Redacción-Riobamba

Representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Fiscalía e Intendencia de Policía de Chimborazo encontraron más de 1 millón de unidades de galletas y 400.000 coladas caducadas desde el 2017, la mañana de este miércoles 24.

El operativo se desplegó en dos galpones del Parque Industrial de Riobamba. En los espacios, los técnicos de Arcsa y de las otras instituciones localizaron más de 25.000 cartones de estos productos que ya habían cumplido su vida útil.

Según Arcsa, ese lote hallado formaba parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.

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Los empaques estaban marcados con nombres comerciales de las galletas de 30 gramos y coladas de 1 kilogramo, con los sellos del PAE y el Ministerio de Educación. “Lote PE01C116M20. Fecha Elab. 01/10/16. Fecha Exp. 04/17″ es lo que se lee en una de las fundas de coladas, en las que además dice: “PAE-Programa de Alimentación Ecuador y Ministerio de Educación”, con su respectivo logotipo.

Cristian Tamayo, coordinador zonal de Arcsa, informó a este Diario que acudieron a la bodega bajo la disposición de una jueza de lo Civil que determinó el descerrajamiento y el lanzamiento de los bienes que se encontraban dentro del predio, que le pertenece a una persona natural de Riobamba.

“Este hallazgo representa una grave afectación para la nutrición de miles de niños y jóvenes del sistema nacional de educación, a quienes se les negaron los productos que encontramos hoy y que por su caducidad ya no pueden serles administrados, porque serían un riesgo para su salud”, acotó Ana Karina Ramírez, directora ejecutiva de Arcsa.

Durante la diligencia, personal de Arcsa se encargó del levantamiento de información y documentación del hallazgo.

Ramírez detalló que el perjuicio para el Estado sería de casi dos millones y medio de dólares.

Además, Tamayo indicó que se solicitará a las autoridades de Fiscalía y Contraloría para que se determine si hubo algún ilícito penal o, en su defecto, incumplimiento del contratista o del Estado ecuatoriano.

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El coordinador zonal de la Arcsa comentó que hace aproximadamente tres semanas conocieron una denuncia ciudadana sobre una bodega de Chimborazo donde había cerca de 24.000 cartones con kits alimenticios que supuestamente debían haber sido repartidos en las escuelas fiscales, aparentemente, de esa provincia. En general, son más de 1,4 millones de raciones escolares que no llegaron a su destino, estimó.

Comentó que la jueza de lo Civil les dijo que debían iniciar el protocolo de verificación de los productos para que no puedan entrar nuevamente a la distribución. Además, detalló que se evidenció que estos alimentos no pueden ser lanzados hacia un vertedero de basura o expulsados a la calle, sino que tienen que ir a un proceso de custodia con la Policía Judicial y la Fiscalía.

Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, aclaró que el lote en mención no fue adquirido por esa cartera de Estado, “y no fue bajo la supervisión del Ministerio de Educación que se haya echado a perder la misma”.

El funcionario explicó que mediante Decreto Ejecutivo 129 del 8 de octubre del 2013, se creó el Instituto Nacional de Provisión de Alimentos (Proalimentos) adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Años después, se creó la Unidad Nacional de Almacenamiento bajo Decreto Ejecutivo del 17 de noviembre del 2015, y esta entidad absorbió al Instituto Nacional de Provisión de Alimentos, que se hizo cargo de la adquisición y distribución de la alimentación escolar.

El Ministerio de Educación asumió dicha competencia mediante Decreto Ejecutivo 1120 del 18 de julio del 2016. ”Pero entre julio y noviembre del año 2016, no se llevó adelante todavía esta adquisición y distribución debido a que se estaban elaborando en ese momento las fichas para la adquisición de la alimentación escolar conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Contratación Pública”, expresó Chiriboga.

El funcionario indicó que actualmente el programa de alimentación escolar no posee bodegas de almacenamiento. “Esto quiere decir que la alimentación es producida directamente por las fábricas y es entregada en las escuelas. La cadena de distribución no es competencia del Ministerio de Educación sino que corresponde a un contrato que es el que ha sido firmado directamente entre el Servicio Nacional de Contratación Pública y los proveedores. El ordenador de la compra es el Ministerio de Educación”, sostuvo.

Chiriboga refirió que en la actualidad están afrontando la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, aprobada en el 2019 y reglamentada un año después.

“(Es) Una ley que pretende que nosotros demos alimentación con mayor pertinencia cultural, con mayor pertinencia regional. Nosotros necesitamos avanzar a un modelo de alimentación que reduzca el consumo de alimentos hiperprocesados en nuestros estudiantes”, dijo el funcionario.

Agregó que en Portoviejo se realiza un plan piloto de alimentación escolar. (I)