El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de su Unidad de Transparencia de Gestión, abrió una investigación preliminar para analizar el nombramiento y el ingreso de la jueza María Belén Domínguez en 2015 para ser magistrada en la Unidad Judicial Civil de Violencia contra la Mujer en Quitumbe, en el sur de Quito.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, dio a conocer la mañana de este miércoles que la institución inició desde el martes último, junto con Transparencia de Gestión, una investigación preliminar sobre la situación.

Domínguez es la jueza que el lunes último dio a conocer su resolución en la que aceptaba parcialmente la acción constitucional de protección interpuesta por Jorge Yunda contra los concejales del Municipio de Quito Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales y el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, todos integrantes de la Comisión de Mesa que trabajó los informes para el proceso de remoción del cargo de alcalde de Yunda.

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Yunda alegaba se le habían vulnerado sus derechos en ese procedimiento, pero la jueza Domínguez, de forma oral, aceptó de forma parcial la acción de protección con el argumento de que no se cumplió con el debido proceso respecto a la garantía de imparcialidad. Hasta el momento la jueza no ha emitido por escrito su sentencia, pero aun así ya existen pedidos de apelación.

La investigación preliminar de Domínguez dentro del CJ llega luego de que Jéssica Jaramillo, una de las proponentes del proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda, dio a conocer que llegó a su conocimiento la Resolución 208 del 2015, con la que se nombra a María Belén Domínguez como jueza de una unidad civil y con la que emprendió la carrera en la magistratura.

“Nos llama mucho la atención que su título ha sido registrado en el 2014 y encontramos que en el repositorio digital de la UDLA ella se graduó en el 2014, con lo cual ella solo habría hecho un año en el ejercicio profesional para posteriormente ingresar en la judicatura, lo que ya es el incumplimiento de un requisito porque para ser juez se necesitan una serie de elementos adicionales”, explicó Jaramillo.

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Además, indicó Jaramillo, habrían revisado todas las resoluciones que son parte de la Resolución 208, en donde en ninguna de estas se encuentra el nombre de María Belén Domínguez. Según la denunciante, estas resoluciones lo que hacen es consolidar el banco de elegibles y de los participantes en el concurso de jueces para que puedan ser nombrados como jueces.

“En ninguno de estos bancos hemos encontrado el nombre de María Belén Domínguez, y es por esta razón que nos ha llamado muchísimo la atención. Cómo ingresó la funcionaria es lo que estamos preguntándole al CJ para que ese organismo esclarezca cómo fue nombrada la abogada Domínguez como jueza de la Unidad de Violencia contra las Mujeres en la Unidad de Quitumbe”, aclaró.

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Respecto al tema, Maldonado aclaró que hasta donde conoce el nombramiento se dio en el 2015, cuatro años antes, dijo, de que ellos ingresaran al Consejo de la Judicatura (enero del 2019). En 2015, el CJ estaba presidido por Gustavo Jalkh, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa.

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La presidenta del CJ aclaró que procederán con transparencia y pidió que quien tenga una denuncia o un pedido formal al CJ lo haga directamente a la institución y no solo en las redes sociales. “El Twitter no puede sustituir a una denuncia o un pedido de información que, según la Ley Orgánica de Transparencia, tiene que hacerse llegar a la institución”.

El lunes último, Jéssica Jaramillo entregó un pedido de acto urgente en la Fiscalía de Pichincha, pues manifestó que se presume que existió una manipulación en el sorteo de la acción de protección de Yunda para que recaiga en manos de la jueza Domínguez. Al pedido de acto urgente, Jaramillo incorporó la desmaterialización de un tuit de Domínguez, del 3 de junio pasado, el cual fue notarizado previamente, y solicitan que se haga una verificación in situ de lo que es la sala de sorteos de la Unidad Judicial de Quitumbe.

El mismo día en que se resolvió la remoción del cargo de alcalde de Jorge Yunda, la jueza Domínguez escribió en su cuenta personal de Twitter: ¿Es una distorsión de la democracia que 15 personas puedan cambiar algo que fue decidido por el pueblo en las urnas? Ese hecho, para Jaramillo, debió generar la excusa de Domínguez para conocer la acción de protección de Yunda.

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“Preocupa porque más allá de que ella haya conocido la acción de protección presentada por el removido Jorge Yunda, realmente llama la atención que en este ámbito que es muy sensible, el tema de la violencia intrafamiliar, esté administrando justicia una persona que no ha cumplido el proceso formativo y el de concurso para ser juez. Esto quiere decir que se pone en riesgo una justicia eficaz y se pone en riesgo incluso a las víctimas frente a una persona que a lo mejor no está capacitada para ser juez”, señaló Jaramillo. (I)