Necesitamos reconstruir una ciudadanía activa, sin la cooptación del Estado, como lo hicieron en el pasado. Debemos identificar cuál es nuestra responsabilidad en el caos institucional en el que nos hemos sumergido y, por lo tanto, ser autocríticos con nuestras elecciones. Debemos analizar nuestra cultura política. Ante las elecciones próximas la ciudadanía no puede conducir su pasividad en buscar perfiles mesiánicos, ni conducirse por el sentimentalismo del momento. ¿Esta coyuntura nos permitirá madurar políticamente? ¿Nuestras élites podrán mejorar y plantear soluciones? ¿La ciudadanía estará más vigilante de lo que hacen nuestros representantes?”.

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Manuel Macías Balda, politólogo

“La muerte cruzada tiene más efectos negativos que ¿positivos? para el país. En primer lugar, afecta la estabilidad política interna del país al generar un nuevo proceso de elecciones presidenciales y legislativas con la incertidumbre que ello conlleva. En esta línea, al empezar un periodo de campaña política, el espectro político y la ciudadanía en la mitad también se divide para defender y apoyar a sus preferencias electorales. Este escenario de polarización política, crea un ambiente tenso social y políticamente.

En segundo lugar, esta incertidumbre política al interior también tiene repercusiones económicas, ya que la inversión nacional e internacional podría disminuir hasta tener certeza de lo que sucederá en el país. Asimismo, en otros campos de políticas públicas como la seguridad, por ejemplo, es más probable que la capacidad del Estado disminuya.

Por último, en lo local también habría repercusiones negativas, debido a que esta inestabilidad política también puede afectar el trabajo de los gobiernos municipales y provinciales al tener menor capacidad financiera y coordinación con el gobierno local. ¿Lo positivo? Nada”.

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Fernando Balseca, catedrático

“La llamada muerte cruzada es perfectamente entendible, justificada y justificable porque la grave conmoción interna que vivimos actualmente es de orden político, en el que un poder del Estado, el Legislativo, ha querido forzar –desde la sinrazón, violentando la normativa jurídica, y únicamente con el argumento de los votos– la destitución de un presidente de la República por un delito que no ha cometido, el de peculado, y del que además no se han exhibido las pruebas correspondientes.

El juicio político, sostenido por asambleístas ignorantes y fanáticos, no ha sido un espacio para debatir razonadamente; más bien se ha convertido en un sainete en el que incluso la asambleísta Viviana Veloz ha acusado de asesino al presidente de la República. En la Asamblea Nacional hay una mayoría que no cuida la democracia, y esto sí es un verdadero peligro para la estabilidad del país.

Creo que la ciudadanía más o menos informada apoya la disolución de esta Asamblea Nacional, pues, como lo han dicho varios miembros de la minoría legislativa, solo se ha estado escuchando basura en ese poder del Estado que Virgilio Saquicela ha puesto al servicio de los intereses desestabilizadores del correísmo. Por algunos meses, el Ecuador se ha librado de una función del Estado que no ha asumido la tarea de velar por los intereses nacionales”.

Juan Morales Ordóñez, jurista

“La decisión tomada por el presidente de la República que disuelve la Asamblea Nacional conlleva la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral de convocar para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de sus respectivos periodos y, también configura un nuevo escenario jurídico y político para la gestión gubernamental en este tiempo de transición.

El decreto, es la respuesta constitucional del primer mandatario, a una realidad social calamitosa forjada a pulso por las acciones de muchos de los exasambleístas que desde sus curules permanentemente impidieron al Ejecutivo concretar toda iniciativa destinada al cumplimiento de su plan de gobierno, frente a las cuales las respuestas del Ejecutivo tampoco fueron las adecuadas y estuvieron más bien marcadas por crasos errores de comprensión de la realidad social y política del Ecuador.

Considero que la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales es oportuna y positiva. La situación de la sociedad ecuatoriana -definida por la decadencia, inseguridad y suma ingobernabilidad- directamente afectada por las veleidades de una política mezquina liderada por la antes Asamblea Nacional y, de alguna manera aupada por la falta de enfoque y pulso político del Ejecutivo, podría mejorar con esta suerte de remozamiento general de todos quienes conforman las funciones Ejecutiva y Legislativa.

Los ciudadanos debemos elegir mejor, para que quienes sean nuestros mandatarios, nos representen correctamente sobre todo por su compromiso con los altos intereses de la política pública”.

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Adrián Santiago Pérez Salazar, abogado

“¿Qué es lo positivo que traerá la muerte cruzada? Nos encontrábamos en una situación política completamente trabada. La Asamblea ha intentado por todo medio bloquear al ejecutivo y entorpecer su mandato de todas las formas imaginables. El resultado es que nuestra clase política, en vez de trabajar para dedicarle soluciones a los gravísimos problemas del país, le ha dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a mezquinos conflictos que al ciudadano ecuatoriano no le afectan ni le importan. Esto le pone fin a esa situación.

¿Qué es lo negativo que traerá la muerte cruzada? Gran inestabilidad e incertidumbre. Hoy por hoy los partidos políticos no estaban listos para elecciones adelantadas. No queda claro quiénes serán los candidatos ni cómo se configurará el tablero electoral. Habrá que ver si el Gobierno, el cual podrá gobernar sin obstáculos mediante decretos-leyes durante los próximos meses, podrá recuperar a tiempo la aprobación popular, o si el poder pasará alguien más”.

Irene Torres, analista

“Sin apoyo popular, sin la capacidad de negociar políticamente con aliados potenciales y opositores, sin resultados palpables de su gestión, y en un escenario donde predomina el autoaislamiento y la exclusión de quienes no conforman su círculo más íntimo, el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión más acertada al decretar la “muerte cruzada”. Esperar al veredicto anticipado por parte de una Asamblea Nacional, que interpreta su mandato como patente de corso, simplemente habría conducido a una turbulencia social extrema antes de llegar al inevitable fin prematuro de la actual administración. Como señala nuestra vasta experiencia en intermitencia presidencial, cambiar de gobierno abruptamente no implica nada bueno para el país. Ecuador se enfrenta a una gran incertidumbre y tendrá grandes dificultades para frontarla en materia económica, política y social. Desde un paseo escolar interrumpido por protestas en las calles, pasando por brechas en la atención médica porque no se culminaron procesos de contratación, hasta acuerdos comerciales que quedan en el aire por las dudas sobre su continuidad, nuestro futuro inmediato este año quedará empañado por la inestabilidad, en todos los niveles”.

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Alfonso Reece Dousdebés, analista

“El Ecuador siempre ha sido una república presidencialista en la que el poder Ejecutivo se ejerce sin necesidad de contar con una mayoría legislativa, a diferencia de los Estados parlamentarios, como casi todos los europeos, en los que el gobierno se conforma mediante un consenso en la Asamblea. El sistema escogido favorece un permanente y perverso enfrentamiento que se ha resuelto por medidas de hecho, golpe o dictadura. Con la actual constitución se creyó acabar con esta disfunción congénita mediante el arbitrio de la “muerte cruzada”, que Guillermo Lasso acaba de utilizarla por primera vez en la historia. El hecho de que el presidente y la Asamblea se elijan simultáneamente podría favorecer que se logre un Gobierno con mayor apoyo legislativo. Que no se consiga esto es una posibilidad que no se debe descartar y aunque se obtenga este resultado servirá sólo para 18 meses. En este país no nos aburrimos nunca, no porque vivamos entretenidos, sino porque vivimos sobresaltados.

Buena parte de la ciudadanía prefiere ignorar estas pugnas y desafueros, para seguir su vida. Son cosas “de los políticos”, a quienes desprecian, olvidando que en nuestro país los elige el pueblo y los peores son elegidos precisamente por quienes menos se interesan en el manejo de la República. Y como todos los males, la juerga no desaparece por el hecho de ignorarla. Todo lo contrario, los dueños del establecimiento político saben que, muy rara vez, el electorado pide cuentas a sus elegidos y por eso actúan como en tierra de nadie. El jueguito de la pugna de poderes ha sido, sin duda, el principal componente de la incertidumbre en la que se ha movido el país. En esta República tan entretenida no pensamos más allá de las próximas doce horas, por malos hábitos mentales, pero también porque la dirigencia ha sido incapaz de armar un modelo en el que podamos pensar a largo plazo, en nuestro trabajo, en nuestros ahorros, en nuestra formación, en nuestra vida”.

Nelsa Curbelo, especialista en procesos de paz

“La percepción de la realidad es diferente en la población. Me permito hablar desde lo que conozco y siento de los sectores populares y desde algunos estudiantes y funcionarios con los que comparto. Y desde Guayaquil que no es todo el país.

En los sectores populares interesa más lo que va a hacer el nuevo alcalde, que ha despertado muchas simpatías, que lo que va a hacer el presidente del país. Eso parece no afectarles: “No importa, acá seguimos”, es el comentario. Pocos escucharon o vieron el debate. Si les pregunto qué les pareció dicen: “la verdad no me interesa, sí me importa saber si tendré trabajo”.

Más allá de si están de acuerdo o no. (El presidente) tomó decisiones, cosa que ha sido siempre su debilidad, pues se lo considera débil y dubitativo, insensible.

Por ahora mi percepción personal: Tener por lo menos una decisión clara es un respiro. No se puede vivir siempre en una especie de “equilibrio con inestabilidad”. Ahora más que nunca necesitamos concertación en lo básico: economía, educación, salud. Que las mejores personas en conocimientos, y en valores éticos se sumen en un proyecto nacional que aglutine, respetando y queriendo las diferencias. Un país se levanta si tiene un horizonte claro. Lo hemos demostrado cuando se ayudó en los terremotos y deslaves. Aquí se necesita organizar un gobierno de concertación que haga frente al presente y prepare el terreno para elecciones futuras de más largo plazo. Hay que preparar el terreno para una democracia sólida. Saliendo del coma, con posibilidades de regresar a cuidados intensivos”.

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Antonio Ayoví Nazareno, analista

“La muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso, un año después de ser sugerida por la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con una derrota electoral a cuesta en la Consulta Popular, un escenario nacional caótico con los dardos apuntándolo como culpable –aunque no sea el único– y en medio de un juicio político, pareciera una desesperada medida de cálculo al no reunir los votos suficientes para evitar su censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional.

Esta decisión podría acarrear escenarios de violencia política, prolongar la inestabilidad; estancar más la golpeada economía; perjudicar los negocios que pugnan por resistir y colapsar la salud mental de ciudadanos desamparados, agotados, desencantados con toda la clase política, cuyas posiciones intransigentes han debilitado las instituciones públicas y desprotegido a la población, y que en unos meses volverán a pedirle el voto.

Si la muerte cruzada supera la demanda de inconstitucionalidad del Partido Social Cristiano ante la Corte Constitucional, y las organizaciones sociales y movimientos indígenas aceptan las disposiciones, en los próximos seis meses el presidente Lasso debe tomar decisiones quirúrgicas sin emitir decretos antipopulares que agiten el avispero y conspiren contra la gobernabilidad deseada en ese poco tiempo. Los próximos pasos del gobierno y los acontecimientos dirán si la decisión tomada fue positiva o negativa: quiénes ganan, quiénes pierden”.

Carlos de Tomaso, analista

“La muerte cruzada es un mecanismo constitucional tanto como el juicio político. Sin duda es un escenario que provoca incertidumbre al abrirse un proceso electoral y por no saber si se va sostener en el tiempo, ya sea porque la Corte Constitucional lo declare inconstitucional o porque la presión en las calles sea insostenible

Todo vuelve a la Corte Constitucional, órgano de cierre de todas las grandes decisiones. Esta Corte tiene que estar a la altura de las circunstancias para dar certezas al país.

Los ciudadanos seguro estarán, por un lado, de acuerdo con que muchos de los asambleístas se vayan a su casa, pero, por otro lado, el país necesita un rumbo y por ahora seguimos q la deriva”.

Luis Fierro, analista de temas nacionales e internacionales

“La muerte cruzada permite que en un breve plazo se dé una salida democrática a la grave crisis institucional que vive el país. Al abrir un nuevo proceso electoral se disipan ciertas tensiones y amenazas de movilizaciones y paros, dado que las fuerzas políticas y sociales se enfocarán en la competencia electoral en ciernes.

El presidente Lasso puede emitir decretos leyes de urgencia económica (ya ha emitido un decreto de reforma tributaria para reducir ciertos impuestos), los cuales están sujetos a aprobación por la Corte Constitucional. Se ha indicado que podría presentar una reforma laboral para promover la creación de empleo.

No obstante, la decisión puede poner en pausa las inversiones del sector privado (tanto nacional como extranjero) hasta que se defina el proceso electoral. Si gana un candidato que no sea “amigable al mercado” podría seguir aumentando el riesgo país y limitando el acceso al financiamiento externo (incluyendo del FMI y bancos multilaterales)”.

Julio César Roca De Castro, analista

“El jefe de Estado cumplió su amenaza y disolvió la Asamblea Nacional, al advertir que sería destituido en el juicio político seguido en su contra. Invocó la “grave crisis política y conmoción interna”. Mas, la Corte Constitucional ha establecido que tal causal se configura con la ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad, que alteren gravemente la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. Que la Asamblea ejerza su atribución y deber constitucional de fiscalizar al Ejecutivo no se adecua a dicha situación y por estar en marcha el juicio, es inconstitucional la decisión del presidente, quien sistemáticamente se ha rehusado a rendir cuentas al órgano legislativo, como en el caso de sus inversiones en las guaridas fiscales.

El mandatario señaló que no se ha probado nada en su contra. El acusado no puede resolverlo, sí la Asamblea. Pero el mayor juez es la ciudadanía, que no podrá saber si cometió el delito de peculado por las versiones opuestas de las partes, lo que afectará al convivir democrático.

Dice el Sr. Lasso que es nula la confianza ciudadana en los legisladores. Paradójico es que lo diga el presidente menos popular de la historia. De ahí que, democráticamente debía haber consultado al pueblo si quería que él o ellos dejen sus puestos. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre el desatino. Por último, es condenable la injerencia de las cúpulas militar y policial en el proceso”. (O)