Militares apoyarán en la seguridad de Santo Domingo de los Tsáchilas sin que se declare estado de excepción

Una semana después de que el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, exigió al Gobierno declarar el estado de excepción en el cantón ante la ola de inseguridad, la tarde de este jueves 27 de octubre tuvo lugar la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana Provincial que contó con la participación del alcalde; la prefecta Johanna Núñez; el ministro del Interior, Juan Zapata; y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas.

El encuentro concluyó sin la declaratoria de estado de excepción. Zapata explicó que aquella medida propiciaba la participación de las Fuerzas Armadas en el control de seguridad en las calles, pero ahora que se cuenta con la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza ya no es necesario declarar un estado de excepción para que los militares colaboren con la Policía.

En ese sentido, el ministro aclaró que la ley permite al Ejército encargarse del control de armas y explosivos.

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Por otro lado, la autoridad informó que este día se incorporaron 53 policías para la seguridad de la ciudad. Además, otros 200 aspirantes empezarán a formarse en el cantón y, una vez que se gradúen en seis meses, prestarán sus servicios en esa localidad.

En la reunión del Comité, el alcalde Wilson Erazo y el ministro Juan Zapata firmaron un convenio de cooperación. La Alcaldía entregó cinco camionetas y quince motocicletas para uso de la Policía.

El Municipio se comprometió a donar a la institución un terrero de casi una hectárea de extensión para la implementación del Aeropolicial.

Este espacio se convertirá en un complejo estratégico para equipos tácticos de la Policía, aprovechando la ubicación de la provincia, que se encuentra cerca de sectores conflictivos, añadió Zapata, quien indicó que se reforzarán las capacidades de investigación e inteligencia.

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Además, las autoridades dieron a conocer que en la cita se propuso crear en Santo Domingo, junto con el SNAI, un centro de detención para infractores de tránsito, con el fin de separar a estas personas de aquellas que cometen delitos comunes o más graves.

La iniciativa se analizará y en los siguientes quince días el Comité se volverá a reunir para evaluar si es viable, anticipó Zapata.

El ministro resaltó que, según información de la Policía, en los últimos diez días no se han registrado muertes violentas.

Por parte de la Prefectura se anunció la implementación de seis cámaras de reconocimiento facial y seis más para reconocer placas vehiculares. Adicionalmente, la provincia transferirá $ 30.000 a la Policía para que se ubiquen cámaras de vigilancia en puntos rojos, explicó la prefecta Johanna Núñez. (I)