El juez de Manglaralto, Diego Moscoso Cedeño, concedió una acción de protección a favor de la empresa Raquilsa, que asegura ser propietaria de un terreno en la comuna Montañita donde el Municipio de Santa Elena construyó una estación de bombeo.

“Toda obra de interés social, incluso cuando se utilicen recursos públicos, debe preceder la declaratoria de utilidad pública, misma que no ha sido cumplida por parte del GAD de Santa Elena, dándose una vulneración del derecho al debido proceso”, sostuvo el magistrado en la resolución, emitida el 1 de diciembre.

Por esta omisión, el juez también dispuso -como reparación integral- que el cabildo emita la declaratoria de utilidad pública del predio, en conflicto desde hace seis años con los dirigentes de la comuna Montañita, quienes también reclaman la propiedad del mismo terreno.

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La defensa del cabildo y de la comuna apelaron el dictamen, el 7 de diciembre, y esta causa pasó a la siguiente instancia: a la Corte Provincial de Justicia. Ahí, los magistrados tendrán que ratificar o rectificar la acción de protección.

“Se ha respetado la propiedad privada, esperamos que (en la Corte Provincial) se cumpla con la ley”, comentó un vocero de la firma, que compró en 2005, a la CFN, y en 2014, a otra empresa, los predios que en principio le pertenecían a un hombre desde 1945, según los registros de esa propiedad.

Audiencia de acción de protección, en caso de obra sanitaria ejecutada en un predio en conflicto en Montañita, se suspendió por recusación contra jueza

Mientras que el abogado del cabildo, Carlos Pesantes, sostuvo: “No se ha justificado si se ha afectado o no la supuesta propiedad de la compañía Raquilsa S. A., por lo que es inadmisible e improcedente esta acción”, en las declaraciones que constan en el proceso judicial.

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En parte del terreno, el contratista municipal instaló la red sanitaria de la estación de bombeo bajo tierra y, en la superficie, se observa una construcción pintada de blanco. Esta obra se realizó antes de que se resolviera la acción de protección, solicitada por la firma el 19 de julio pasado. Es decir, pasó cerca de cinco meses para que se diera el dictamen favorable a la empresa.

Por este presunto retraso en el trámite de esta medida, la dirección del Consejo de la Judicatura de Santa Elena abrió una investigación en septiembre contra los dos jueces de Manglaralto. (I)

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Detalle:

El Municipio de Santa Elena autorizó la construcción del cerramiento del predio a la empresa, cuando el contratista municipal ejecutaba la obra sanitaria.