Un día después de que el exalcalde de Quito Jorge Yunda habló frente al Tribunal Penal de Pichincha que lo juzgará dentro del proceso por el delito de peculado ocurrido en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19, realizada por la Secretaría de Salud del Municipio de la capital en 2020, él presentó una demanda de recusación contra uno de los integrantes de la Sala, el juez Fabián Fabara, para que se lo separe del conocimiento de la causa.

La acción fue presentada en línea en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha a las 09:10 de este jueves, casi al mismo tiempo que en el piso once del Complejo Judicial Norte se intentaba reinstalar el día número 16 de audiencia de juzgamiento contra catorce personas acusadas por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, en calidades de autor mediato, autores directos y cómplices.

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En la demanda, Jorge Yunda argumentaría que el juez Fabara ha mostrado parcialidad dentro de la audiencia de juicio que se inició hace 16 días. Ante ello, el demandante pide que se acepte la recusación propuesta y se separe del conocimiento de la causa por peculado de Fabara y se disponga que el juez que lo subroga quede en conocimiento del caso en calidad de principal.

Pese a que se analiza el delito de peculado en este proceso penal, la defensa de Yunda advierte en su demanda que es el delito de tráfico de influencias el que el demandado juez Fabara tendría la intención de sentenciar finalmente.

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Marcelo Icaza, parte de la defensa de removido alcalde de Quito, refirió que el juez Fabara dentro del instrumento procesal de aclarar cosas que están en duda ha generado examen y contra examen a los testigos y ha introducido información que los testigos no dan en contra de su cliente. “Esa es la razón de ser de la demanda de recusación. Se debería sortear otro juez y conocer nuevamente desde cero”.

El documento señala en la parte de los anuncios probatorios para la demanda que comparezca el juez Fabara a rendir declaración con respecto a los fundamentos de la demanda, “especialmente acerca de los motivos de su actuar y la justificación jurídica para realizar interrogatorios y desacreditar testigos de la defensa”.

Como parte de la recusación, la defensa de Yunda no solo pide se entreguen copias íntegras de los audios de la audiencia de juzgamiento dentro de la causa por peculado, sino también solicita que se llame a rendir su testimonio a nueve abogados de los procesados en este caso, entre ellos, Felipe Rodríguez, defensa de Juan Vinelli; Nicolás Salas, abogado de Ximena Abarca; María del Mar Gallegos, defensora de Linda Guamán, entre otros.

El miércoles último, la defensa de Yunda arrancó con la presentación de su prueba pericial, testimonial y documental para contradecir la acusación de la Fiscalía.

Quito. 10/20/2021. El exalcalde de Quito Jorge Yunda (c) asistió de forma presencial al décimo quinto día de audiencia de juicio por el delito de peculado ocurrido en la compra de pruebas para detectar COVID-19. API/El Universo. Foto: El Universo

Yunda es acusado como autor mediato; mientras que como autores directos de peculado se acusa a Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S. A. Once personas más fueron acusadas como coautoras: Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud; Daysi H., Jéssica C., Érick A., Marco R., Simón V., Enrique B., Diego S., Iván M., y José M.

Según la Fiscalía, en lugar de las pruebas PCR-Polimerasa, la Secretaría de Salud del Municipio capitalino habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud.

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“Yo he preguntado a los abogados qué es peculado y me han dicho que es el haberme beneficiado yo o haber beneficiado a alguien. Aquí no se ha beneficiado absolutamente a nadie que no sea la población. Yo no me he beneficiado. Si por esas decisiones tengo que enfrentar una privación de libertad de 14 años, sé que mi conciencia estará tranquila porque de no haberlo hecho nunca habría podido dormir en paz con la cantidad de muertes que habrían existido en esta ciudad”.

Durante el testimonio que rindió Yunda, el fiscal Santillán le hizo preguntas como procesado de la causa. Le consultó sobre las conversaciones de chats mantenidas entre el entonces alcalde y varios de los funcionarios procesados sobre la baja sensibilidad de las pruebas adquiridas y sobre la terminación de forma unilateral del contrato con Salumed.

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La Fiscalía en su cuenta de Twitter resaltó que Yunda fue interrogado por el juez Fabián Fabara, quien le habría consultado si Jorge Yunda en calidad de alcalde comunicó al Concejo Metropolitano respecto a la liberación de techos presupuestarios con la que autorizó el incremento de los montos. A decir de la Fiscalía, Yunda habría contestado que “directamente no lo hizo, pues desconoce el funcionamiento de la materia financiera”.

Sobre este tema, Yunda en su testimonio dijo: “No había disponibilidad de insumos, de pruebas y ahí es en donde se me pide liberar los techos del presupuesto, que también me faculta la ley de manera responsable, porque estamos frente a una emergencia y había que adquirir insumos médicos. No preveíamos estas circunstancias y en ninguna ley o presupuesto está determinado para enfrentar una pandemia. Nuestro país no tiene leyes para enfrentar una pandemia, porque nunca ha existido una pandemia”, apuntó.

A otras preguntas del juez Fabara sobre si el Concejo Metropolitano fue informado de las fechas de caducidad de las pruebas, Jorge Yunda, según Fiscalía, habría contestado que los técnicos le explicaron que “no había de qué preocuparse”, pues el tiempo de expiración tenía un rango de meses, sin especificar cuántos.

En su testimonio Jorge Yunda defendió las disposiciones y delegaciones que emitió dentro de la emergencia a las diferentes instituciones municipales, en especial a la Secretaría de Salud. Dijo que era físicamente imposible que el alcalde se ponga a firmar miles de contratos de todo un municipio con un presupuesto de $ 2.000 millones.

“Se delega a los gerentes, a los secretarios, a los equipos técnicos, jurídicos, financieros, de contratación pública que lo hagan y no se delega para comprar pruebas COVID, se delega para comprar insumos médicos para frentear esta pandemia”, refirió el exalcalde, al tiempo que refirió que en esta audiencia lo que se ha tratado de evidenciar es que las pruebas no valían y que él les decía a sus funcionarios que tapen todo, cuando la realidad era que todo lo que se decía sobre el tema era informado al pleno del Concejo Metropolitano y no solo al alcalde.

Al momento la audiencia se encuentra suspendida hasta que los dos jueces que componen la Sala: Wilson Lema y Patlova Guerra, resuelvan la recusación que se ha presentado contra Fabara. Si estos dos jueces deciden dar paso a la demanda interpuesta, lo que debería suceder es que debe llamarse a una audiencia para resolver la recusación. (I)