Los pasajeros de las 414 paradas del transporte público que están dispuestas en diferentes sectores de Quito podrían quedarse sin la estructura física debido a diferencias entre el Municipio y la empresa publicitaria Sarmiento, encargada de la instalación y mantenimiento de los paraderos.

El contrato firmado en 2018, en la administración de Mauricio Rodas, establecía la concesión a una empresa privada encargada del diseño, construcción, instalación, mantenimiento y conservación del mobiliario urbano (paradas) a cambio de la explotación publicitaria en el Distrito Metropolitano de Quito.

La empresa, por su parte, debe pagar un canon (costo anual) por la publicidad de $ 1′267.126. Pero este canon sufriría variaciones o descuentos si el Municipio no se encarga de eliminar las vallas publicitarias ilegales en la ciudad. El plazo del contrato es a diez años.

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Ricardo Flores, gerente de Sarmiento, puntualizó que el contrato prevé que se realice un censo y emita un informe de cómo están las vallas en la ciudad. Esto generaría el descuento del 50 % en el pago del canon.

También puntualizó que han intentado tener un acercamiento con el Municipio, pero en las dos administraciones, de Jorge Yunda y Santiago Guarderas, no ha existido apertura.

Sandro Vallejo, procurador metropolitano de Quito, cuestionó que la empresa de publicidad ingresó una medida cautelar en un juzgado de Guayaquil, a la madrugada, cuando el proceso de contratación y los involucrados se encuentran en Quito.

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“El juez estableció que la acción se podía presentar ante otro juez (...), debía someterse a cualquier otro juez de Quito, sin embargo, desde la empresa apelaron en la Corte Provincial de Guayas y actualmente no existe ninguna medida”, expresó Vallejo.

También puntualizó que siguiendo el debido proceso han notificado a la empresa sobre el incumplimiento en el contrato en temas de la publicidad, del mantenimiento y de los pagos.

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Criticó que la empresa ha decidido retirar paradas, emitir anuncios y señalar argumentos que no son correctos.

Byron Ruiz, director de Señalización de la Epmmop y administrador del contrato con Sarmiento, informó que el acuerdo establece la instalación y mantenimiento de 414 paradas (309 simples y 105 dobles). Además, incluiría 414 bancas que no han sido instaladas y 20 relojes que sí están dispuestos en varios sectores de la capital.

Entre los incumplimientos, el funcionario municipal detalló que se encontraría el canon (costo anual) no pagado desde el 2018, que ascendería a $ 4′929.393,06; ubicación de los mupis (soporte de publicidad exterior) con multas de $ 1′851.300; sobrexplotación publicitaria de 11.687,50. El total de la deuda actualmente sería de $ 6′687.571,05.

De esta deuda, se informó que la empresa únicamente ha pagado $ 104.809,51. Además, puntualizó que una parada ha sido retirada en su totalidad, tres de manera parcial y un mupi.

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Desde Sarmiento negaron esto. “Es falso que se hayan retirado paradas, existen dos o tres que están fuera de servicio por accidentes de tránsito, pero en el tiempo determinado se debe reclamar a esas personas y reponer”, argumentó Flores.

Además, según los representantes de Sarmiento, la deuda es de $ 400.000 aproximadamente, porque no se ha eliminado la publicidad ilegal.

Vladimir Tapia, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, dijo que el Municipio está analizando todas las medidas posibles y los términos legales para garantizar el servicio de paradas para los ciudadanos.

Santiago Terranova, CEO de la empresa Sarmiento, dijo que todos los letreros instalados fueron aprobados por el Municipio y todo tiene un acta de entrega. Sobre las bancas que no han sido instaladas señaló que están trabajando en la preparación del prototipo, a pedido del mismo Municipio.

También aclaró que su intención no es retirar las paradas, pero que si el contrato se da por terminado, les obliga a cambiarlas. “La intención de la empresa es negociar para que se pueda llevar de manera viable”, enfatizó.

El lunes 30 de mayo, el Municipio notificó a Sarmiento sobre la terminación unilateral del contrato si no se cumple con la subsanación de la deuda pendiente en el término de diez días laborales. Es decir, este lunes 13 de junio se cumplirá el final del contrato.

Luis Valenzuela, abogado de la empresa, explicó que la medida judicial se ingresó en Guayaquil porque en esa ciudad está su departamento legal y su giro de negocio. (I)