“Me permito informar que la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, por sus siglas en inglés, con fecha 12 de noviembre de 2021 ha procedido a publicar la Notificación Roja número A-9299/11/2021, en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad contra Jorge Sebastián Yunda Yunda”.

Esa fue la notificación que recibió el pasado 16 de noviembre el juez penal de Pichincha Máximo Ortega de la Interpol ante la solicitud hecha en octubre pasado dentro del proceso por asociación ilícita en el que es investigado el hijo mayor del cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras siete personas más.

Celulares de Jorge Yunda y Sebastián Yunda serán periciados dentro del proceso por asociación ilícita

El músico Sebastián Yunda recibió inicialmente la medida cautelar de presentación periódica, la cual él incumplió y fue revocada por el juez Ortega. En su lugar, se dispuso la prisión preventiva de Yunda y se le sumó el pedido a la Interpol para que lo localice y capture a nivel internacional. Bolivia fue el último lugar en el que habría estado Sebastián Yunda, quien salió de Ecuador en marzo pasado, y ahora con la difusión roja él será buscado en 194 países que son parte de este organismo internacional.

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A inicios de septiembre pasado, la información ubicada en el teléfono celular de Sebastián dio pie a 19 allanamientos en Quito y Guayaquil, donde se detuvo a Christian Hernández, exasesor de Jorge Yunda; Cinthya Puga, en ese momento exjefa de despacho del alcalde Yunda; Adrián Haro, gerente de la empresa pública metropolitana EMSeguridad; Pamela Novoa, Nancy Gaibor y su esposo el empresario chino-ecuatoriano Yinlong Wang.

Una vez que a estas seis personas se les inició una instrucción fiscal por 90 días por el delito de asociación ilícita, días después fue vinculado al caso Sebastián Yunda y su tío César Yunda. Sobre este último, quien fue localizado por última vez en México, pesa una orden de prisión preventiva y una difusión azul de la Interpol.

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Según la Interpol, las notificaciones azules sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación con un delito.

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Con la vinculación a la etapa de instrucción fiscal se le sumaron 30 días más, es decir, en total 120 días tiene la Fiscalía para recoger elementos que den soporte a la teoría de que en este caso todos los procesados son parte de la asociación ilícita que se investiga y que tendría relación, entre otros temas, a la negociación de cámaras de seguridad y al momento de dineros por contratos realizados a partir de irregularidades. (I)