El Gobierno descartó que la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas lideren la iniciativa del quinto puente o viaducto sur, pero sí integrarían una comisión que llevará adelante los procesos.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, señaló –este miércoles, 18 de mayo de 2022– que a ambas entidades se las invitará una vez que se ha reanudado la obra.
“No somos dueños del proyecto, el proyecto es de todos los ecuatorianos y lo único que trataremos es de poner nuestro mejor esfuerzo”, dijo.
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Cabrera respondió así al planteamiento que la noche del martes realizó la alcaldesa Cynthia Viteri, quien pidió al Gobierno que los deje impulsar el proyecto con la Prefectura. Dijo que se lo podría realizar con alianzas estratégicas.
“Déjennos a nosotros hacer el quinto puente a través de alianzas estratégicas. ¿Qué significa esto? Que no le cueste un solo centavo a Guayaquil o la Prefectura, y que se lo pueda hacer a través de concursos públicos internacionales transparentes”, señaló la alcaldesa.
El ministro de Transporte y Obras Públicas se refirió a este tema en un acto con Naciones Unidas, entidad que le entregó un reconocimiento como embajador del decenio de acción en seguridad vial.
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Agregó que están junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Mundial (BM) en la reformulación del proyecto desde lo público.
Antes, explicó, se quería seleccionar una iniciativa privada para trabajar desde el sector privado en la prefactibilidad y factibilidad. Ahora será desde el sector público. Agregó que no se ha archivado esa iniciativa.
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El viaducto sur es un proyecto que se viene manejando desde hace varios años y no se concreta. Enlazaría la zona portuaria, en el sur del Guayaquil, con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal.
La prefactibilidad estimó que estaría lista hasta finales del 2022.
En 2023 se haría la convocatoria. Al ministro se le consultó cuándo empezarían los trabajos. Él respondió que primero habrá la convocatoria y en esa instancia habrá un detalle del cronograma a seguir.
La obra tendrá un costo de unos $ 800 millones a $ 1.000 millones, dinero que sería invertido por la empresa o el concesionario que financiará el proyecto.
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“No tiene nada de malo que el Gobierno con la Alcaldía y la Prefectura ejecuten lo que sea necesario para que la obra salga adelante”, respondió a la pregunta de por qué no dar la competencia a esas entidades.
La decisión final sobre el proyecto será del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (I)