La oficinista auxiliar de la Unidad Tercera de la Familia de la Mariscal, Gabriela Beltrán, llegó la mañana de este jueves a la Fiscalía para rendir versión dentro de la investigación previa por el delito de asociación ilícita abierta ante posibles irregularidades en uno de los dos sorteos de acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda para evitar que se concrete su remoción como alcalde de Quito.

Beltrán aseguró que llega a contar su verdad ante la justicia, pues asegura que en el interior del Consejo de la Judicatura (CJ), pese a tener todas las pruebas de su inocencia, le abrieron un sumario administrativo.

La auxiliar de ventanilla insiste en que le falsificaron su firma para ingresar la solicitud de medidas cautelares de Yunda el 7 de julio pasado, y que hicieron una apropiación y uso ilegal de su clave, usuario y contraseña institucionales para cometer la irregularidad en el sorteo de la causa. Beltrán asegura que todo sucedió en la Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte, y ella labora en la Unidad Judicial de La Mariscal.

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Judicatura dispuso inicio de sumarios administrativos contra funcionarios judiciales que participaron en sorteo de dos causas presentadas por Jorge Yunda

“Esto se da únicamente con ayuda superior, porque debemos ser habilitados y deshabilitados en las diferentes unidades judiciales para poder desempeñarnos; de lo contrario, no, no podemos ingresar. (...) Gestión Procesal y Talento Humano son los únicos que pueden autorizar los ingresos o las deshabilitaciones de cualquier funcionario”, aclaró la aún funcionaria judicial antes de ingresar a rendir su versión libre y voluntaria.

Sobre el sumario administrativo abierto contra Beltrán, Ciro Guzmán, su abogado, explicó que ese procedimiento solo se lo inició contra Gabriela Beltrán y el juez Carlos Soto. Justamente Soto, quien fue el juez que dio paso a las medidas cautelares pedidas por Jorge Yunda, fue convocado a rendir versión a las 15:30 de este jueves en la Fiscalía.

“El CJ dice que está probado que Gabriela Beltrán trabajó todo el día en su unidad judicial, pero le abren por falta gravísima porque no cuidó su clave y contraseña, cuando lo que se investiga es precisamente un delito de clonación de clave y contraseña. Lo lógico era que se saque de la investigación a Gabriela Beltrán y que termine la investigación administrativa”, refirió Guzmán.

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Gabriela Beltrán al igual que su abogado insisten en su inocencia. No solo lo argumentan señalando que la funcionaria jamás entregó sus claves a nadie, sino también exponiendo que el CJ tiene el video que demuestra que Beltrán estuvo en su unidad de trabajo a la hora en que se ingresó la medida cautelar de Beltrán, pero que la institución ni siquiera ha abierto el archivo que lo contiene.

Falsificación y utilización de documento público falso, suplantación de identidad, robo de datos informáticos, asociación ilícita son entre otros delitos que cree Guzmán se habrían cometido en este caso, y cree que deben ser investigados no solo por la Fiscalía, sino también por el Consejo de la Judicatura, como ente de gobierno de la Función Judicial.

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El CJ, el 8 de julio último, anunció el inicio de procesos administrativos disciplinarios y dispuso la suspensión provisional sin remuneración de los funcionarios que participaron en las dos acciones constitucionales que presentó de forma independiente Jorge Yunda en junio y julio pasados.

Judicatura conocería de falsificación de firma y uso ilegal de claves ocurridos en sorteo de medida cautelar solicitada por Jorge Yunda

Por haber participado en la acción de protección se suspendió a la jueza Belén Domínguez, al ayudante judicial y a la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe, en el sur de Quito; mientras que por la medida cautelar, al juez Carlos Soto, a la auxiliar de ventanilla Beltrán y al secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, ubicada en el norte de la ciudad.

Hasta el momento no se conoce cuál ha sido la decisión del CJ respecto a los otros tres funcionarios relacionados con la acción de protección presentada por Yunda en el Complejo Judicial Sur de Quitumbe. El domingo 1 de agosto pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso a su director Provincial de Pichincha que, en el ámbito disciplinario, inicie los sumarios disciplinarios correspondientes en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda. (I)